Feijóo, sobre la amnistía: «Es una vergüenza para un demócrata y una transacción corrupta»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este jueves de una «vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un Tribunal Constitucional dividido» la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía. En una rueda de prensa en Bruselas, después de reunirse con los miembros del Partido Popular Europeo, ha recordado que la amnistía es una «transacción corrupta» porque «el que transacciona la ley de amnistía entre el PSOE y Junts es una persona presuntamente corrupta, el señor Santos Cerdán, siguiendo las instrucciones presuntamente corruptas del presidente del Gobierno».

Feijóo ha afirmado que esta sentencia «atenta contra cualquier principio básico del Derecho europeo» y se ha dictado «antes de que se escuche al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha sido activado por el Tribunal Supremo, advirtiendo que no se pueden amnistiar determinados delitos».

El líder popular ha insistido en que «la autoamnistía ha sido la moneda de cambio que ha entregado el señor Sánchez para ser presidente del Gobierno después de haber perdido las elecciones generales», tras lo que ha añadido que la sentencia ha sido dictada por un «Tribunal Constitucional dividido, y lo digo desde el respeto institucional».

Feijóo reiteró que «con esta ley se compró la investidura y se transaccionó impunidad a cambio de poder» y acusó al PSOE de «corrupción política, económica, moral y familiar». A su juicio, «la amnistía es ilegal, inmoral y un obús contra la separación de poderes», recordando que «los constituyentes decidieron no incluirla en la Constitución» y celebró que «los servicios
jurídicos de la Comisión Europea ya la han denominado autoamnistía», porque «votan los mismos que se benefician de lo que han
votado».

El líder popular ha anunciado que Anuncia que el PP pedirá a la Comisión Europea que active todas las alarmas contra la tramitación de la denominada ley Bolaños por atentar contra el Estado de derecho y ha señalado que «el Gobierno no puede plantear reformas legales para atacar a la Justicia que investiga la corrupción ni puede otorgar más poder a un fiscal genera del Estado investigado por el Tribunal Supremo».

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