Exteriores admite que no ha podido pactar el catalán en la UE con ningún Estado miembro
Las negociaciones con Alemania no han conducido por ahora a ningún acuerdo tangible
Pedro Sánchez y Friederich Merz en una imagen de archivo.
La prometida oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea se ha convertido en un laberinto diplomático y político para el Gobierno de Pedro Sánchez. A más de dos años de que la inclusión de estas lenguas cooficiales en el régimen lingüístico comunitario fuese elevada a categoría de condición sine qua non por parte de Junts per Catalunya para apoyar la investidura del líder socialista, las negociaciones en Bruselas continúan estancadas, sin un horizonte claro ni el consenso unánime de los Veintisiete que exige el Tratado de Funcionamiento de la UE.
El propio Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha admitido que no existe ningún pacto en firme con el resto de socios europeos. «No existe ningún acuerdo suscrito por España con un Estado miembro de la Unión Europea a cambio de su apoyo a la adopción de la modificación del Reglamento 1/58 del Consejo de la UE, para el reconocimiento de la oficialidad en la UE del catalán, el euskera y el gallego», ha señalado Elena Díez, la directora general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea, en la respuesta a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a una solicitud de acceso a la información pública.
El compromiso asumido por el Ejecutivo central ha chocado una y otra vez con la realidad del Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la UE. A pesar de que la propuesta ha sido incluida en el orden del día hasta en seis ocasiones, la necesidad de unanimidad para modificar el Reglamento 1/1958 —la norma que establece el régimen lingüístico de la UE— ha impedido sistemáticamente su avance. La última reunión del CAG en mayo de 2025 volvió a constatar la falta de un acuerdo, obligando a España a optar por retirar el punto y posponer la discusión sine die hasta que se vislumbre una posibilidad real de éxito.
El Gobierno ha insistido en su defensa de la diversidad lingüística, por ejemplo al fomentar la inclusión de las lenguas minoritarias en el catálogo de las plataformas de streaming, pero se ha topado con el obstáculo de las reticencias que manifiestan varios Estados miembros, con Alemania y Finlandia a la cabeza del grupo de países escépticos.
Las objeciones de los socios europeos se fundamentan sobre el coste económico y las implicaciones legales y normativas. La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego conllevaría la traducción e interpretación de todos los documentos y reuniones de las instituciones europeas, un esfuerzo logístico y presupuestario que, según estimaciones internas no oficiales, podría alcanzar cifras millonarias, aunque el Gobierno español se ha comprometido a asumir la carga financiera inicial.
A estas preocupaciones económicas se suma el temor a un posible efecto dominó. Países con lenguas regionales o minoritarias de peso no quieren que la excepción abierta para España pueda ser invocada por otros Estados, desbordando el sistema lingüístico actual de la Unión. Helsinki ha sido de los más explícitos al declarar que la propuesta no está suficientemente madura y que responde a intereses políticos internos en vez de a una necesidad lingüística comunitaria. La Italia de Meloni también expresa reservas y pide más tiempo para analizar las consecuencias jurídicas y financieras de tal cambio.
El golpe en la mesa de Junts
El aplazamiento constante en Bruselas ha provocado una creciente irritación en el seno de Junts per Catalunya, la formación cuyo apoyo era crucial para la estabilidad del Gobierno de coalición y que acabó levantándose de las negociaciones y anunciando una ruptura total con los socialistas. La portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, ha intensificado en las últimas semanas la presión sobre el Ejecutivo de Sánchez, recordándole de forma contundente que la oficialidad del catalán en la UE era una de las contraprestaciones esenciales acordadas en 2023 para garantizar su investidura. Sánchez ha reconocido públicamente estos incumplimientos.
La oficialidad del catalán no se entiende en las filas independentistas como un mero gesto simbólico, sino como un elemento estructural del pacto, equiparable a la ley de amnistía o al traspaso de las competencias en inmigración en su relevancia política. La sensación de estancamiento y la falta de avances tangibles en Bruselas han llevado a Nogueras a emplear un tono cada vez más duro hasta llegar al punto de retirar sus votos, esfumándose así la mayoría parlamentaria que sostenía a Sánchez.
Consciente de que la llave de la unanimidad pasa, en gran medida, por un cambio de posición de Alemania, el Gobierno español ha centrado sus esfuerzos diplomáticos en el gigante germano. Berlín ha sido uno de los líderes del grupo de países reticentes, y su voto favorable es considerado indispensable para desbloquear la situación.
Negociar la oficialidad parcial
Los esfuerzos del Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, se han intensificado en las últimas semanas. El punto álgido de estas gestiones se produjo con la difusión de una declaración conjunta entre España y Alemania, tras un encuentro al más alto nivel. En dicho comunicado, ambos gobiernos acordaban abrir un diálogo para explorar la viabilidad de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Este anuncio fue interpretado por Moncloa como un entendimiento de peso y un primer fruto de la interlocución permanente establecida con el Ejecutivo de Friederich Merz. Sin embargo, ello todavía no ha conducido a ningún acuerdo tangible, y Berlín mantiene su posición.
La apertura del diálogo se limita, por el momento, a mantener un canal de comunicación bilateral para abordar la cuestión, pero sin que implique un compromiso en firme de levantar su veto. Desde la oposición en España se ha insistido en que Alemania mantiene su negativa, y que el anuncio del diálogo fue un intento de Moncloa de rebajar la tensión con Junts en un momento de crisis.
Ante la imposibilidad de alcanzar la unanimidad para una oficialidad plena y equiparable con el resto de lenguas comunitarias, el Gobierno español ha comenzado a explorar vías alternativas. Una de las posibles opciones sería la de negociar una oficialidad parcial que pudiera concretarse en el horizonte de 2027.
Esta vía de negociación buscaría un estatus intermedio que permita el uso de las lenguas en ciertos ámbitos institucionales, como la comunicación escrita con los ciudadanos o la intervención en órganos como el Comité Europeo de las Regiones, sin la implicación de costes y cambios normativos totales que exige la oficialidad plena. Sin embargo, esta posibilidad ha sido recibida con escepticismo e incluso rechazo por parte del independentismo catalán.