Vox expulsa del Comité de Empresa al 'número dos' de la organización juvenil Revuelta
El partido acusa a Pablo González Gasca de filtrar audios a la prensa e insultar a un compañero
Reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox en la sede nacional del partido.
Vox ha expulsado del Comité de Empresa del partido a Pablo González Gasca, secretario general de la organización juvenil Revuelta. Tras abrirle un expediente disciplinario el pasado mes de diciembre, y despedirlo en vísperas de Navidad, este lunes se produjo una votación secreta en la madrileña sede de Bambú que no contó con la participación del interesado, que no se quiso prestar a lo que considera «una prolongación del escarnio público y privado al que he sido sometido».
Gasca comunicó al partido el pasado viernes que no asistiría a la reunión y pidió que constara en acta una declaración a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE. En esta, el expulsado de Vox denuncia: la asamblea «ha sido realizada de forma unilateral, sin mi participación ni posibilidad de consenso en la fijación de la fecha, a pesar de tratarse de un procedimiento que afecta directa y personalmente a mi condición de representante legal de los trabajadores».
Además, señala: «En el momento de la convocatoria y en la fecha prevista para su celebración me encuentro en situación de baja médica, circunstancia conocida por la empresa, derivada además de un despido producido durante dicha baja, lo que agrava objetivamente mi situación personal, médica y jurídica».
En la misiva remitida al partido, que solicita se lea en la reunión, el firmante denuncia que su despido se produce tras «presiones reiteradas y sostenidas en el tiempo, dirigidas a forzar la entrega o disolución de la asociación Revuelta, en un contexto de persecución interna continuada durante aproximadamente ocho meses». «Dicha persecución se manifestó mediante la imposición de funciones y tareas ajenas a mi marco laboral y a mis funciones contractuales, bajo la subordinación a mandos no orgánicos, recibiendo órdenes, reproches y actuaciones de carácter vejatorio, en ocasiones fuera de mi jornada laboral, todo ello con una finalidad instrumental consistente en limitar mi autonomía personal y profesional, menoscabar mi independencia asociativa y reducir mi capacidad de actuación y decisión, afectando de manera grave a mi dignidad y a mi integridad moral como trabajador», abunda.
Las acusaciones
El secretario general de Revuelta, que trabajó antes de cogerse la baja médica como responsable de marketing digital de Vox, se enteró por la prensa de que se le había abierto un expediente en un momento en el que se encontraba de baja por presiones psicológicas. El partido le acusó de filtrar conversaciones a medios de comunicación y de insultar a otro trabajador, Arturo Villa, en redes sociales. Además, le dio tres días para justificar el gasto en dos hamburguesas y un bono de metro fuera del horario laboral antes de tomar una decisión drástica. Y esa decisión drástica llegó.
El trabajador de Bambú ofreció sus gastos personales a la dirección del partido cuando fue acusado de pasar facturas que le correspondían en realidad a Revuelta. Tal y como publicó este medio, eso hirió el «honor» de Gasca, que se consideraba víctima de un «chantaje» que tenía como fin último que entregara la asociación juvenil al partido, pues su voto como miembro de la ejecutiva era crucial. Así se lo confesó también Javier Esteban, ex jefe de redes sociales de Vox, que admitía que los dirigentes habían cometido un «chantaje» contra su compañero: «La han cagado; se han pasado tres pueblos».
Denuncia «un escarnio»
Gasca considera que la convocatoria de la asamblea «no responde a un proceso natural, orgánico ni espontáneo de los trabajadores», sino que estos han sido condicionados por una autoridad superior: «Mi llamamiento a comparecer en una asamblea celebrada en estas condiciones, estando de baja médica y sin garantías de neutralidad, supone una prolongación del escarnio público y privado al que he sido sometido, con un perjuicio directo, grave y acreditable sobre mi salud mental y física».
Por todo lo anterior, el secretario general de Revuelta no asistió a la reunión de este lunes en Bambú, no reconociendo «la legitimidad del procedimiento», y reservándose «cuantas acciones legales me asisten en defensa de mis derechos fundamentales, mi dignidad personal y mi condición de representante de los trabajadores». Vox, consultado por este medio, no ha querido ofrecer detalles sobre esta votación.
Desde que estalló el caso, Vox ha presentado su actuación como un ejercicio de transparencia y responsabilidad al exigir las cuentas de Revuelta cuando sospecharon irregularidades y al denunciar cuando no se las dieron, mientras que sus juventudes oficiosas han denunciado que la guerra se debe a un intento fallido de control. Revuelta está ultimando una auditoría externa con la que espera lavar su imagen. «Ya se ha auditado 2023 y 2024. Están con 2025 y finiquitado».