El Gobierno aprueba 229 millones para Primaria y salud mental, pero con condiciones
La mitad de los fondos para Atención Primaria se distribuirán si las regiones cumplen con distintas acciones
Las ministras de Sanidad, Mónica García (i); de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría (c) y Ciencia, Diana Morant (d) durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa. | EFE
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes el reparto de 57 millones para los planes antisuicidio y de salud mental y 172,4 millones de euros para reforzar la Atención Primaria, aunque este último reparto con condiciones. Así, la mitad se reservará para las comunidades que se comprometan a acometer distintas acciones con las que demuestren que quieren «cuidar» este nivel asistencial.
En concreto, las autonomías deberán comprometerse, antes del 31 de diciembre, a publicar nuevas ofertas de empleo público en todas las categorías de Primaria, a priorizar el nombramiento de enfermeras especialistas, a poner en marcha medidas para cubrir los puestos de difícil cobertura y a garantizar la estabilidad de todas las unidades docentes acreditadas.
Sólo así se asegurará que la inversión «tiene un impacto real», ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Sanidad, Mónica García, que ha insistido en que esta partida es un «impulso extra» del Gobierno central que «no sustituye en absoluto» a las competencias que tienen las comunidades en materia de gestión del plan. «La Atención Primaria tiene que dejar de ser el eslabón más débil de toda la cadena de nuestro sistema sanitario. Necesita inversión, pero sobre todo, necesita cuidado, necesita que cuidemos a los profesionales, necesita que la pongamos a la vanguardia del siglo XXI y para eso necesita la voluntad política», ha enfatizado.
Los fondos, que todavía deberán pasar por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se distribuirá entre todas las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) con el objetivo de consolidar el desarrollo del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 (PAPyC 25-27), la hoja de ruta estatal para fortalecer el primer nivel asistencial.
De este modo, una mitad del crédito se repartirá a todas en función de la población protegida, la superficie, la dispersión y la insularidad; la otra seguirá los mismos criterios, pero sólo se distribuirá a las que cumplan estos requisitos. Las que no acrediten documentalmente el cumplimiento «íntegro» de estos compromisos no podrán acceder al tramo condicionado de los presupuestos en 2026, en caso de existir crédito disponible.
57 millones para salud mental
Por su parte, el Gobierno también repartirá a las comunidades autónomas de un total de 17,8 millones para la puesta en marcha del primer Plan de Prevención del Suicidio y de otros 39 millones para el de refuerzo de la salud mental. Ambas dotaciones, que serán gestionadas por las comunidades y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), se financiarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Sanidad para el ejercicio 2025, deberán aún pasar por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
«Estamos hablando del mayor esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno de España en un presupuesto en salud mental», ha resaltado García, que ha recalcado que estos fondos «no sustituyen ni vienen a competir con los que cada una de las comunidades se gasta y se tiene que seguir gastando en salud mental».
Las actuaciones incluidas en el primer plan antisuicidio que se acomete en España incluyen campañas de sensibilización, adecuación de urgencias hospitalarias, atención a colectivos vulnerables y fortalecimiento de equipos de asistencia especializada.
Su presupuesto total asciende a 17.830.000 euros, de los que 12,8 millones estarán destinados a gastos corrientes para el equipamiento y desarrollo de la estrategia y los 5 millones de euros restantes a inversiones, incluyendo la adquisición, mejora o mantenimiento de bienes de capital y activos fijos que generen beneficios a largo plazo, como infraestructuras y equipamiento tecnológico.
Por su parte, el plan de acción de salud mental 2025-2027 consta de ocho líneas estratégicas para fortalecer la salud mental, que van desde un refuerzo de los recursos humanos a la búsqueda de alternativas a la institucionalización y un uso adecuado de psicofármacos y de prescripción cuando esté indicada en todos los niveles asistenciales.