Giro del catalán en la UE: Albares ablanda a los países reticentes y prevé su oficialidad en 2028

La reticencia de algunos países, encabezados por Alemania, a la oficialidad del catalán «se está ablandando» más rápido de lo previsto. Según explican fuentes diplomáticas conocedoras de las negociaciones a THE OBJECTIVE, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, habría logrado un cambio de postura importante de aquellos Estados que veían como un mal precedente esta inclusión de los idiomas cooficiales (catalán, gallego y euskera) en las instituciones europeas. Estas mismas fuentes creen que se puede lograr su oficialidad con rapidez, antes de que Sánchez acabe la legislatura. Una vez tomada la decisión a nivel del Consejo Europeo, y tras modificarse la normativa que regula el régimen lingüístico de la Unión Europea, con la incorporación de los tres idiomas, la nueva reglamentación podría entrar en vigor el 1 de enero siguiente.

El Gobierno está apostando fuerte por este asunto y se ha comprometido a modular alguna de sus posturas en otros asuntos de la política comunitaria, a hacer algunas cesiones y a tejer futuras complicidades con los países que más se oponen. Las fuentes europeas consultadas lo enmarcan dentro de la dinámica de «intercambio de cromos» y de política «pragmática» que abandera la Unión Europea.

El Ejecutivo de Sánchez juega con varias bazas a su favor que no se dan en otros países con otras lenguas regionales y tensiones territoriales de la misma naturaleza. Ha recurrido a la Constitución Española para explicar el «estatus de oficialidad» que ya tienen estos idiomas en sus respectivas comunidades autónomas.

«Protección» constitucional del catalán

En efecto, el primer punto del artículo 3 del Título preliminar establece que el castellano «es la lengua oficial del Estado», pero a renglón seguido, el segundo punto afirma que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos»; y concluye el mismo artículo recordando que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Esta protección y respeto son los que ahora quiere hacer valer también en Europa.

Al mismo tiempo, España busca convencer a sus aliados con el hecho de que el caso del catalán es único y no hay ninguna otra lengua «regional» que sea hablada por «más de 10 millones de personas». Conviene recordar que en España la población que vive en Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales supera los 20 millones.

Otro hecho que apuntan otras fuentes consultadas es que la sede de la Comisión Europea en Barcelona ya difunde sus comunicados y campañas en catalán: «Hay una resolución de 2001, la conocida como resolución Reding, donde se habilita que se comuniquen en catalán las campañas de la UE en Cataluña».

THE OBJECTIVE ha tenido acceso al informe que ha elaborado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el que han participado la Fiscalía y Abogacía del Estado, y presentado en el Consejo de la Unión Europea, en el que se expone que la inclusión de idiomas no afecta a «la seguridad jurídica» ni requiere la modificación de los Tratados, porque «puede llevarse a cabo siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 342 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)». Las reticencias de algunos países venían por sus «dudas legales».

Tratados ya traducidos al catalán

En las negociaciones, el equipo de Albares ha puesto sobre la mesa los antecedentes que juegan a su favor y que hacen de las particularidades del sistema español un ejemplo sin posibilidad de extrapolarse al resto de Estados miembros. Por ejemplo, los distintos tratados de la Unión Europea desde 2004 están traducidos al catalán, gallego y euskera. Y un año después, en 2005, se modificó en reglamento 1/58 para dar cabida a un uso restringido de las tres lenguas en cuestión.

El acuerdo político alcanzado en el Consejo Europeo el 13 de junio de 2005 permitió el uso del valenciano, el catalán, el gallego y el euskera en las instituciones de la Unión Europea. Este acuerdo facilitó la comunicación de los ciudadanos españoles con las instituciones europeas en sus lenguas cooficiales, tanto en comunicaciones escritas como orales, y en la publicación de actos adoptados por codecisión.

El Comité de las Regiones fue la primera institución de la UE en aplicar este acuerdo. El acuerdo fue un hito importante para el reconocimiento de la diversidad lingüística dentro de la Unión Europea. Desde entonces, el catalán, el gallego y el euskera también se utilizan en las reuniones del Comité Económico y Social, así como del Comité de las regiones y, ocasionalmente, en reuniones de otras instituciones europeas que se celebren en las comunidades autónomas. 

