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Política

Alivio en Moncloa y Ferraz porque «la UCO no encuentra el dinero de Ábalos y Cerdán»

Moncloa cree que «todo se ha deshinchado» y que el Supremo «tiene un problema si no encuentran» los fondos

Alivio en Moncloa y Ferraz porque «la UCO no encuentra el dinero de Ábalos y Cerdán»

Los socialistas José Blanco, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. | Europa Press

Es el comentario más repetido desde el retorno vacacional y el que motiva un respiro de alivio entre los dirigentes socialistas. «La UCO no encuentra el dinero de Ábalos y Cerdán», deslizan a THE OBJECTIVE fuentes desde el Palacio de la Moncloa hasta la sede de Ferraz en la confianza en que la dificultad para encontrar la cantidad defraudada por el amaño de contratos de obra pública, recogido en el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sirva para aguar la investigación de la presunta organización criminal en el PSOE, que mantiene en prisión preventiva al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, desde el pasado 30 de junio.

Tras la gravedad de las grabaciones recogidas en el último informe de la UCO, en las que se escuchaba al tridente corruptor de José Luis Ábalos, Cerdán y Koldo García hablando del reparto de las mordidas, las fuentes gubernamentales y socialistas consultadas manifiestan cautela, pero también esperanza. No ponen en duda los hechos descritos por el Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el instructor Leopoldo Puente, a quien describen como «un juez riguroso, de instrucción impecable, a diferencia de Peinado», y a quien alabaron la pulcritud de la «visita», –que no registro, para el Gobierno– a la sede del PSOE.

Sin embargo, en las últimas semanas han ido creciendo las dudas sobre el auto de ingreso en prisión preventiva del juez sobre Santos Cerdán, que a juicio del PSOE, «está cogido con pinzas» y «puede no sostenerse si no encuentran el dinero defraudado». Lejos de generar un sentimiento de desánimo, esta situación está alimentando la esperanza en el Gobierno y el partido porque la incapacidad para hallar los fondos de las comisiones de la trama corrupta pueda rebajar el suflé de la investigación judicial sobre el caso de corrupción que afecta a los dos ex secretarios de Organización investigados, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Fuentes de Moncloa se congratulan porque «la clave es que no encuentran el dinero», y que «empiezan a tener un problema porque no puede estar Cerdán en la cárcel estando todos fuera».

Moncloa: «Todo se ha deshinchado»

La premisa de la que parte el Gobierno es que esto no implica negar el fraude, sino que se abran dos escenarios. Uno, que el dinero esté en paraísos fiscales o países de escasa colaboración judicial, donde se rechacen las comisiones rogatorias favoreciendo la ocultación del dinero; y dos, que «les hayan comprado por dos duros y se hayan gastado el dinero», en cuyo lugar se podría realizar una patrimonial en profundidad cruzando sus ingresos y gastos en cuentas bancarias, con las dietas en el partido con la intención de encontrar el desfase en su actividad financiera. Según las fuentes consultadas, esta situación favorece que «todo se ha deshinchado» y que el escenario pinte «mejor que en julio» para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al menos por ahora.

Fuentes de la investigación explican a este periódico que se trata de un argumento falaz, porque no es necesario el hallazgo del dinero para que exista una condena por delitos relacionados con la corrupción y la malversación de caudales públicos, como se evidenció con el Caso Malaya (2006). Fue la mayor trama de corrupción urbanística destapada en España, que motivó la condena del exalcalde marbellí, Julián Muñoz, por delitos de blanqueo de capitales, pese a que nunca aparecieron los 46 millones de euros que estuvieron siendo rastreados por la Justicia tras haber desaparecido durante su mandato. «Una posibilidad es que hayan acabado en el PSOE y otra que se lo hayan gastado, pero puede haber otros indicios probatorios para una condena», explican estas fuentes a este periódico.

La trazabilidad del dinero, cifrado por el Tribunal Supremo en 5 millones de euros, y tratándose de una «trama milmillonaria» que operaba a escala global en una docena de países y con un complejo entramado societario es una tarea de extrema complejidad para los investigadores del Instituto Armado y sus limitados recursos. El pasado mes de julio, THE OBJECTIVE publicó que la UCO buscaba el rastro de la trama Koldo en Armenia, Senegal, Túnez y en República Dominicana. En los dos primeros países operaba la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción, cuyo socio Pepe Ruz es uno de los investigados por los amaños de obra pública. Los investigadores han rastreado el pasado de Ruz, granadino de nacimiento pero radicado en Valencia, así como sus vínculos con el PSOE andaluz. El constructor más beneficiado por el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos es uno de los personajes clave en la red, y podría haber ocultado parte de los fondos procedentes de adjudicaciones públicas a través de empresas pantalla radicadas en ese país

Fuentes judiciales confirmaron entonces que la tarea de la UCO era de una dimensión prácticamente inabarcable: rastrear el movimiento de capitales desde enero de 2014 hasta la actualidad, lo que implica el análisis de 479 cuentas bancarias pertenecientes a 35 entidades, muchas de ellas con ramificaciones internacionales. Ocho de estas entidades tienen sede en Europa, incluyendo bancos como BNP Paribas (Portugal), Deutsche Bank y Commerzbank (Alemania), Société Générale y Crédit Agricole (Francia), ING (Holanda), HSBC (Francia) e Intesa Sanpaolo (Italia). Otras tres entidades están en América: JP Morgan (EEUU), Banco do Brasil y Pichincha (Ecuador). También se encuentra involucrado el Bank of Africa, cuya sede está en Marruecos y mantiene estrechos vínculos con el entorno del rey Mohamed VI.

Fuentes de la Benemérita aseguran que muchos de los retrasos de informes previstos antes del verano se han debido a «ganar tiempo» para encontrar esos fondos, sin éxito. Uno de los informes pendientes era el de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, sobre su participación con los responsables de la trama de las mascarillas; y otro, sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en relación tanto con las mascarillas como con el entramado del fraude de los hidrocarburos. Dos informes que han quedado pendientes para este mes de septiembre, en el que, anticipan fuentes de la investigación, «no hay prisa» en iniciar el curso político sino necesidad de ir con cautela.

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