Junts cerca a Marlaska y sospecha que la trama corrupta pagó una nueva 'policía patriótica'
Los de Puigdemont registran una batería de preguntas para que el ministro del Interior dé explicaciones
Fernando Grande-Marlaska y José Luís Ábalos en una imagen de archivo. | Europa Press
Junts per Catalunya ha registrado una batería de preguntas para que el Ministerio del Interior, que lidera Fernando Grande-Marlaska, aclare el papel que jugó la Guardia Civil en «operaciones encubiertas» que se habrían financiado con el «fraude de los hidrocarburos». En el partido de Carles Puigdemont cada vez son más las voces que niegan que la investigación que salpica al PSOE puede enmarcarse en un «caso de lawfare» (persecución judicial con fines políticos) y crecen las sospechas de que Marlaska podría haber permitido una suerte de nueva policía patriótica para la «guerra sucia» contra el independentismo. Incluso mientras negociaban en Suiza con Carles Puigdemont.
El diputado de Junts Josep Pagés ha registrado una serie de preguntas sobre el «fraude de los hidrocarburos» y la desviación que este dinero podría haber tenido para «financiar operaciones encubiertas, irregulares o clandestinas contra el movimiento por la independencia de Cataluña, sus líderes, representantes, activistas sociales, etc.».
En Junts están convencidos de que más allá de la parte más llamativa o sensacionalista, como el caso de las prostitutas enchufadas en empresas públicas, el tema de los hidrocarburos constituye la causa matriz de todas estos casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno.
«Fraude de los hidrocarburos»
Por esta razón, piden explicaciones al ministro Marlaska. Consideran que, de ser ciertas las informaciones publicadas, una parte de la cantidad de dinero del IVA presuntamente defraudado, que se estima en 231,7 millones de euros, podría haber ido para pagar softwares como Pegasus con el fin de espiar a los independentistas.
En las preguntas, registradas en el Congreso este miércoles 9 de julio, instan al titular de Interior a confirmar «la existencia y veracidad del contenido de las informaciones de la Guardia Civil», que se reflejaron en el informe de la UCO, respecto a que el comisionista Víctor de Aldama fue condecorado por el Instituto Armado o que ayudó a liquidar una deuda de Air Europa con el Gobierno venezolano.
«¿Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dependientes del Ministerio del Interior, han utilizado directa o indirectamente (por la vía del Sr. de Aldama) fondos irregulares, fondos procedentes del ‘fraude de los hidrocarburos’ para financiar operaciones encubiertas, irregulares o clandestinas?», se preguntan. La siguiente y última pregunta también hace referencia a si se usaron fondos «procedentes de Venezuela» para operaciones contra el movimiento independentista.
Más allá de los fondos reservados
En paralelo a esta batería de preguntas, fuentes de Junts consultadas por THE OBJECTIVE sospechan que solo «los fondos reservados» de los que dispone el Gobierno puedan ser suficientes para pagar el supuesto espionaje con Pegasus. Según los informes de la UCO toda esta trama empezó a operar en 2021, cuando saltó el llamado caso Pegasus.
En Junts afirman que los fondos reservados alcanzan alrededor de los 30 millones de euros, según la partida presupuestaria. Y consideran que puede haber dinero de la trama corrupta que haya servido para sufragar «actividades ilegales» contra los independentistas.
El ministro más reprobado
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y Fernando Grande-Marlaska son los ministros más reprobados del actual Gobierno de España, cada uno con tres reprobaciones entre el Congreso y el Senado.
En el caso del titular de Interior, Sánchez mantiene su confianza intacta desde 2018. Marlaska es uno de los cuatro ministros que siguen en el Ejecutivo desde el primer día. Nunca otro ministro del Interior había estado de forma ininterrumpida en el cargo durante tanto tiempo como él.
Esta confianza de Sánchez contrasta con la opinión que tienen sobre él desde EH Bildu a Junts. Los neoconvergentes han pedido de en más de una ocasión su dimisión en sus negociaciones con el Ejecutivo. Ahora confían en que si las investigaciones de la UCO van a más, y el ministro no da las explicaciones suficientes, el presidente del Gobierno le retire su confianza.