Cerdán frenó los informes de la covid cuando presidió la comisión del Tribunal de Cuentas

El ex secretario de Organización del PSOE y hombre fuerte del entorno de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, estuvo al mando de la comisión mixta del Congreso y el Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en los momentos más delicados de la pasada legislatura. Uno de ellos fue la compra de material para hacer frente a la covid, cuando las administraciones públicas se gastaron centenares de millones de euros para sus adquisiciones. Posteriormente, el Tribunal de Cuentas analizó esos contratos, pero no encontró irregularidades destacables. Sin embargo, la Guardia Civil investiga ahora una presunta trama de corrupción en la que una derivada tiene que ver con los contratos de la covid. El papel desempeñado por Cerdán fue clave para «descafeinar» la fiscalización, afirman fuentes conocedoras de aquella operación.

La compra de material para el covid dio la pista para la investigación de una presunta trama corrupta que salpica a miembros del núcleo duro del presidente Sánchez. La Fiscalía Anticorrupción empezó analizando esas adquisiciones, y de allí arrancó una macroinvestigación que aborda presuntos amaños en obras públicas, mordidas y hasta una red para importar petróleo venezolano, además de los contratos de la covid. Pero antes de que la Guardia Civil investigara dicha trama, el Tribunal de Cuentas obvió posibles irregularidades graves.

En abril del año pasado, dos meses después de las primeras detenciones del llamado caso Koldo (mano derecha de José Luis Ábalos), la presidente del organismo, Enriqueta Chicano, sostuvo que los contratos de la pandemia «se ajustaron a la ley». Hubo «deficiencias e irregularidades», pero «con carácter general el uso de la tramitación de emergencia y los contratos examinados fueron ajustados a derecho», afirmó. Pero las fuentes consultadas apuntan, además de la gestión de Chicano, a las maniobras de Santos Cerdán a la hora de frenar y condicionar la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Primarias y contratos

Sánchez puso a Cerdán al mando de la comisión mixta encargada de las relaciones con el Tribunal de Cuentas nada más arrancar la pasada legislatura. Después de la moción de censura a Mariano Rajoy, la comisión estuvo sustancialmente parada durante meses, a la espera de que se votara en 2019 y se conformara la coalición con Podemos. Ese parón permitió cambiar el organigrama interno del Tribunal de Cuentas e impedir, entre otras cosas, que se analizara la campaña de las primarias socialistas de 2017, tal y como pedía el anterior presidente del organismo fiscalizador y desveló este periódico.

Después llegó la pandemia. Y en ese momento Cerdán ya ejercía de presidente de la comisión mixta. Se trata de un cargo relevante, porque tiene el poder de fijar la agenda de la comisión, lo que significa acelerar o frenar algunas investigaciones. Así ocurrió, por ejemplo, con el informe de fiscalización de las conocidas como embajadas de la Generalitat, asunto que se congeló durante años, hasta la aprobación definitiva en 2024, y eso porque con la nueva legislatura los senadores del PP y Vox empezaron a reclamarlo. «Cerdán lo atrasó unos cuatro años», afirman fuentes conocedoras de los pormenores de esa investigación.

Las fuentes consultadas aseguran que en ese «retraso» jugó un papel determinante Cerdán, cuya influencia pudo condicionar al Tribunal de Cuentas. Aunque el ejemplo más sangrante es el de la fiscalización de los contratos de la covid, según las fuentes consultadas. Sobre aquellas adquisiciones de 2020, el Tribunal de Cuentas no ejerció ningún papel determinante a la hora de fiscalizar los contratos. Y eso se debió a la labor de Cerdán en dicha comisión.

«Agrupaban informes»

Los informes del Tribunal de Cuentas evitaron analizar a fondo los precios de las adquisiciones y los contratistas. «Había un chino del que no se sabía nada», y que no investigó el Tribunal, reprochan las fuentes consultadas. Hubo, además, borradores que apuntaban a falta de información sobre centenares de millones de euros que se borraron del documento final.

Las fuentes consultadas sostienen que se hizo un análisis «generalista» y «muy parcial» que impidió detectar antes de tiempo cuestiones polémicas como aquellas que han llevado al banquillo del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos y el propio Cerdán. Describen así el modus operandi de Cerdán para «torpedear» la fiscalización: «agrupaban informes y los presentaban todos juntos, para que no diera tiempo a debatirlos en la comisión mixta. Los vaciaron».

En el caso concreto del informe sobre la covid, uno de los objetivos fue «dilatar» la presentación, aprobación y publicación del documento. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el pleno de la comisión mixta se celebró en febrero de 2022. La presentación en comisión mixta fue en marzo de 2023, y la aprobación definitiva lleva la fecha de abril de 2024, aunque según las fuentes consultadas se dio a conocer en agosto, «para que nadie reparara».

Esa operación permitió evitar fiscalizar a fondo la gestión del ministerio de Sanidad durante la etapa de Salvador Illa. Y aclarar si, por ejemplo, todo el dinero gastado bajo su autoridad estaba debidamente «justificado». Según las fuentes consultadas, había indicios de que no era así, pero el asunto quedó sustancialmente en el aire, maquillado por las gestiones de Cerdán y la dirección del tribunal. Algo parecido ocurrió con los contratos de ministerios como el de Transportes.

Todo el asunto que ahora se conoce como caso Koldo, o directamente caso Ábalos o caso PSOE, nació tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de la covid. Algunos medios de comunicaciones descubrieron contratos extraños, sin justificar, con proveedores desconocidos y cuyo material podía resultar defectuoso. Después, la investigación de la Guardia Civil apuntó a la existencia de una presunta trama.

Defensa de Ábalos

La importancia del papel del Tribunal de Cuentas se puede determinar también de los argumentos de la defensa de Ábalos, que esgrime que el organismo fiscalizador no encontró nada sospechoso para defenderse de las acusaciones de corrupción. O del propio Sánchez, que reitera que el Tribunal tampoco detectó nada irregular en su campaña de las primarias del 2017, obviando que simplemente el organismo evitó pedirle información sobre la identidad de los donantes -que le entregaron 100.000 euros en menos de tres meses- tal y como había exigido el expresidente del Tribunal de Cuentas.

En marzo de 2024, cuando empezaron las primeras detenciones, se supo que la UCO había interceptado al hermano de Koldo García en una reunión con Ábalos en la que le llevaba justamente un sobre con un informe del Tribunal de Cuentas sobre los años de su gestión en Transportes. El informe era de 2022, y debía servir a Ábalos para exculparse de cualquier tipo de acusación. Se trataba, en concreto, de un informe que hacía referencia a la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, que fue algo parecido al embrión de la investigación policial y judicial, y del que el Tribunal de Cuentas había excluido irregularidades.

Después, Ábalos denunció a la UCO por «interceptar una correspondencia privada» siendo aforado, aunque la unidad de la Guardia Civil recordó que el contenido del sobre era un documento público. Los agentes anotaron el encuentro cuando las interceptaciones telefónicas y los mensajes incautados a los miembros de la presunta trama ya apuntaban a que los afectados sabían que existían una investigación en marcha de la UCO. El juez del Tribunal Supremo ordenó el pasado lunes prisión sin fianza para Cerdán, a quien Sánchez aupó hasta la presidencia de la comisión que debía encargarse de instar al Tribunal de Cuentas a fiscalizar los contratos públicos.