La 'Operación Cataluña' se desinfla en Andorra: condenan al directivo que dio alas al «lawfare»

El exconsejero delegado de la extinta Banca Privada de Andorra, Joan Pau Miquel, ha sido condenado en la primera gran sentencia sobre el caso BPA que se ha dictado en Andorra. El Tribunal de Cortes le ha impuesto una condena por blanqueo de capitales de siete años de cárcel, 30 millones de euros de multa y una década de inhabilitación. Se da la circunstancia que Miquel fue uno de los ponentes que participó en la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña en el Congreso. En esta asumió las tesis del independentismo al afirmar que él era una víctima de una «trama político-policial» del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con el independentismo y el «histórico banco» andorrano.

Joan Pau Miquel estuvo dos años en prisión preventiva y ahora ha recibido la pena más alta entre los 18 cargos condenados. Su paso por el Congreso de los Diputados se produjo una vez que ya había agotado el plazo legal de prisión provisional y antes de que la justicia dictara su sentencia condenatoria. En su intervención, habló de la existencia de una «trama político-policial» que «actuó en España y fuera por espurios motivos políticos y se llevaron por delante un banco histórico», en referencia a la Banca Privada de Andorra (BPA).

Contra la policía española

Quien fuera consejero delegado del BPA no tuvo reparos en acusar a la policía española de haber iniciado una guerra sucia contra el independentismo cuyos daños colaterales se habían expandido en Andorra con la investigación judicial contra el banco: «Somos víctimas de un ataque contra nuestros derechos y honorabilidad que se gestó muy cerca de esta Cámara a manos de unos policías que lo harían todo por España dirigidos por unos políticos sin moral».

Y abonó las tesis del lawfare: «Hubo lawfare contra el BPA. Lo que hace 10 años nos pasó a nosotros, mañana os puede pasar a ustedes». «Hemos sido víctimas por no ceder al chantaje de funcionarios del Estado con fines políticos contra el nacionalismo catalán» y expresó su deseo de que la comisión parlamentaria «contribuya a reparar el daño».

Rufián defendió su inocencia

Los grupos independentistas tuvieron mucho interés en su comparecencia en la Operación Cataluña. El impulso de dicha comisión se dio tras el pacto de Junts y ERC con los socialistas como paso previo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. El portavoz de ERC en el Congreso fue uno de los que más defendió al directivo andorrano y afirmó que fue «el PP quien le metió en la cárcel».

En su intervención aseguró que había «estado 22 meses en la cárcel literalmente por la cara» y reprochó al PP su actitud: «Y me han sorprendido las risas del PP. Usted no facilitó la información y se lo llevaron pa’lante», prosiguió Rufián como si Pau Miquel fuera una víctima del Estado.

Las cuentas de la familia Pujol

En la misma línea, el diputado de Junts, Josep Pagès, mostró mucho interés en que el exdirectivo del BPA desacreditara la información sobre las cuentas en Andorra de la familia Pujol. Le definió como una «víctima de la Operación Cataluña» y le pidió que confirmara que los fondos offshore de los hijos de Jordi Pujol se regularizaron «antes del reconocimiento famoso» de Pujol de su dinero evadido y si «había o no blanqueo de capitales en el caso de este dinero».

Pau Miquel sostuvo que «el dinero de las cuentas de miembros de la familia Pujol fue regularizado con Hacienda antes de la intervención» del BPA y que «pagaron fiscalmente en España y esa regularización fue aceptada». A su entender, el origen del dinero «era lícito» y, por esta razón, mantenían «las cuentas abiertas».

Condena en Andorra

El Tribunal de Cortes en Andorra, de primera instancia, ha considerado a Joan Pau Miquel como el principal responsable de los hechos. Miquel fue CEO del BPA desde 2007 hasta su detención en 2015. Durante todos estos años gestionó la parte internacional de la entidad financiera.

La sentencia también condena a otros directivos, como Santiago de Rosselló, ex responsable de cumplimiento normativo, con seis años de cárcel y 12 millones de multa; Isabel Camino, Amaya de Santiago y Sergi Fernández, con penas de cinco años y sanciones económicas similares. Se trata del llamado caso Emperador en el que se les acusa de blanquear unos 70 millones de euros procedentes del grupo Gao Ping.

Esta resolución no afecta a los antiguos propietarios del BPA porque no tenían funciones ejecutivas. Como informó THE OBJECTIVE, el antiguo dueño Higini Cierco, que admitió haber pagado 300.000 euros a una periodista de las cloacas del PSOE, ha pedido una amnistía como la que se ha concedido en España a los dirigentes independentistas para no verse afectado por el medio centenar de causas pendientes del caso BPA.

La banca desaparecida fue intervenida por el Ejecutivo andorrano a instancias del Tesoro de Estados Unidos por un supuesto delito de blanqueo de dinero internacional. Sus propietarios y directivos siempre han considerado que se trataba de una persecución injusta y vinculada a la lucha contra el independentismo catalán. Los propios independentistas alentaron esta tesis con la producción del documental La Estafa de Andorra, emitido en Prime Video, donde se narra la versión de que «el banco privado en Andorra fue asesinado por los Gobiernos español, norteamericano y andorrano en sus esfuerzos por destruir el movimiento independentista catalán».

La «policía patriótica»

La llamada Operación Cataluña fue una operación sobre la supuesta guerra sucia del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con el procés independentista. En esta extensa trama se mezclan desde las investigaciones por corrupción a la familia Pujol al caso de Banca Privada de Andorra y el uso de la llamada «policía patriótica» que actuó sin control judicial a instancias del Ministerio del Interior que presidía Jorge Fernández Díaz.

De todo el entramado, hasta la fecha solo ha habido una sentencia condenatoria. El Tribunal Supremo condenó a un año de cárcel a Eugenio Pino, comisario de la Policía Nacional y Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), por delito de revelación de secretos de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del que fuera presidente de la Generalitat. El fallo dictaminó que los datos reservados fueron sustraídos sin autorización judicial de un pendrive informático por autores desconocidos.