Igualdad compró las pulseras 'fake' sabiendo que se rompían el doble que las anteriores

Lo barato sale caro, sobre todo cuando se está invirtiendo en la seguridad de mujeres vulnerables. Así se ha demostrado con las polémicas pulseras antimaltrato que el Ministerio de Igualdad compró a una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Vodafone y Securitas por un valor cercano a los 35 millones de euros. El documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, rubricado por Ángela Rodríguez Pam, la ex número dos de Irene Montero, demuestra que el gabinete ministerial compró dichos mecanismos, que se encuentran a la venta a través de la plataforma china de venta online AliExpress, con plena consciencia de que se rompían el doble que los anteriores, gestionados por Telefónica y Securitas Direct.

En la memoria justificativa para la compra de las pulseras se admite que las que comenzaron a usarse en marzo de 2024 contaban con una «previsión de roturas» del 20%, mientras que las anteriores rondaban el 10%. Es tan solo el último detalle que se suma a toda la lista de irregularidades ya conocidas. La primera, que la licitación del proyecto fue calificada con un 3.6 sobre 10, reflejando deficiencias en su planificación y ejecución que no evitaron que el Ministerio de Igualdad diese luz verde al contrato.

Durante la transición, en enero de 2024, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertó directamente a la ministra Ana Redondo sobre la falta de garantías del nuevo servicio, tras una reunión solicitada por el ministerio. El CGPJ reiteró avisos en febrero de 2024, citando quejas de órganos judiciales andaluces sobre no detección de manipulaciones y fallos en cobertura.

Las advertencias continuaron, y a mediados de 2024, concretamente el 13 de junio, un grupo de feministas advirtió al gabinete de Redondo de los numerosos problemas que las pulseras estaban generando. Así lo relató la presidenta de la asociación La Volaera, María Martín Romero, a este medio: «El Ministerio conocía perfectamente lo que estaba pasando con Cometa». En aquella reunión se habló de cómo había maltratadores que usaban la pulsera para revictimizar a la víctima, y cómo los dispositivos dejaban de funcionar en zonas rurales por falta de cobertura, entre otras deficiencias.

Pero los problemas de las pulseras no trascendieron hasta septiembre de 2025 por publicaciones periodísticas. La reacción del Ministerio de Igualdad, inicialmente, fue negar los problemas, que redujo a posteriori a «fallos puntuales», aunque Ana Redondo terminó pidiendo perdón a las víctimas, pese a asegurar que «el sistema funciona» y que las mujeres estuvieron protegidas en todo momento. También anunció una nueva licitación en unos meses cuyos detalles aún no han trascendido.

Redondo, señalada

Redondo no ha asumido responsabilidades pero ha salido muy mal parada del escándalo. Ha sido reprobada tanto por el Congreso como por el Senado, y en el PSOE el sector feminista ha pedido su dimisión por su gestión «bochornosa y lamentable», así como por la sangría en el voto femenino que estaría ocasionando. Su valoración ha bajado también entre los españoles: según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha pasado de ser una de las mejor consideradas a ser la segunda ministra peor valorada, con un 4,14 de calificación, solo por delante de Fernando Grande-Marlaska (4).

Quien no ha sufrido tanto desgaste por la polémica es precisamente quien licitó el contrato de las pulseras. Ángela Rodríguez Pam continúa a día de hoy -y así lo hará hasta el próximo 30 de noviembre- percibiendo una pensión mensual de 7.500 euros tras su cese en noviembre de 2023. Desde entonces, su remuneración acumulada supera los 180.000 euros.