Zapatero prometió a ETA no detener a sus comandos durante el alto el fuego

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió a ETA una «disminución palpable» de la presencia policial y los controles en el País Vasco una vez que la banda terrorista anunciase el alto el fuego permanente, así como el fin de las detenciones de sus comandos salvo que se viesen implicados en casos muy específicos como el «robo de coches, atracos y homicidios». Lo transmitió el socialista Jesús Eguiguren a su interlocutor etarra, Josu Ternera, en una de las conversaciones de Ginebra previas a la tregua que se declaró el 22 de marzo de 2006.

Las actas redactadas por los etarras al margen de las que hicieron los mediadores del Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant incluyen un epígrafe, ‘Garantías de Gorburu’, el nombre con el que se referían al entonces presidente del Gobierno, en el que se enumeraron tres compromisos que adoptaría Madrid «después del comunicado de ETA» sobre el alto el fuego. En ellas se da, incluso, un plazo de entre siete y diez días para su aplicación. Además, la banda incluyó una nota aclaratoria con una especie de quid pro quo entre las partes: «Dado que la Declaración de Gorburu (Zapatero) está aceptada (por ETA), nos atenemos a las garantías de Gorburu». Las tres cesiones del jefe del Ejecutivo que aparecen en las actas secretas a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE dicen así textualmente:

-La disminución palpable de la presencia policial (controles etc.) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Se entiende que las fuerzas policiales continuarán su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas (robo de coches, atracos, homicidios, etc.).

-Aceptar de facto que Batasuna y otras organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política.

–No realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad francesas, salvo lo especificado en el punto 1). En este sentido se acordó que un plazo de 7-10 días sería necesario para el Gobierno, para que pueda implementar esta garantía.

Por su parte, ETA presentó un documento en el que explicaba cuáles eran sus objetivos con el alto el fuego. En primer lugar, «impulsar un proceso democrático en EH (Euskal Herria) para que por medio de conversaciones, la negociación y el acuerdo, EH pueda realizar el cambio político que necesita». A juicio de la banda terrorista, el fin de ese proceso era que el País Vasco y Navarra tuvieran «la palabra y la decisión sobre su futuro, dando así una solución democrática al conflicto».

La banda exigía superar el marco «de negación, partición e imposición» que, en su opinión, existía en aquel momento y para ello, le correspondía a los mandatarios de España y Francia –por aquel entonces Zapatero y el francés Nicolas Sarkozy– «reconocer y respetar dicho proceso democrático, la decisión y la palabra de los ciudadanos vascos sin ningún tipo de ingerencias (sic) ni topes».

«Es el tiempo de compromisos. Todos tenemos que adquirir responsabilidades y compromisos serios y es el momento de comportamientos atrevidos y decisiones profundas –de calado–, pasando de las palabras a los hechos», resumió ETA (ver abajo) antes de hacer un llamamiento «a todos los agentes para que actúen con las misma responsabilidad» que la cúpula etarra, así como a las autoridades de Madrid y París para que respondieran «de una manera positiva a esta nueva situación, que no pongan topes ni problemas al proceso democrático, dejando de lado la represión y los comportamientos negadores y mostrando la voluntad de dar una salida al conflicto por el camino de la negociación».

Tras las buenas palabras, llegó el momento de consensuar el anuncio que haría ETA para dar inicio a la tregua. Eguiguren lamentó tras recibir el primer borrador que no se plantease «ni siquiera el término indefinido» en el texto. «Toda la declaración de Gorburu (Zapatero) está pensada en E (ETA), lo ha hecho a la medida de E, y en cambio E lo va a hacer para su consumo interno», se quejó en una de las reuniones.

«AVT y PP tienen el camino fácil para entrar a saco. No tiene un carácter novedoso. Esperábamos otra cosa. No habla de independencia, cierto, pero no es novedoso y no da margen. No aparece el término permanente que es lo que esperábamos. Pero lo que se dice y no se dice se puede interpretar que E va a ejercer su tutelaje sobre el Proceso político y eso no puede ser de ninguna manera, y esa es la lectura que van a hacer los diferentes interesados», resumió el intermediario del Gobierno.

Por su parte, Ternera minimizó el impacto del anuncio –«la declaración tiene relación con el proceso, nada más»– y dejó claro que la banda no plasmaría sus «objetivos estratégicos» ni tampoco sus planes a futuro «si no saliera lo que ETA quiere o espera». En todo caso, subrayó que ya había dejado «muy claro» en citas previas que por parte de la organización terrorista que no se incluiría el calificativo «definitivo» al anuncio de alto el fuego.

«Tenéis una opinión pública drogada, y eso no se arregla de la noche a la mañana, con la Declaración de E (ETA), o con unas frases suyas. En todo caso, E no lleva a cabo una Declaración mirándose a su ombligo o para su propio interés, sino de cara al Proceso, y otra prueba de ello es que lleva desde 2003 con esta iniciativa», apuntó el enviado de la banda.

Eguiguren intentó tras ello que ETA calificase su alto el fuego de «general y permanente», pero solo consiguió lo segundo. A cambio, Ternera planteó que la banda terrorista podía incluir en su último punto del anuncio de la tregua que «si el proceso democrático abierto» se desarrollaba «sin interferencias antidemocráticas», entonces ETA podía manifestar «su decisión de poner fin definitivo a la lucha armada» tal y como había hecho el IRA irlandés en ese 2005, al entender que se había superado «el conflicto de largos años y construyendo la paz basada en la justicia».

«E (ETA) hace saber que la suspensión definitiva de su accionar armado dependerá del comportamiento que tengan España y Francia ante el proceso democrático de EH (Euskal Herria)», anotó la banda terrorista en sus actas tras una de las reuniones preparatorias del acuerdo. «Este es el calificativo concreto que da EO (Ternera) sobre al alto al fuego: ‘suspensión general de las acciones armadas’».

