El Gobierno de Zapatero ofreció dinero a ETA a través de una ONG si ponía fin al terrorismo

La banda terrorista ETA anunció un «alto el fuego permanente» en marzo de 2006, pero para llegar a ese momento hubo contactos previos. Una negociación de la que se cumplen dos décadas y que quedó plasmada en unas actas redactadas con todo lujo de detalles por los etarras al margen de las que hicieron los mediadores del Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant al término de cada cita en Ginebra u Oslo. Son los papeles que la Policía francesa incautó a Francisco Javier López Peña, alias Thierry, en mayo de 2008 tras su detención en Burdeos y a los que ha tenido acceso ahora THE OBJECTIVE en exclusiva.

Los representantes de ETA pusieron nombres en clave en sus actas. A Zapatero lo apodaron Gorburu, una palabra inventada entre el español y el euskera que podría traducirse como jefe rojo o cabeza de Gobierno. La «E» aludía directamente a ETA, así que las abreviaturas de quienes tomaban la palabra en la reunión y cuya letra comienza por «E», eran los que representaban a la banda terrorista. Por su parte, las que comienzan por la letra «G» se refieren a los emisarios del Gobierno, cuya voz cantante la tuvo desde el principio Jesús Eguiguren, si bien tras la tregua se le unió José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal.

Lau era el mediador de Dunant. Otras siglas a tener en cuenta son: EPPEH en referencia al colectivo de presos (EPPK) sobre los que ETA negoció el acercamiento a «Euskal Herria (EH)». Además, EO (Erakundeko Ordezkaritza) se refiere a la propia organización terrorista, mientras que GO (Gobernueren Oderkaritza) es el acrónimo del Ejecutivo de Zapatero.

En las reuniones de 2005 para preparar el escenario de la tregua, el Gobierno insistió en que ETA tenía que dar muestras «de tener una voluntad de ir hacia un alto el fuego definitivo» y le apremiaba a utilizar una palabra «más contundente» que las utilizadas hasta ese momento. A cambio, el Ejecutivo de Zapatero se comprometió «a hablar con los franceses» para «bajar la presión» policial gala. «El temor de Gorburu es que en la fase de ratificación caigan en (ininteligible) policiales noticias de estos contactos», anotó la banda terrorista refiriéndose a las prevenciones de Zapatero. Sin embargo, Dunant se puso del lado de los etarras: «Lau está de acuerdo en que la Org no puede hablar en su comunicado de un alto el fuego definitivo cuando las negociaciones sobre las consecuencias están sin empezar todavía y cuando las garantías del gobierno están sin darse aún».

Al ver que los mediadores iban en la línea de lo que planteaba ETA, Eguiguren dejó claro que el alto el fuego indefinido tenía que ser «de un nivel superior» al que hubo en los noventa con la tregua bajo el Gobierno de José María Aznar. «Es decir, si allí fue indefinido, ahora tendría que ser permanente o algo parecido», planteó. Unos términos que serían finalmente aceptados por la banda terrorista.

En la siguiente reunión se pactaron los párrafos de la declaración del Gobierno español haría para oficializar las negociaciones. «Los representantes de Gor y la representación de la Org muestran su acuerdo estando presente Lau y desarrollando la labor de notaría», señaló la banda sobre ese momento. Cuatro párrafos en rojo (ver abajo) que luego Zapatero verbalizó casi milimétricamente en su comparecencia ante los medios el 29 de junio de 2006 en el Congreso de los Diputados para autorizar los contactos con ETA. El único cambio que introdujo es que empezó hablando del inicio de las negociaciones. Es decir, por el cuarto párrafo.

En los anexos de la declaración se fijaba que los acuerdos afectarían a las tres provincias vascas y a Navarra a través de una «mesa o mesas» de diálogo que estarían «conformadas por la mayoría cualificada de los componentes y ámbitos ya citados», una reivindicación política de la izquierda abertzale para circunscribir la negociación al margen del resto de los españoles.

