Guerra entre los letrados de la Generalitat por la defensa de los Mossos agredidos
Un colectivo impugna el decreto del Govern y teme que se vuelvan a pedir penas altas contra manifestantes ‘indepes’
Manifestación independentista.
La decisión del Gobierno de la Generalitat de devolver la representación jurídica de los Mossos d’Esquadra a la Consejería de Interior ha generado un terremoto interno dentro del cuerpo de letrados de la Administración catalana. Como informó THE OBJECTIVE, el Govern de Salvador Illa promulgó el Decreto 213/2025 de reestructuración de la Dirección General de la Policía, que devolvía estas funciones a Interior después de que en 2021 se transfirieran a la Consejería de Presidencia y, en consecuencia, la Generalitat se retirase como acusación particular de muchas causas contra activistas independentistas. Algunos letrados temen que se vuelva a pedir penas más altas o desproporcionadas contra dichos manifestantes.
El colectivo Fòrum d’Advocacia de la Generalitat ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra dicho decreto, que ha sido admitido a trámite. En conversación con este periódico, explican que «están a la espera de si a partir de este viernes o la semana siguiente» el tribunal tome alguna medida, como la suspensión cautelar de esta remodelación.
En su recurso, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el foro se queja de que el nuevo decreto va más allá de devolver estas atribuciones a Interior y que «crea y reorganiza, contra legem, nuevas estructuras jurídicas dentro de la Dirección General de la Policía, con atribuciones de funciones de asesoramiento, representación y defensa, las cuales se encuentran legalmente atribuidas al Cuerpo de Abogacía de la Generalidad de Cataluña».
«Inevitablemente, el despliegue de este Decreto acarreará la oferta y la provisión de nuevas plazas, la asignación de funciones a personal funcionario e interino de escala inferior al Cuerpo de Abogacía de la Generalidad, la creación de dependencias orgánicas y funcionales, así como una reordenación de los circuitos de defensa jurídica penal», abundan. Por todo ello, solicitan, como medida preventiva, la suspensión cautelar de varios artículos del decreto hasta que se dicte sentencia firme. Asimismo, instan a la Justicia catalana a que «las actuaciones de este proceso se tramiten en lengua catalana».
Los Mossos como acusación particular
El anterior Gobierno de Pere Aragonès, tras un pacto con la CUP, derivó esta cobertura jurídica a la Consejería de Presidencia. Este cambio de sistema tuvo como principal consecuencia que la Generalitat, como institución, dejara de ejercer de acusación particular o rebajara su petición de penas, en muchas causas judiciales en las que estaban implicados activistas independentistas.
En aquel momento, los políticos de ERC y Junts per Catalunya necesitaban no enfadar a sus simpatizantes. En especial, tras haber alentado las protestas y manifestaciones en la calle que, en algunos casos, derivaron en agresiones contra los agentes y la imputación en procesos judiciales de algunos de estos activistas independentistas.
Quienes se oponen a la reestructuración sospechan de que puede tener consecuencias sobre el papel de acusación particular que ejercen los Mossos en varios procesos judiciales. Este colectivo de letrados estaría en contra de que se vuelvan a pedir penas más elevadas contra manifestantes y cree que se deben regir por un criterio de proporcionalidad.
Salida de letrados
Cuando en 2021 se cambió el sistema para contentar a la CUP, los principales sindicatos de los Mossos mostraron sus reservas. En el cuerpo policial se consideró que era una manera encubierta de querer debilitar la defensa jurídica de los agentes. En particular, en aquellas causas que afectaban a los activistas independentistas. También comportó una salida de letrados de la administración, como el considerado arquitecto legal de las acusaciones particulares, el abogado Xavier Uriós. O el entonces responsable de Asuntos Penales de la Consejería de Interior, Josep Lluís Florensa, que se incorporó a los servicios jurídicos del sindicato policial Sap-Fepol.
Todo ello coincidió con un periodo en el que los Mossos estuvieron en el punto de mira de los principales partidos independentistas. En el Parlament se creó una comisión sobre el modelo policial —presidida por la líder de la CUP, Dolors Sabater— con el objetivo de avanzar hacia la «democratización» de la política autonómica. Curiosamente, en el momento álgido de esta reestructuración fue cuando se dio a conocer el cese de Trapero al frente de los Mossos. Hasta que el PSC lo recuperó en esta legislatura como director general de los Mossos.