El PP pone en marcha ante el TC su ofensiva contra el Congreso por frenar 31 leyes

El Grupo Popular pondrá en marcha previsiblemente la semana que viene –en la reunión de la Junta de Portavoces del Senado– el mecanismo para iniciar la ofensiva contra el Congreso de los Diputados por no tramitar 31 leyes que han sido aprobadas por la Cámara Alta. Los populares llevarán este bloqueo ante el Tribunal Constitucional y las previsiones, según ha podido saber THE OBJECTIVE, son que este nuevo conflicto de atribuciones pueda ser aprobado en el primer pleno del mes de noviembre, el día 4. Este nuevo choque institucional se suma al que también se planteará desde el Senado contra el Gobierno por incumplir la Constitución y no presentar en tiempo y forma los presupuestos.

El anuncio de este recurso ante el Tribunal Constitucional lo hizo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 30 de septiembre al abrir el curso político parlamentario en una reunión con los senadores del Grupo Popular. Los populares venían denunciando la parálisis que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y la mayoría del PSOE y sus socios, imponen en la Mesa a los proyectos de ley que aprueba la mayoría absoluta del PP en el Senado. Un «congelador», como lo definió en su día el entonces portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que ejecuta a través de ampliaciones sucesivas en el plazo de enmiendas y que los socialistas utilizan para demorar su llegada al pleno.

Algunas de estas leyes llevan más de 60 ampliaciones en este plazo de enmiendas y de las 31 leyes frenadas, hasta 17 podrían salir adelante si se mantiene el sentido del voto de los grupos parlamentarios en el Senado. A juicio de los populares, el Gobierno teme seguir cosechando derrotas parlamentarias, como viene sucediendo en las sesiones parlamentarias del Congreso al romperse la mayoría que apoyó la investidura de Sánchez. Sonoros han sido los portazos, por ejemplo, de Junts, tumbando la reducción de la jornada laboral que impulsaba la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; o los desmarques de Podemos, el último negándose a que las competencias en materia migratoria pasen a ser gestionadas por Cataluña.

Feijóo anunció que había dado orden a su grupo parlamentario en el Senado para que enviara un escrito al presidente de la Cámara Alta, el popular Pedro Rollán, para que activara este conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Los plazos que barajan los populares es que este escrito pueda ser calificado por la Mesa, donde tienen mayoría, en su reunión de la próxima semana, y pueda ser votado en el pleno de la semana del 4 de noviembre. En la próxima sesión plenaria ya no podría incorporarse al orden del día y al no celebrarse plenos la última semana de este mes, se remitiría a la primera de noviembre.

El conflicto de atribuciones es un instrumento que el Partido Popular ha utilizado en varias ocasiones «contra las cacicadas del Gobierno y de su delegada en el Congreso, la señora Armengol, contra el Senado», recuerdan las fuentes populares consultadas. La última ha sido «la mutilación en el Congreso de la Ley de Navegación Aérea aprobada por el Senado y, además de este conflicto por las leyes frenadas, recurrirá todos los ataques del Gobierno y de Armengol a las competencias del Senado».

Las 17 leyes que podría aprobar el Congreso permitirían, según el PP, desalojar a los okupas en 24 horas; bajar el IVA a las peluquerías; dar el grado mínimo de discapacidad a las personas en situación de dependencia, lo que reduciría sus cargas administrativas; bonificar las cuotas de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla; reforzar la seguridad jurídica del litoral; reducir el riesgo de incendios forestales atajando la despoblación y el abandono de los montes; regular la posibilidad de asistencia telemática y voto a distancia para los alcaldes y concejales de toda España, en caso de encontrarse de baja por maternidad, paternidad, embarazo de riesgo o grave enfermedad; otorgar a los funcionarios de prisiones más protección, calificándoles de agentes de autoridad; e incluir a la Policía y a la Guardia Civil dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación.

Igualmente, evitaría que los afectados por talidomida tengan que pagar impuestos por las ayudas recibidas; obligar al Gobierno a que toda ayuda militar al extranjero sea aprobada por las Cortes Generales; endurecer las penas a los narcos que embisten contra la Guardia Civil para proteger a los agentes que se juegan la vida; utilizar las videoconferencias en las reuniones de las comunidades de vecinos; evitar que los españoles que cobran el SMI tributen por ello; reducir la carga fiscal a nuestros agricultores, pescadores y ganaderos; eliminar la discriminación en el ascenso honorífico al pasar a la situación de retiro de los militares que están de baja por discapacidad; e incluir la despoblación como elemento central en todas las leyes que se aprueben.