Además, ambas partes aceptaban que la negociación entre el Gobierno y ETA concerniría «a las cuestiones de desmilitarización, presos, exiliados, víctimas y otras» sin especificar. Y en el caso de que el proceso de paz avanzase «en los términos previstos», la banda terrorista «mostraría su firme voluntad de avanzar hacia el cese definitivo de la lucha armada» como había hecho el IRA en ese mismo 2005. El mediador de Dunant dejó claro que las actas se mantendrían «en secreto», que solo habría una única copia y que estas se guardarían «en un banco» que no se precisó.

Sin embargo, el proceso de paz ya estaba herido de muerte cuando Zapatero anunció los contactos oficiales con ETA el citado 29 de junio de 2006. Así lo atestiguan las notas que la banda terrorista elaboró en una reunión clave celebrada una semana antes. Concretamente, el 22 de junio a petición de la propia ETA «ante la gravedad de la situación» y solo tres meses después de anunciar la tregua permanente. El negociador etarra en aquel momento, Josu Ternera, entregó a Eguiguren una carta dirigida a Zapatero. «Se les subraya que hay que entregársela directamente a Gorburu», se hizo hincapié en la nota.

«La debilidad de ETA»

Tras ello, la delegación etarra se quejó de lo que entendían como «una ruptura de las garantías» para empezar a negociar, sobre todo que el Gobierno diese «rienda suelta a todo tipo de filtraciones» y que desde el Ejecutivo se hablase de que «la debilidad de ETA» era gracias «a la acción del Estado de derecho» o que la paz no tendría «precio político». Unos términos que la organización terrorista consideraba que eran excesivos.

«Mantenéis un tipo de discurso durante decenas de reuniones con Batasuna y otro diferente en las declaraciones públicas que hacéis y en vuestras actitudes en cuanto a los pasos a dar con respecto al otro carril», le dijo Ternera a Eguiguren. Y a la respuesta de que esto último se podía achacar a algunos ministros y responsables políticos «excepto Gorburu», el negociador etarra negó la mayor y advirtió de que el presidente del Gobierno había continuado también con el «lenguaje clásico».

Con todo, lo peor para ETA es que había una «continuidad represiva en el intento de debilitar y marginar a la izquierda abertzale», así como «la guinda de las últimas detenciones». Ese 20 de junio, dos días antes de la reunión de Ginebra, la Policía había detenido a 13 miembros de la red de extorsión de la banda terrorista. «Cualquier observador o mínimo conocedor de la situación concluiría que la actitud del Gobierno es saboteadora del incipiente proceso», hizo hincapié Ternera.

Eguiguren tomó la palabra para decir que había hablado con GO-1, presumiblemente Alfredo Pérez Rubalcaba, y el propio Zapatero tras esas detenciones, y que le constaba que ambos querían «llevar a buen puerto el proceso» pese a ese «accidente grave». Tras ello, admitió que esperaban «que el proceso iba a tener problemas, pero no tantos», y le vino a dar la razón a su interlocutor etarra. «Dice (que) no piensa convencer, que va (a) intentar suavizar porque entiende que estemos cabreados», se reflejó en las actas etarras.

Además, el negociador del Gobierno aprovechó para criticar «el nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa, de la AVT…» y que los propios jueces «se habían convertido en un instrumento del PP» ya que en otras circunstancias, no actuarían así. Es más, prometió que Batasuna sería legalizada de nuevo en septiembre u octubre de ese año. «Hoy está Batasuna como está pese a los esfuerzos del Gobierno en legalizarla de facto», llegó a decir.

Los representantes de Zapatero en la mesa de negociación con ETA se comprometieron a dejar sin efecto la doctrina Parot, «es cosa del Constitucional y pueden derogarla», señaló textualmente Eguiguren en un intento por apaciguar los ánimos. «No hay obsesión en decir que todo lo hacéis mal», les dijo a los enviados de la banda terrorista en su deseo de ver el vaso medio lleno. «Sabemos medir la pintura roja y amarilla», insistió al respecto.

