El Gobierno sigue sin plan para Ceuta y Melilla tras un año de declararlas en crisis médica

El Ministerio de Sanidad señala que la determinación de un puesto de difícil cobertura tiene un carácter «excepcional». Además, aboga por aplicar las «medidas de corrección oportunas» para evitar su cronicidad. Estas son, según recoge el texto del acuerdo de la Comisión de RRHH del SNS por el que se determinan los criterios mínimos para identificar este tipo de puestos (marzo 2023), «incentivos económicos y no económicos para la atracción y retención de los profesionales sanitarios en dichos puestos».

Pues bien, el próximo mes de febrero se cumplirá un año desde que el Ingesa declarase a Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura médica. El BOE recogió la entrada en vigor de esta situación el 21 de febrero de 2023 y, hasta la fecha, a menos de un mes para que se cumpla el año, ni rastro de incentivos para impulsar la contratación de nuevos profesionales. Todo lo contrario, la situación, según fuentes sindicales, «está al borde del colapso».

Ceuta y Melilla son las dos únicas regiones cuya sanidad gestiona el Estado. La Unión Europea, incluso, ha calificado los sistemas sanitarios de estas ciudades autónomas «como los peores de todo el Estado» y el Parlamento Europeo dio luz verde a la petición de la Organización Médica Colegial (COM) para intervenir en la situación sanitaria de ambas regiones.

Otras regiones con zonas de difícil cobertura, como la Comunidad Valenciana o Baleares incentivan a sus profesionales sanitarios con cuantiosas retribuciones económicas. Por ejemplo, los médicos que ocupen una plaza de difícil cobertura en la Comunitat recibirán hasta 10.000 euros al año de incentivo; y los profesionales sanitarios de estas áreas en Menorca, Ibiza y Formentera hasta 20.000, incrementándose esta cuantía el año pasado hasta en un 300%.

Pérdida de profesionales

Sin embargo, en Ceuta y Melilla, con una población censada de 93.517 habitantes en Ceuta y 86.261 en Melilla, esta situación es una mera quimera. El ratio de médicos por habitante es el más bajo de toda España: Melilla (3,93 médicos por cada 1.000 habitantes) y Ceuta (4,26), según el INE. El personal médico en centros hospitalarios en ambas ciudades autónomas era en 2022, última cifra publicada, de 271 profesionales, el mismo número que en 2021. Igual pasa en Atención Primaria, con 142 médicos.

Sin embargo, a lo largo de 2023, varias unidades médicas han ido perdiendo profesionales, como traumatología, digestivo, dermatología, neurología o otorrinolaringología, estas tres últimas con agendas «cerradas» desde hace meses. Del Hospital Universitario de Ceuta, según sindicatos, se han ido «un cardiólogo, un ginecólogo, un traumatólogo, un digestivo, un endocrino, un dermatólogo, un cirujano, varios especialistas de Urgencias y un intensivista». En Melilla, se han quedado sin dermatólogo y cuentan con un solo otorrino. Y en Atención Primaria cuentan con solo un pediatra para 15.021 niños.

Por otro lado, según la memoria del Ingesa 2022, la Atención Especializada cuenta en Ceuta y Melilla con un hospital en cada ciudad, la primera cuenta con 186 camas y seis quirófanos, y Melilla con 171 camas y cuatro quirófanos. Sin embargo, ante la falta de personal y una huelga que ya es el conflicto sanitario más duradero de España (el 9 marzo alcanza también el año), Ceuta ha cifrado en «más de 400 intervenciones quirúrgicas» y «más de 14.500 consultas» las que ha conseguido suspender durante los diez meses que ya dura la huelga.

Melilla pide una encomienda de gestión

Toda esta situación ha llevado al Gobierno de Melilla, capitaneado por el popular Juan José Imbroda, a pedir al Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, una encomienda de gestión de Sanidad. De esta forma, la asistencia sanitaria la gestionaría el Gobierno autonómico sin necesidad de transferir competencias, cuya titularidad seguiría en manos del Estado.

«Cada vez se van perdiendo más médicos y tenemos una plantilla absolutamente envejecida a las puertas de la jubilación. Hay muchos médicos que deberían estar ya jubilados y, sin embargo, en un ejercicio de responsabilidad individual, se mantiene en activo», relata a THE OBJECTIVE Sofía Acedo, diputada nacional por Melilla, que explica que la solicitud de esta encomienda de gestión es necesaria ya que «la gestión de la asistencia sanitaria en Melilla se ha convertido en una urgencia permanente».

«La administración autonómica, a través del instrumento jurídico de la encomienda de gestión, administraría la ejecución de esa competencia, todo lo que ahora viene haciendo la Dirección Provincial del Ingesa desde Madrid, con una lejanía absoluta de la realidad que está sucediendo en Melilla», señala Acedo, quien en su opinión el Gobierno de Pedro Sánchez es el «único responsable» de la «situación agónica» en la que se encuentra la sanidad en Melilla. Aunque la política recalca que desde el Gobierno de Imbroda «no se pretende ir contra nadie, sino a favor de los melillenses».