El PNV montó una cita con Aldama en Ajuria Enea para vender un depósito fiscal a Villafuel

Marzo de 2023. Villafuel SL llevaba seis meses ejerciendo como operadora de hidrocarburos. En septiembre de 2022, y tras las gestiones realizadas por el administrador Pedro Marín con el ministerio de Transición Energética, la petrolera había obtenido la licencia para operar en el mercado del petróleo y pretendía abrir horizontes comerciales. La empresa estaba en plena expansión en el mercado del fuel y buscaba vender la mayor cantidad de petróleo a través de una red de comercializadoras. En este contexto se produjo la reunión que relatan fuentes presenciales a THE OBJECTIVE en la sede del Gobierno vasco en Ajuria Enea.

En la primavera de 2023, el empresario Víctor de Aldama acudió en calidad de intermediario con el administrador de Villafuel, Pedro Marín, a un encuentro a la sede del Gobierno vasco. «Nos la montó el PNV», revelan las fuentes consultadas a este periódico. Y el objetivo era vender a la operadora de petróleo un depósito fiscal en el puerto de Bilbao en condiciones ventajosas. El PNV tenía interés en que Villafuel se hiciera con ello. Y por eso un alto cargo del Gobierno vasco organizó el encuentro en la sede del Gobierno autonómico en Vitoria. El alto cargo respondía al nombre de Koldo, pero no se trata de la persona que bautizó el caso judicial que investiga la existencia de una organización criminal que penetró en el PSOE y el Gobierno.

El alto cargo que organizó este encuentro es Koldo Atxutegui Ajuria, que en aquel momento ocupaba el puesto de director de Atracción de la Diputación de Bizkaia. Un cargo responsable de la captación de inversión extranjera al territorio y la obtención de fondos europeos. El ‘otro’ Koldo llevaba veinte años trabajando para la administración vasca -desde 2003- como responsable comercial del gobierno vasco en su delegación en Chile, posteriormente como asesor para asuntos Exteriores y responsable de las delegaciones en América Latina, y desde 2015 en la Diputación Foral de Vizcaya como Director de Asuntos Exteriores, y desde agosto de 2019 como director de Atracción de la Diputación Foral.

Reunión en Ajuria Enea

Actualmente y desde julio de 2023 es el responsable de innovación de Massif Energy, filial del Grupo Ormazábal, con sede en Vizcaya. Pero cuatro meses antes de abandonar la Diputación, fue Koldo Atxutegui Ajuria quien organizó una reunión con Pedro Marín y Victor de Aldama en Ajuria Enea, el palacio ubicado en Vitoria donde está la sede del Ejecutivo regional. Según las fuentes presenciales consultadas, «el PNV quería sacar a la venta un depósito fiscal en aquel momento y lo iba a dejar a muy buen precio, era una oportunidad». Un depósito fiscal es una instalación para el almacenamiento de hidrocarburos donde se suspenden los impuestos especiales y el IVA hasta que los productos son comercializados.

En aquel marzo de 2023, José Luis Ábalos llevaba año y medio fuera del Gobierno y tenía el cargo de presidente de la Comisión de Interior del Congreso. Aldama se había reorientado como comisionista en varios negocios, entre ellos el de intermediario en el mercado del petróleo. El propietario de la mercantil en la sombra era Claudio Rivas, un viejo conocido -por fraude- en el sector de los hidrocarburos. Y por ello, Rivas envió a Pedro Marín, en calidad de administrador único de la compañía. Las citadas fuentes presenciales relatan a este periódico que uno de los representantes del gobierno vasco preguntó en el encuentro: «¿Claudio Rivas tiene algo que ver en esto?». Y lo dejaron claro desde el principio: «No queremos nada que tenga que ver con Claudio Rivas». Un comentario que generó incomodidad en el que era su hombre de confianza, Pedro Marín.

Condiciones ventajosas para Hafesa

Según declaró ante el Tribunal Supremo el pasado 8 de julio, Marín conoció a Aldama ese mismo día para «una reunión para unos depósitos fiscales en Bilbao». Una operación que, sin embargo, no se llegó a llevar a cabo pese a que las conversaciones continuaron durante unos meses. Así consta en los correos electrónicos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE con fecha del 16 de mayo de 2023. Tras un primer email en el que los representantes de Villafuel enviaron un documento en PDF con el «proyecto Bilbao», Koldo Atxutegui respondió ese mismo día diciendo: «Perfecto, darnos un poco tiempo para verlo. Un abrazo».

«Pedro era muy insistente con esto pero no se llegó ni a formalizar una propuesta», explican a este diario fuentes conocedoras de la operación que se frustró porque «había otros posibles inversores como Plenoil» y con propuestas más competitivas. En el puerto de Bilbao operaba el  grupo Hafesa, investigado por presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Como desveló en exclusiva THE OBJECTIVE, pese a estar inmerso en dicha investigación judicial, la petrolera que preside el empresario Hamlyn (quien recibió una oferta de Leire Díez para llegar a un pacto con la Fiscalía a cambio de imputar a mandos de la Guardia Civil) recibió condiciones ventajosas para hacer frente sus deudas por parte de la Diputación Foral de Vizcaya a través del aplazamiento de 225 millones de euros en el pago del Impuesto del Valor Añadido (IVA) y del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) a partir del año 2019 y hasta 2023. 

Venta de Villafuel a Georgia

En paralelo a esta operación de adquisición de un depósito fiscal, Villafuel se enfrascó en paralelo al intento de vender la compañía al Gobierno de Georgia, como desveló también este periódico tras acceder a los documentos que iniciaron la negociación entre la delegación consular y la operadora de hidrocarburos. Una operación que cuenta con múltiples similitudes a la descrita en esta crónica: tampoco salió adelante, también tuvo a Aldama como intermediario y también fue Pedro Marín el máximo responsable de Villafuel que participó en las conversaciones.

Marín ejerció de administrador único y director comercial de Villafuel desde noviembre de 2020 hasta enero de 2025. Fue uno de los detenidos en octubre del 2024, cuando estalló el caso de los hidrocarburos por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo y fraude fiscal. El Instituto Armado le atribuye una condición de «miembro destacado» de la presunta organización criminal investigada por el fraude de 231 millones de euros entre los años 2021 y 2024. En los informes de la UCO, los investigadores de la Guardia Civil señalan que Marín desarrollaba «funciones de testaferro cualificado», dada su larga experiencia en el sector de los hidrocarburos, desde el año 2012.