Eso sí, el interlocutor del Gobierno les reprochó que ETA siguiese enviando cartas de extorsión pese a la tregua. «El ministro (Rubalcaba) tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pide», les confesó sobre unos hechos desconocidos hasta ahora. Es más, la delegación gubernamental se comprometió a buscar soluciones para la «financiación» de la organización terrorista, llegando a citar como cobertura una organización internacional. «El Gobierno entiende que el envío de las cartas es un incumplimiento de lo acordado. Dicen que aunque la amenaza no sea explícita, solo el hecho del sello de la Organización es suficiente para que la gente se asuste y lo considere una amenaza real. Añaden que si el problema es el dinero, siempre se puede arreglar por medio de una organización internacional», anotó ETA sobre el ofrecimiento de los delegados de Zapatero.

«Ante los jueces, tiene un tope»

Y sobre las detenciones, Eguiguren recordó que venían «de sumarios abiertos y esas no se pueden parar». Es más, donde el Gobierno podía influir en la decisión de un fiscal, había actuado «conveniemente» salvo en un caso que le costó el puesto el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño como desvela Rosa Díez en su próximo libro. «Pero ante los jueces, (el Gobierno) tiene un tope. En la dirección policía-juez, el Gobierno puede actuar pero al revés no. Y eso es así en cualquier Estado moderno», les tuvo que advertir.

Ternera, por su parte, replicó que ETA había respetado «lo pactado escrupulosamente», que las cartas de extorsión no eran «una contravención de lo acordado» (ver abajo) y que la kale borroka que tanto preocupaba al Ejecutivo, no era «incumbencia» de la banda terrorista. El negociador de Zapatero le reprochó tras ello que sacasen comunicados «en momentos claves, cuando menos le interesa al Gobierno».

La reunión iba por mal camino y Eguiguren intentó calmar los ánimos. «El Gobierno ha hecho cambios con la intención de blindar el proceso: cambio de Gobierno (con la salida de José Bono del Ministerio de Defensa) y cambio fiscal jefe Audiencia Nacional (el citado Fungairiño). Os quedará la duda, pero el Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura, como ejemplo el caso de Batasuna. (…) Lo que tenéis que tener claro es que el Gobierno tiene intención de cumplir». Pero no satisfizo a Ternera, quien entregó al representante del Gobierno y al mediador de Durant una lista con la «ruptura de las garantías».

Eguiguren no tiró la toalla y volvió a tomar la palabra: «En el apartado de las detenciones, dice que salvo dos o tres, el resto devienen de procedimientos judiciales o de la situación de ilegalización de la izquierda abertzale». Mirando a la cara a su interlocutor etarra, le dijo lo siguiente: «Dais una imagen irreal de lo que ha pasado y decís que la represión se ha intensificado y de ninguna manera obedece a ningún plan diseñado por el Gobierno».

Ternera no se dejó intimidar, acusó a los representantes del Gobierno «de echar balones fuera» y avisó que ETA tenía «una credibilidad reconocida», mientras desde Madrid se daba por hecho «que siempre habrá detenciones» a pesar del alto el fuego permanente. «El incumplimiento de las garantías impide que continuemos hablando de otros temas, esto es, el proceso se para», les anunció (ver abajo). Al día siguiente habría una segunda reunión, pero el clima no volvió a ser el mismo.

Aunque Zapatero anunció unos días después el inicio formal de las negociaciones con ETA, en un intento de que el proceso de paz no descarrilase, ya no hubo manera de reconducirlo. En octubre de ese 2006, un comando de la banda terrorista robó 350 pistolas en una nave industrial de Vauvert (Francia). Y a finales de diciembre llegaría el atentado de la T-4 de Barajas que dinamitó por completo los puentes.