El PP aprovechará la visita de la Comisión de Venecia para alertar sobre García Ortiz
Miembros de este órgano asesor del Consejo de Europa se reunirán el martes con los grupos parlamentarios

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra | EP / Carlos Luján
El Partido Popular aprovechará la reunión que mantendrá el próximo martes una representación de la Comisión de Venecia con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para trasladarle la situación del fiscal general del Estado. Las fuentes populares consultadas por THE OBJECTIVE confirman que no solo se ceñirán a las cuestiones relacionadas con el proceso de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial: «Europa ha despertado» ante la difícil situación de la Justicia en España, señalan.
La presencia de cinco miembros de este órgano consultivo del Consejo de Europa, cuyo objetivo es fortalecer el Estado de derecho y la democracia, se produce por iniciativa propia y no como sucedió, en el caso de la Ley de Amnistía, cuando el Senado le requirió su informe para analizar la legalidad o no de la misma, según han subrayado fuentes parlamentarias La ofensiva de los populares en el Parlamento Europeo y en otras instituciones comunitarias alertando sobre lo que consideran una grave situación de la Justicia en España, con ataques del Gobierno y sus socios de izquierda a jueces y magistrados, ha terminado por calar en la UE.
Desde el Partido Popular, lo tienen claro, «Europa ha despertado» y quiere conocer de primera mano qué está sucediendo en España, con un fiscal general del Estado en el banquillo, con acusaciones de «lawfare» y con dudas sobre el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es precisamente este punto el núcleo central de la visita que tendrá lugar los días 15 y 16, con el objetivo de presentar un informe sobre el modelo de elección, reclamado por la presidenta María Isabel Perelló.
Los cinco miembros que se desplazarán a Madrid mantendrán encuentros con las diferentes asociaciones judiciales y representantes de la sociedad civil, pero también con políticos. Concretamente, el día 16 se reunirán con portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Y es en este foro donde el Grupo Popular no desaprovechará la oportunidad de hacerle llegar a la Comisión de Venecia sus opiniones sobre los problemas de la Justicia en España y la corrupción.
Las fuentes populares entienden que, «ante una visita así, es difícil que podamos obviar las cuestiones tan graves que afectan a la Justicia española», aunque recelan del tiempo con el que pueden contar para exponer sus consideraciones. En la anterior visita de la Comisión de Venecia a Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores tuteló la visita y vigiló el tiempo de las intervenciones.
Grupo de Estados contra la Corrupción
La presencia de expertos en la vigilancia de que la Justicia de los países europeos respete los estándares internacionales viene precedida por el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. Este informe se conoció en el mes de agosto y avisa a España de que no ha dado cumplimiento a sus recomendaciones sobre la regulación de los asesores políticos ni tampoco sobre la reforma de la figura del aforamiento. También lamenta que la regulación de los grupos de interés o ‘lobbies’ todavía no se ha materializado y ha dejado fuera la obligación de hacer públicas las agendas entre lobistas y altos cargos.
El Partido Popular llegó a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer las conclusiones del informe, ya que, a su juicio, «vuelve a sonrojar al Gobierno» al alertar «sobre la falta de transparencia del Ejecutivo, de control en las puertas giratorias, de independencia en las instituciones y de determinación en la lucha contra la corrupción».
El hecho de «no cumplir ni una sola» de las 19 recomendaciones que lleva exigiendo el GRECO desde 2019 evidencia, según denunció en su día el PP, «los rasgos de una corrupción estructural» en el seno del Ejecutivo, acusando al Gobierno de estar «hasta las cejas de corrupción» y no querer mover «ni un dedo para erradicarla».