El Congreso rechaza agilizar 31 leyes del PP y aboca a un choque con el Senado en el TC

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha negado a desbloquear la tramitación de las 31 proposiciones de ley aprobadas en el Senado con la mayoría absoluta del Partido Popular, lo que aboca a un nuevo choque entre ambas cámaras. Armengol ha respondido al requerimiento aprobado por el Pleno del Senado en noviembre con un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En él se asegura que la Cámara Baja ha «actuado en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones al acordar la ampliación de los plazos de presentación de enmiendas a las iniciativas procedentes del Senado». Ello supone que los populares tienen un mes para presentar ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, inició este curso político anunciando —en una reunión con el grupo del Senado— que presentarían un conflicto de competencias con el Congreso si se sigue negando a tramitar las leyes que aprueba la Cámara Alta. Los populares insisten en lo que han llamado el «congelador» de Armengol para explicar la actitud de la presidenta socialista de la Cámara Baja, que utiliza la artimaña de prolongar el plazo de enmiendas de las leyes, con la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa, e impide que los textos del PP puedan convertirse en leyes.

El bloqueo al PP es absoluto, ya que muchos de esos proyectos de ley se harían realidad dada la debilidad parlamentaria del PSOE, por lo que la única posibilidad de que no lleguen al Boletín Oficial del Estado es bloquearlos y demorar la presentación de estas enmiendas. El PP reaccionó con la amenaza de llevar este conflicto al Tribunal Constitucional, pero primero decidió dar la oportunidad a Armengol de rectificar una actitud que han llegado a definir como un «secuestro» de su actividad legislativa.

El primer paso fue un acuerdo del pleno del Senado por el que se pedía al Congreso de los Diputados la «inmediata conclusión de los plazos de enmiendas de todas las proposiciones de ley remitidas por el Senado que, a la fecha de notificación del requerimiento, hayan superado la duración de la única posible prórroga que permite el artículo 91 del Reglamento del Congreso». Esta notificación se envió el 24 de noviembre al Congreso.

La respuesta fue rápida, y el 26 de noviembre llegaba al registro del Senado la contestación de Armengol, firmada el día 25, en la que, como ya esperaba el Grupo Popular, comunicaba el rechazo al «requerimiento formulado por el Senado, por estimar que el Congreso de los Diputados ha actuado en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones al acordar la ampliación de los plazos de presentación de enmiendas a las iniciativas legislativas procedentes del Senado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento del Congreso».

Ante esta negativa a dejar vía libre a estos proyectos de ley —algunos de los cuales acumulan hasta 60 ampliaciones en el plazo de enmiendas—, el Partido Popular va a llevar este conflicto ante el Tribunal Constitucional. A partir de la entrada de la contestación del Congreso de los Diputados, los populares cuentan con un mes de plazo para sustanciar su recurso ante el alto tribunal.

De esas 31 leyes, hasta 17 podrían aprobarse en el Congreso si los grupos parlamentarios mantuvieran su sentido del voto. Ello permitiría desalojar a los okupas en 24 horas; bajar el IVA a las peluquerías; dar el grado mínimo de discapacidad a las personas en situación de dependencia, lo que reduciría sus cargas administrativas; bonificar las cuotas de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla; reforzar la seguridad jurídica del litoral; reducir el riesgo de incendios forestales atajando la despoblación y el abandono de los montes; regular la posibilidad de asistencia telemática y voto a distancia para los alcaldes y concejales de toda España, en caso de encontrarse de baja por maternidad, paternidad, embarazo de riesgo o grave enfermedad; otorgar a los funcionarios de prisiones más protección, calificándoles de agentes de autoridad, e incluir a la Policía y a la Guardia Civil dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación.

Reducir cargas fiscales

Igualmente, evitar que los afectados por talidomida tengan que pagar impuestos por las ayudas recibidas; obligar al Gobierno a que toda ayuda militar al extranjero sea aprobada por las Cortes Generales; endurecer las penas a los narcos que embisten contra la Guardia Civil para proteger a los agentes que se juegan la vida; utilizar las videoconferencias en las reuniones de las comunidades de vecinos; evitar que los españoles que cobran el SMI tributen por ello; reducir la carga fiscal a los agricultores, pescadores y ganaderos; eliminar la discriminación en el ascenso honorífico al pasar a la situación de retiro de los militares que están de baja por discapacidad; e incluir la despoblación como elemento central en todas las leyes que se aprueben.