El comité bioético de Cataluña es el único que se abre a regularizar la gestación subrogada

El Comité de Bioética de Cataluña publicó en mayo un informe favorable a regularizar la gestación subrogada bajo supervisión pública y con carácter «altruista». La publicación de este documento coincidió en un momento en el que Gobierno de Pedro Sánchez endureció la normativa en contra de esta práctica y con un Gobierno catalán manifiestamente en contra de ello desde la llegada de Salvador Illa al Palacio de la Generalidad. Este informe del comité fue a propuesta del anterior Govern de ERC, que lideraba Pere Aragonès, y cuya aproximación a esta técnica de gestación subrogada era más favorable.

La posición de este Comité de Bioética catalán, sin embargo, contrasta con los pronunciamientos que han ido adoptando distintas instituciones. En primer lugar, por parte del Comité de Bioética de España, que en su informe de 2017 que sigue en vigor se posiciona a favor de su total prohibición al considerar que, ya sea de forma lucrativa o altruista, entraña una «explotación» de la mujer y un daño a los derechos del menor.

Esta visión es la misma que mantuvo el Tribunal Supremo en diciembre de 2024, cuando rechazó reconocer una sentencia de Estados Unidos de paternidad sobre niños nacidos mediante gestación subrogada. El tribunal sostuvo que esta práctica atenta contra el orden público español y mercantiliza tanto a la mujer como al niño. No era la primera vez que este tribunal dictaba un fallo en esta dirección.

Regularizar versus prohibir

Bajo esta jurisprudencia del Supremo, el Gobierno ha endurecido las medidas en contra de la gestación subrogada con la suspensión de las nuevas inscripciones de hijos nacidos por subrogación en el extranjero y solo permite el reconocimiento legal mediante filiación biológica o adopción. Es una medida que también han tomado otros gobiernos de la Unión Europea recientemente, como el de Giorgia Meloni en Italia.

Mientras en España, Francia, Alemania e Italia, está explícitamente prohibida, y los contratos relacionados se consideran nulos, otros países como Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca y la República Checa no tienen una legislación clara que la prohíba. Y solo en dos países de la UE, como Grecia y Portugal, cuenta con una regularización explícita, además del Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión.

Por lo que respecta al resto de comités bioéticos regionales, o bien mantienen su oposición o directamente no han abordado la cuestión. En sentido opuesto, el Comité de Bioética catalán, en su informe Gestación subrogada: reflexiones y propuestas para una posible regulación, sostiene que la gestación subrogada ya es una práctica que se da en la sociedad desde hace años y que se estima que en los próximos tiempos irá creciendo como consecuencia de los cambios sociales y del retraso de la maternidad.

En consecuencia, añaden, sería conveniente regularla para que se practique «dentro de un marco de control y supervisión pública», sea respetuosa con los derechos de todas las partes implicadas, «en especial los del recién nacido y la mujer gestante» y evite así «la mercantilización».

Competencia nacional

Al tratarse de una competencia nacional, el Comité propugna que este tipo de regulación se implante en toda España para no incurrir en una dinámica de «seguir exportando una demanda social real, basada en el deseo legítimo de tener descendencia, con los riesgos de discriminación elitista, explotación de mujeres vulnerables, mercantilización y baja calidad del tratamiento».

El informe ha contado con el voto particular en contra del doctor José Viñas que subraya que estas prácticas usan a la mujer gestante como un «medio» y son contrarias a la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de representar «un retroceso en los derechos adquiridos de las mujeres contra el machismo y en la igualdad».

Cataluña y País Vasco

A nivel político, hay partidos que la han defendido. Ciudadanos es el ejemplo más claro de partido que tuvo una iniciativa para regularizarla de forma garantista y altruista, que fue apoyada por el PNV y ERC.

Una encuesta sociopolítica del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2023, de la Generalidad de Cataluña, reflejaba que el 63% de los catalanes estaba a favor de algún tipo de gestación subrogada. Y los votantes de Ciudadanos y ERC eran quienes más a favor estaban.

Por su parte, en el País Vasco el PNV tampoco se ha posicionado explícitamente en contra. En 2019 se mostró dispuesto a estudiar propuestas de regulación, aunque no ha abordado internamente del debate. Con todo, el consenso mayoritario entre los partidos políticos es contrario a la legalización.