Leire Díez niega al Senado su 'pendrive' sobre jueces y fiscales alegando secreto profesional

La fontanera del PSOE, Leire Díez, se ha negado a entregar a la Comisión de Investigación del caso Koldo del Senado el pendrive que le solicitaron acogiéndose a su derecho al «secreto profesional», alegando que podría desvelar «fuentes periodísticas», según el texto del escrito remitido a la Cámara Alta al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La exmilitante socialista imputada por un presunto delito de tráfico de influencia y cohecho por intento de soborno al ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora de altos cargos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y la Fiscalía, justificó la búsqueda de esta información en el marco de una investigación periodística. El pendrive lo entregó el pasado 3 de junio al servicio jurídico del PSOE, y éste lo puso en manos de la Fiscalía General del Estado.

La comisión de investigación del Senado le requirió la información el pasado 12 de septiembre, dentro de las competencias de la misma y del plan de trabajo que se diseña a medida que se van citando a personas vinculadas con esta presunta trama de corrupción. Leire Díez, afín al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, compareció el 8 de septiembre y posteriormente se le reclamó este material. Como sucedió en su día, cuando se presentó como periodista para justificar las conversaciones que mantuvo con Koldo García ofreciendo estos favores judiciales, ahora vuelve a escudarse en el periodismo para no entregar la documentación, amparándose en su «secreto profesional». Díez fue responsable de Relaciones Institucionales de Correos, primero como jefa de área y después como directora, durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, amigo de Sánchez.

En su escrito, afirma: «He mostrado, como no puede ser de otra forma, respeto institucional y deber de comparecencia, respeto a las funciones de control e investigación de esa Cámara conforme al art. 76.2 de la Constitución». Igualmente, señala que hace valer su «derecho al secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información, reconocido en el art. 20.1.d de la Constitución Española». Unos preceptos que, a su juicio, «sustentan que no procede la entrega de materiales periodísticos ni la revelación directa o indirecta de fuentes, salvo supuestos estrictamente excepcionales previstos por la ley y con las debidas garantías».

Leire Díaz expuso al presidente de la comisión de investigación, el popular Eloy Suárez, las «salvaguardas específicas en sede parlamentaria» que le amparan para no atender el requerimiento. Hizo referencia a la «Ley Orgánica 5/1984 que ordena expresamente que las Mesas de las Cámaras salvaguarden el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales en las Comisiones de Investigación (art. 1.2)». Ello implica que «cualquier requerimiento de documentos que pueda identificar fuentes, revelar comunicaciones o exponer metodología periodística debe reputarse no exigible».

La fontanera de Ferraz también alude a la «doctrina constitucional y europea» a la que se puede acoger, subrayando que «la protección del secreto de las fuentes es esencial para el libre flujo de información de interés público». Y afirma que así lo ha reiterado «el Tribunal Constitucional —por ejemplo la STC 30/2022, subrayando que su conculcación ‘destruye la confianza’ en la garantía constitucional y coarta la información de interés público-, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Goodwin c. Reino Unido (27.03.1996), que exige cualquier limitación estrictamente necesaria, proporcionada y excepcional».

Finalmente, en relación con el marco actual y a la evolución normativa, insiste en que «a día de hoy, el Constitucional reconoce el secreto profesional y la cláusula de conciencia (desarrollada por LO 2/1997), y existe además un anteproyecto de ley orgánica para reforzar específicamente la protección del secreto profesional (aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 23/07/2025)». Aunque «aún no es ley vigente, muestra el estándar reforzado que se demanda: medidas solo con autorización judicial motivada y en supuestos límites (vida, seguridad nacional, pilares constitucionales)».

Este pendrive, recuerda Leire Díez, «está en manos de la Justicia». Por lo tanto, señala que, sobre la base de la exposición de los motivos que le amparan en su negativa, se opone a «entregar copia alguna de mi trabajo periodístico en cuanto implica revelar fuentes, contenidos no publicados, materiales de trabajo, metadatos, comunicaciones privadas, agendas, dispositivos o soportes periodísticos».

Reunión con Cerdán

El pasado 3 de junio, Leire Díez mantuvo en la sede del PSOE en Madrid una reunión con el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, actualmente en la cárcel, al que le entregó el pendrive de 224 gigabytes con 51 carpetas de datos sensibles, «años de trabajo periodístico» sobre «víctimas de malas praxis policiales» y que afecta a gente de «todos los partidos», dijo la fontanera del PSOE.

Entre las 51 carpetas que incluye el dispositivo se encuentran datos sobre la Operación Cataluña; denuncias contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; «audios para el fiscal general del Estado» e información comprometedora contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. También existen archivos contra el fiscal José Grinda; causas del BBVA; del abogado de Carles Puigdemont; del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y documentos de periodistas y policías relacionados con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.