El Gobierno ha destinado 329 millones de euros a campañas contra las 'fake news'

El Gobierno destinó 329.492.816,49 euros a la financiación de plataformas digitales, medios de comunicación públicos y grupos audiovisuales para el desarrollo de iniciativas dirigidas a combatir la desinformación y las denominadas fake news. Así se desprende del Informe sobre medidas de alfabetización mediática desarrolladas en España en el periodo 2023-2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El documento recoge las actuaciones de «alfabetización mediática» impulsadas entre noviembre de 2022 y octubre de 2025, así como el volumen de recursos económicos movilizados desde las distintas administraciones públicas para este fin.

Aunque el montante global asciende a más de 329 millones de euros, el informe de la CNMC no ofrece un desglose pormenorizado por beneficiarios concretos. La mayor parte de la financiación se canaliza a través de programas públicos gestionados directamente por las administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico, lo que dificulta identificar a receptores finales específicos. De hecho, el regulador eleva hasta 336,6 millones de euros la financiación agregada del conjunto de programas analizados desde 2022, de la que más del 95% corresponde a iniciativas impulsadas y ejecutadas por organismos públicos.

La denominada «alfabetización mediática» ha sido un concepto recurrente en la agenda del Gobierno durante esta legislatura. En el Plan para la Democracia, presentado por Pedro Sánchez en septiembre de 2024, ya se incluyó explícitamente la promoción de este enfoque en el ámbito educativo, con el objetivo de formar a los alumnos en la detección de fake news y bulos y en la diferenciación entre información veraz y contenidos engañosos. En esa misma línea, el Ejecutivo registró una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Educación, con la que se proponía introducir formación específica en «lenguaje audiovisual, cinematográfico y en su didáctica» destinada al profesorado como herramienta contra la «desinformación».

La CNMC define la «alfabetización mediática», a través de una de sus guías, como «la capacidad de las personas de acceder, comprender, crear y evaluar de forma crítica los diferentes tipos de medios de comunicación y las redes sociales, con el objetivo de participar activamente en la vida democrática». En concreto, subraya que este concepto engloba el desarrollo de competencias orientadas a que los ciudadanos puedan analizar críticamente la información —noticias, imágenes o vídeos—, comprender los contenidos que consumen e identificar sus fuentes.

El informe se enmarca, además, en las directrices impulsadas por la Unión Europea para hacer frente a la desinformación. En este sentido, la CNMC destaca un aumento significativo de la presencia de la «alfabetización mediática» en la normativa vigente. Mientras que en el periodo anterior solo se contabilizaron tres disposiciones legales, en el actual se han registrado un total de 13. De ellas, cinco han sido promovidas a nivel estatal por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, mientras que las ocho restantes han sido impulsadas por comunidades autónomas: Comunidad de Madrid (4), Junta de Andalucía (2), Gobierno de Navarra (1) y Principado de Asturias (1).

El documento también recoge las iniciativas desarrolladas por los medios audiovisuales de titularidad estatal, así como por las cadenas autonómicas y locales y por entidades sin ánimo de lucro. En total, la CNMC ha recopilado 580 medidas de «alfabetización mediática», que incluyen desde acciones divulgativas hasta aspectos de carácter legislativo. Radio Televisión Española (RTVE) encabeza el listado de entidades con mayor número de iniciativas, con 67 medidas, seguida por la plataforma de fact-checking Maldita.es, con 39, y por el grupo Mediaset, con 23, mientras que otros prestadores destacados se sitúan ya en niveles menores. Como novedad, el informe incorpora por primera vez las medidas promovidas por plataformas de intercambio de vídeo e influencers registrados en España.

Otros 10 millones en propaganda para «reafirmar la democracia»

Al margen de las iniciativas centradas específicamente en la lucha contra la desinformación, el Gobierno también movilizó otros 10 millones de euros para el desarrollo de campañas institucionales destinadas a concienciar sobre la democracia, las libertades públicas y los denominados «derechos conquistados». Estas actuaciones fueron impulsadas a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, y se orientaron, entre otros objetivos, al fomento de la memoria democrática, con especial atención a los públicos más jóvenes.

Según consta en el pliego de condiciones analizado por THE OBJECTIVE, el contrato fue publicado el pasado 7 de abril y contemplaba la contratación de una «agencia creativa experta en el ámbito de la publicidad» encargada de idear, desarrollar y ejecutar el conjunto de acciones de divulgación e información institucional. El objetivo declarado era poner en marcha campañas «que permitan avanzar en la construcción de una democracia más fuerte y resiliente», mediante acciones creativas de alcance nacional. Esta estrategia de propaganda respondía, según el pliego, al desarrollo del llamado Plan de Acción por la Democracia.