El Senado prepara la batalla contra el Gobierno: aprueba un nuevo Reglamento antes de ir al TC

El Senado prepara la batalla ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno de Pedro Sánchez por frenar en el Congreso de los Diputados hasta 31 leyes que han sido aprobadas por la mayoría absoluta de la Cámara Alta. Previamente a la interposición de un recurso, el Senado aprobará posiblemente en el primer pleno de noviembre, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes parlamentarias, la reforma del Reglamento que le servirá como una baza más para defender su posición ante el Tribunal Constitucional. En esta reforma se recoge expresamente que si hay una «demora injustificada» en las tramitaciones en el Congreso de las proposiciones de ley, un grupo parlamentario o 25 senadores podrán proponer al pleno un conflicto de atribuciones.

El primer paso para contar con una herramienta más de defensa para intentar convencer al Tribunal Constitucional de que el Congreso comete fraude de ley al impedir su actividad legislativa se dio este martes en la Comisión de Reglamento. Este órgano parlamentario ha aprobado el dictamen, que ya está listo para ser incorporado al orden del día del pleno, posiblemente el que ya está convocado para el primer pleno del próximo mes de noviembre. Una reforma sobre 44 artículos impulsada el 11 de junio por el Grupo Popular para hacer valer el papel del Senado.

Esta reforma trata de poner freno a lo que el PP considera «desprecio» al Senado, tanto por parte del Congreso de los Diputados como del presidente del Gobierno y de sus ministros a la hora de asistir a las sesiones de control al Ejecutivo. De hecho, de manera urgente ya se aprobó el 18 de junio una parte de esta reforma, como es la obligación del Presidente Pedro Sánchez de comparecer obligatoriamente una vez al mes en la sesión de control. Sánchez no comparece desde marzo de 2024. Igualmente, para evitar ausencias de miembros del Gobierno, en el Reglamento se recoge que los ministros están obligados a justificar sus ausencias 24 horas antes del plazo fijado para la presentación de preguntas y, si una vez que los grupos registran sus preguntas e interpelaciones el titular de la cartera anuncia su ausencia del pleno, deberá responder otro ministro por él.

El resto de las reformas han sido aprobadas este martes en comisión. Uno de los puntos fundamentales es el referido al conflicto de atribuciones por el bloqueo de leyes en el Congreso de los Diputados. Feijóo ya denunció que 31 leyes aprobadas en el Senado no se tramitan porque la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, las paraliza con ampliaciones sucesivas del plazo de enmiendas. Si fuera posible su tramitación, 17 de ellas podrían ser aprobadas si se mantuviera la misma relación de votos que han permitido su éxito en el Senado.

Con la nueva redacción, se señala que «en el caso de que la tramitación de la proposición de ley por el Congreso de los Diputados se demore de forma injustificada, un grupo parlamentario o veinticinco senadores, mediante texto escrito debidamente motivado, podrán proponer al pleno de la Cámara el planteamiento de un conflicto de atribuciones, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 188 de este Reglamento».

Rechazar un veto

En cuanto al procedimiento legislativo, también se aprobará que «el rechazo de la totalidad de un texto por mayoría absoluta ha de entenderse como un veto y como tal ha de comunicarse al Congreso»; se incorpora «la potestad de la Mesa de rechazar el veto del Gobierno a proposiciones de ley o enmiendas por razones presupuestarias, si se aprecia que los motivos alegados no son fundados»; y en cuanto a las proposiciones de ley a iniciativa de los grupos del Senado, «se elimina la obligación de presentar una memoria de coste económico». Además, a solicitud de un grupo parlamentario, «la Mesa del Senado podrá solicitar a otros órganos del Estado la elaboración de informes sobre los proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados»

En relación con el control al Gobierno, la reforma contempla, entre otras medidas, «la obligación de los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios públicos de comparecer ante las comisiones y sus órganos»; igualmente, «se fijan límites de tiempo para los turnos de intervención de los ministros en las comparecencias ante el pleno y las comisiones (40, 30 y 15 minutos, en los tres turnos del debate)».