En la tercera de las reuniones de finales de 2005, las partes consensuaron el texto del «alto el fuego permanente» después de un «profundo y largo» debate dirigido por los mediadores del Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant, y en el que se hicieron «muchas propuestas y contrapropuestas». La banda terrorista aceptó que «la responsabilidad de alcanzar acuerdos pertinentes acerca del futuro de EH» concerniría a los partidos políticos y agentes sociales vascos «reflejo de la pluralidad política existente». Además, si dicho proceso se desarrollaba «sin interferencias ajenas al mismo», ETA reiteró su voluntad «de avanzar hacia el cese definitivo de la lucha armada». Por la parte del Gobierno, se consideró «imprescindible» que se publicase al mismo tiempo una traducción al castellano del anuncio en euskera «para evitar traducciones interesadas e intoxicadoras».

ETA no quería «malentendidos»

En cuanto a las garantías que tenía que ofrecer ETA, la organización terrorista dijo de inicio que no deseaba «ningún tipo de malentendido» en cuanto a la aplicación del alto el fuego y quiso dejar claro que «si surgieran necesidades para la propia supervivencia de E (ETA), nada tendría que ver con ataques y demás –armamento o explosivos–». Un compromiso que incumplió el 24 de octubre de 2006 con el robo de las 350 pistolas en una nave industrial de Vauvert, cerca de Burdeos.

Eguiguren, por su parte, fue mucho más prolijo y presentó a Ternera una lista con 14 exigencias que los etarras tenían que cumplir y que THE OBJECTIVE reproduce en su literalidad, tal y como aparecen en las actas de la banda terrorista:

1- No atentados contra las personas.

2- No atentados de otro tipo como viviendas, símbolos, sedes…

3- Kale borroka entendiendo lo siguiente: no estrategia de situación de la lucha armada. Después de pedir explicaciones y aclararlo, se distingue entre la mencionada estrategia de sustitución y los sucesos coyunturales, por ejemplo: los sucesos que pueden darse entorno a un accidente sufrido por el pariente de un preso.

4- No acoso social ni político hacia personas. Amenazas de muerte –cartas…–, pancartas amenazando.

5- No extorsión económica, impuesto revolucionario. –EO (Ternera) diferencia entre los “compromisos” habidos antes del alto al fuego, y entre los que se conoce como impuesto revolucionario de ahí en adelante–.

6- No adquisición de armas y/o compra y traslado.

7- No compra de explosivo o material para fabricarlo.

8- No acciones de abastecimiento de otro tipo de material: atracos, secuestros, en ningún país….

9- No acciones de abastecimiento de otro tipo de material: robo de explosivos donde sea o material para la fabricación de los
mismos.

10- No reclutamiento de nuevos miembros en el sentido de reclutarlos para formar comandos.

11- No formación, en general en tanto tenga que ver con la práctica de la lucha armada.

12- No entrenamiento entendido como preparación para el accionar armado.

13- No seguimientos, no recabar más información entendida como objetivos para la acción armada.

14- Cláusula genérica. No a cualquier tipo de actividad que tenga qua ver con la práctica de la lucha armada.

Sin embargo, Ternera intentó mantener con oxígeno a su organización, evitando una parálisis completa durante la tregua. Para ello, propuso una alternativa al cuarto punto. «E(ETA) se compromete a no realizar ninguna actividad encaminada a la realización de una acción armada. No se entenderían como tal las necesarias para el funcionamiento de la Organización». Una redacción mucho más abierta que los 14 mandamientos de Eguiguren y que este último rechazó de plano: «GO no acepta este texto porque el Gobierno no puede aceptar, menos aún si está escrito de manera secreta, cualquier acción de una organización ilegal», replicó.

Ambas partes también abordaron la posibilidad de una ruptura una vez que empezase al alto el fuego. Con la mediación de Dunant –Lau en las actas–, se aprobó que «en caso de crisis», cada parte informaría, consultaría y se reuniría «con la otra parte y Lau antes de tomar cualquier decisión de terminar el proceso». Además, tanto Gobierno como ETA aceptaron que «ninguna des las partes» publicase «ningún documento en el proceso». Eso sí, en caso de ruptura «definitiva», cada parte quedaba «libre de los compromisos contraídos durante el proceso».

Por último, los negociadores abordaron el momento en el que Zapatero debería anunciar, de manera formal, la apertura de negociaciones con ETA con el alto el fuego asentado. De partida, Eguiguren planteó un plazo de seis meses desde el comunicado de la banda terrorista. Ternera planteó la preocupación de sus acólitos de que existieran «todavía varias cosas para definir por parte de Gorburu» y que «la única preocupación» de Madrid fuese esperar a ver cómo actuaba ETA, a lo que el socialista vasco pidió paciencia y comprensión. «En la Transición nunca se ha hecho nada así», argumentó.

Los negociadores de ETA incluyeron una nota interna sobre el plazo que debería tener Zapatero para iniciar las negociaciones directas con la banda terrorista. Fue tras una confesión de Eguiguren en Ginebra, en la que dijo que «dada la coyuntura política actual es posible que le haga falta todo el plazo a Gorburu». Las actas reflejan la posición inamovible de ETA en este punto: «Todas las veces que hemos tratado sobre esto, nunca hemos hablando de más de seis meses, por lo tanto entendemos que desde la Declaración (de alto el fuego) de E(ETA) tiene un tope de seis meses». Sin embargo, el jefe del Ejecutivo dio luz verde a los contactos con la banda el 29 de junio de 2006, apenas tres meses después del anuncio de tregua, en un intento de que el proceso de paz no descarrilase, aunque no hubo manera de reconducirlo.