Andorra desenmascara la 'Operación Cataluña': la BPA lavó dinero de Zaplana y de PDVSA

La primera gran sentencia en Andorra contra los principales directivos de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA) tiene un efecto directo en la comisión de investigación en el Congreso sobre la Operación Cataluña. Con la creación de esta comisión parlamentaria, tanto el PSOE como sus socios parlamentarios dieron por buenas las teorías de una trama policial organizada por el Gobierno de Mariano Rajoy para obtener información sobre cuentas bancarias de los líderes independentistas en este país. Toda la teoría de los independentistas, de la que han hecho incluso un documental en Amazon Prime Video (La Estafa de Andorra), atribuye el cierre de la entidad a una persecución de España y Estados Unidos en el marco de su guerra contra el independentismo. Y no por su papel en el lavado de dinero internacional, como ha acreditado la Justicia andorrana.

Esta teoría de «lawfare» contra la BPA por sus vínculos con el independentismo, asumida por el PSOE, no es sólida y hay aspectos que en el Congreso se obviaron deliberadamente para no debilitarla. Como en toda teoría, hay una parte de verdad, como que la policía se interesó por buscar cuentas offshore de los independentistas en pleno procés independentista. Pero toda la investigación judicial en Andorra apunta a que el cierre se debió a las actividades ilícitas del banco. Aunque esta parte interese menos a los independentistas, como se observó en el Congreso.

En la intervención en dicha comisión parlamentaria de Joan Pau Miquel, ex consejero delegado de BPA que acaba de ser condenado a siete años de cárcel por blanqueo de dinero, llegó a decir que no había ninguna condena por soborno ni blanqueo de dinero a través del BPA. A nadie le interesó llevarle la contraria. Tampoco al Partido Popular. Y es que el expresidente de la Generalidad Valenciana, Eduardo Zaplana, fue condenado en octubre de 2024 por la Audiencia Provincial de Valencia por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. En la resolución se da por probado que entró dinero en el BPA, por una cifra que alcanza los 9.873.520 euros, entre el 17 de febrero de 2004 y el 9 de marzo de 2007. Cobró «comisiones por la adjudicación de estaciones de ITV y creó o se aprovechó de un entramado societario tanto en España como en países extranjeros [Luxemburgo, Panamá y Andorra] para canalizar los fondos y adquirir bienes», como se puede leer en la sentencia. Zaplana, no obstante, manifestó su «decepción» con la resolución por considerar que la condena se debía a «unas pruebas basadas en pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva» y ha recurrido la sentencia.

A ERC, Junts y PSOE les interesa mantener que la llamada «policía patriótica» que habría actuado bajo las órdenes del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante el Gobierno del PP, era la responsable de la caída del banco, y no los casos de lavado de dinero internacional que afectaron incluso a uno de los prohombres del PP, como era Zaplana. Como en todo, algunas teorías conspirativas beben de una parte real: por mucho que la policía pidiera a los responsables de la BPA información sobre la familia Pujol y los independentistas, la caída de la entidad financiera no se debe a ello.

El papel del FinCen de EEUU

Para abonar esta teoría de lawfare, el independentismo y propietarios del banco como los hermanos Cierco afirmaron que fue el Gobierno de Rajoy el que facilitó información al FinCen –un organismo de Estados Unidos contra la financiación del terrorismo–para que actuara contra este banco por sus vínculos con la familia Pujol y dirigentes independentistas. Y que posteriormente el FinCen retiró la nota contra la entidad.

Pero el FinCen retiró la nota contra la entidad porque ya estaba siendo intervenida por el Gobierno andorrano. En su nota, Washington especificaba que se retiró porque avalaba todo lo que hacía el Gobierno andorrano con el BPA. Como informó Digital Andorra, si Estados Unidos no hubiera retirado la nota, que era el primer paso para un proceso de sanción, habrían bloqueado el traspaso que se estaba estudiando hacer de los fondos ‘no contaminados’ de BPA a una entidad puente.

BPA en Venezuela

BPA buscó legítimamente crecer en Sudamérica. Un país de tan solo 75.000 habitantes como es Andorra representa un escaso negocio en un sector, el financiero, copado por distintas entidades. BPA tenía sobre todo clientes españoles, pero quiso expandirse en México y Venezuela. En el caso de Venezuela, aceptó los fondos de distintos cargos del régimen de Nicolás Maduro que presuntamente habían sido desviados del saqueo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El entonces ministro venezolano de Energía y Minas, Rafael Ramírez, habría creado un esquema en el que supuestamente ponía sus familiares al frente para desviar millones. Según investiga la justicia andorrana, BPA ostentaba cuentas de sociedades instrumentales a nombre del primo de Ramírez, Diego Salazar, del exviceministro Nervis Villalobos y de la embajadora en China, Rocío del Valle. Esta última se dedicó a captar empresas chinas para llevar a cabo grandes obras públicas en Venezuela.

Hay unos 35 implicados por el desfalco de 2.000 millones de euros que, como Salazar, están en la cárcel a la espera de juicio. Y el Gobierno de Venezuela se ha personado en la causa que se instruye en Andorra. Según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, hay una división interna en el régimen chavista, y los principales implicados serían del bando contrario a Maduro.