Igualdad ya acumula 177 casos de posible malversación con Ana Redondo de ministra

El fallo en las pulseras antimaltrato es uno de los grandes escándalos que salpican al Ministerio de Iguadad en esta legislatura, pero no el único. El gabinete de Ana Redondo acumula al menos 177 casos de presunta malversación de fondos públicos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con Ana Redondo como ministra. Así se desprende del escrutinio realizado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a centenares de colectivos feministas, con casos documentados de 2024 y 2025 que podrían constituir un delito.

Con dinero que debería haber ido a parar a las mujeres víctimas de violencia, Igualdad ha financiado carreras de tacones, cursos de oratoria, batucadas, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, talleres de cocina, charlas LGTB, masterclasses de zumba, torneos de pelota mano y bailes con vermú posterior, entre otras actividades que, a juicio de la alianza, «no son objeto de ninguna medida financiable con los fondos del Pacto de Estado».

Los asuntos iniciales trascendieron en abril de 2024, cuando las feministas enviaron a la ministra la primera relación de casos documentada sobre el mal uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, a las que el Gobierno de España repartió este año 160 millones de euros. Ana Redondo se comprometió entonces a revisar las partidas para que no volviera a ocurrir algo similar, aunque la cascada de casos continuó produciéndose, y el pasado 8 de marzo la Alianza contra el Borrado de las Mujeres remitió su última recapitulación.

Esta recogía un concierto tributo a Alejandro Sanz en Abrera (Barcelona), un acto de pelota mano y cesta punta en Arnedo (La Rioja), un taller-evento de belleza y hasta unas jornadas de tiro con arco, pádel, baile moderno y desayuno por la charanga El Zimbonbazo en Bargas (Toledo), entre otros dispendios.

Más gastos polémicos

Estos gastos se sufragaron con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, independientes de los 511,5 millones de euros anuales de Presupuesto del Ministerio de Igualdad que también han ido a parar muchas veces a campañas controvertidas. Por ejemplo, dos millones en una polémica campaña que presentaba a los españoles como violentos contra las mujeres; 1,2 millones en otra para que «el miedo cambie de bando»; 100.000 euros en contratar a una empresa externa que haga un resumen de prensa de todas las noticias relativas al gabinete; o 9.992 euros en un informe que concluía que las mujeres trans sufren más la menstruación que las mujeres biológicas.

Estos gastos ayudarían a explicar por qué el generoso presupuesto del que goza Igualdad no ha servido para reducir las estadísticas de asesinatos de mujeres ni de violaciones. 2024 cerró con 47 feminicidios, manteniendo la inercia de los últimos años, y con un récord de agresiones sexuales: 5.206, por encima de las 4.890 registradas en 2023, y continuando con la preocupante dinámica ascendente que se experimenta desde 2017.

Y ahora, las pulseras

El último de los escándalos que ha salpicado al Ministerio de Igualdad, el más importante en la etapa de Ana Redondo, es el que ha afectado a las pulseras antimaltrato. Durante la transición de la gestión del sistema Cometa de un proveedor anterior (Telefónica y Securitas Direct) a uno nuevo (Vodafone, adjudicado en octubre de 2023 por un contrato de 41 millones de euros), se produjeron fallos técnicos graves.

El problema fue un error en el volcado de datos de ubicación de los agresores, que impidió acceder a los registros históricos anteriores al 20 de marzo de 2024. Esto duró al menos ocho meses (desde febrero hasta octubre de 2024), durante los cuales el sistema dejó de registrar movimientos previos y hubo múltiples fallos, tales como localizaciones imprecisas, falsas alarmas y dificultades para diferenciar fallos técnicos de incumplimientos reales.

Para más inri, el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) envió en enero y febrero de 2025 sendas cartas a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, en las que le informaba de «incidencias» con pulseras antimaltrato. Sin embargo, el Gobierno no ha reaccionado hasta que se ha destapado el escándalo, y Redondo ha anunciado un nuevo contrato que se licitará en unos meses para adquirir pulseras con «una serie de mejores técnicas» para dejar atrás el «problema» ocurrido en 2024. Pese al anuncio, la oposición y algunas asociaciones feministas han exigido su dimisión.