El BOE crea el cuerpo diplomático catalán, un regalo de Illa a ERC que sortea la Carta Magna

A la tercera fue la vencida para la Generalitat catalana. El Boletín Oficial del Estado (BOE) oficializó este martes la creación del «Cuerpo de Acción Exterior e Unión Europea» en dicha comunidad autónoma, un compromiso del PSC de Salvador Illa con ERC que choca con el artículo 149.1 de la Carta Magna.

La puesta en marcha de este cuerpo diplomático catalán a semejanza del español fue una exigencia de los republicanos a Illa en esta legislatura. Durante la etapa de Pere Aragonès, su Govern volvió a saltarse la Constitución española al aprobar un anteproyecto de ley para la creación de este equipo de funcionarios que, una vez aprobado, desplegará en sus 21 delegaciones o ‘embajadas’ en el extranjero.

La anterior consejera catalana de Acción Exterior, Meritxell Serret, indicó hace dos años que con ello se iba a impulsar un «cuerpo de servidores públicos especializados en las relaciones internacionales», por lo que sugirió que habrá oposiciones como las que tienen los aspirantes a diplomáticos en la actualidad.

Este equipo especializado en Relaciones Internacionales «estará presente en los diferentes departamentos del Govern» y desde el equipo de Illa se justifica porque la acción exterior es «transversal» al interlocutar «en los diferentes ámbitos sectoriales y en las diferentes políticas públicas a nivel internacional».

«El cuerpo de acción exterior debe permitir retener el talento que tenemos en el Govern y captar, impulsar una carrera profesional que reconozca estas competencias, ser un polo de atracción y dinamizar la formación y el reconocimiento de profesionales en relaciones internacionales», insistió la entonces consejera catalana, quien huyó en 2017 a Bélgica al igual que Carles Puigdemont y otros miembros del Ejecutivo catalán.

La política de ERC regresó a España en 2021 y fue juzgada por un delito de desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le impuso finalmente un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por su papel en el procès cuando era titular de Agricultura. 

El anteproyecto de ley se ha tramitado en el Parlamento catalán en esta nueva legislatura. «La Administración catalana dispondrá ahora de las herramientas para definir los requisitos profesionales que diferencian al personal encargado de implementar la acción exterior del Govern. De esta forma, se podrá tener en cuenta el valor añadido de la especialización en este ámbito, que requiere perfiles profesionales muy específicos», se avisó en un comunicado.

Este cuerpo de acción exterior y Unión Europea «también permitirá atraer talento especializado en las relaciones internacionales de fuera de la Administración catalana». Un equipo de personas que «hasta ahora no encontraban su encaje laboral en la Generalitat y que ahora tendrán la posibilidad de incorporarse a un grupo mucho más específico, que tendrá en cuenta la experiencia académica y profesional en las relaciones internacionales».

Este ha sido el tercer intento de la Generalitat para poner las bases de una diplomacia catalana y el que ha salido adelante de la mano de Illa. Durante la pasada década, Puigdemont puso en marcha el llamado Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, un ente que fue clausurado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy durante la aplicación del artículo 155 en la comunidad autónoma. En aquel momento se esgrimió la Constitución para cerrar el ente autonómico.

El Tribunal de Cuentas fijó en diciembre de 2022 en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas ‘embajadas catalanas’ y Diplocat. En este sentido, cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al 1-O. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzó los 9,5 millones de euros.