Sin efecto cadena en la UE

«No crearía ningún precedente con otras lenguas equivalentes de otros países (el idioma frisón en los Países Bajos, o la lengua sami de los lapones, en Suecia y Finlandia, etc.) porque estas otras no se utilizan en la Unión Europea como sí lo hacen nuestras tres lenguas el catalán y ninguna de ellas tiene tantos hablantes», añaden estas fuentes.

De hecho, el primer paso en esta carrera hacia la oficialidad en Europa fue la decisión de que los tres idiomas se utilicen oficialmente en las sesiones del Congreso desde septiembre de 2023, algo indispensable para poder posteriormente defender la causa de las otras tres «lenguas españolas».

En última instancia, el Gobierno parece asimismo dispuesto a llevar las dudas sobre tal oficialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que una sentencia favorable contribuya al cambio de parecer del resto de países de la UE en una decisión que se tiene que tomar por unanimidad. Además, consideran que la jurisprudencia actual les favorece.

Otro paso en marcha es que el catalán pase a ser «otra lengua nacional» en las Escuelas Europeas, y que también sufragará el Estado español, un «avance» en esta dirección para que el catalán acabe siendo oficial en la Unión Europea. Esto ha creado malestar entre el profesorado de lengua española, que teme que el futuro el poder impartir clases de catalán sea un mérito discriminatorio.

La trayectoria del irlandés

Por lo que respecta a la oficialidad de los idiomas, no hay estatus intermedios. Un idioma es oficial o no lo es. Y la condición de oficialidad se puede acordar de forma fácil y rápida por parte del Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE, si se da la unanimidad. «Una vez tomada la decisión, se pone en marcha la maquinaria. La logística puede ser es más pesada, cómo se aplica, cuántas traducciones e interpretaciones se efectúan, qué se traduce y qué no, cómo se cubren las plantillas de traductores e intérpretes, qué ocurre con el Diario Oficial y qué partes se traducen del acervo comunitario… pero la oficialidad en sí es relativamente rápida».

El Gobierno se contentaría de momento con que se aplicase el modelo irlandés. Uno de los casos que se ha puesto sobre la mesa es el del irlandés (una variante del gaélico), que es la última lengua que ha obtenido el estatus de oficial en la Unión Europea. Fue declarado oficial el 1 de enero de 2007, pero el irlandés tardó 17 años en alcanzar una utilización plena equivalente a la de los demás idiomas oficiales después de muchos años de un régimen de derogaciones, que restringía su uso.

Esta vía irlandesa es la que se prevé obtener en un periodo de dos años como mucho; y el hecho de que el Gobierno se comprometa a sufragar su coste es «el gran punto» a favor de estos planes. El primer cálculo de la Comisión Europea es que costará unos 132 millones al año para las tres nuevas lenguas.

La imagen de Sánchez en la UE

Algunos de los últimos acontecimientos internacionales han afectado a la buena imagen de Sánchez, como el pulso que planteó a Donald Trump en el último encuentro de la OTAN o la mala ejecución de los fondos europeos Next Generation. Sin embargo, sigue siendo uno de los puntales del «europeísmo» en el seno de la Unión, según estas fuentes, que explican que no hay que olvidar que España tiene «un peso específico muy grande por población y PIB y a nivel de decisiones de temas importantes es indispensable».

«Muchas decisiones se toman sobre la base de mayorías cualificadas en el Consejo. Una coalición entre España, Francia y Alemania y otros países menores es suficiente para sacar adelante muchos asuntos de interés compartido. Se ha degradado su imagen, pero ni mucho menos lo tienen en la lista negra».

De momento, únicamente Bélgica, Eslovaquia, Chequia y Eslovenia se han pronunciado a favor de la oficialidad del catalán, gallego y euskera. En el sector más reticente están Alemania, Italia, Francia, Finlandia, Suecia, Bulgaria y Croacia. Pero no dudan de que los equilibrios cambiarán gracias a la «negociación» y a los «acercamientos de España» en otros asuntos a estos países más reticentes. El único escollo que se atisba para estos planes es si el Gobierno no puede agotar la legislatura por la presión sobre los casos de corrupción que salpican tanto al PSOE como al Ejecutivo.