El Gobierno tendrá que explicar por qué la DGT homologó balizas V16 a una red china fantasma

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá qué explicar por qué la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior homologó cien balizas del modelo V16 a una red china perseguida por blanqueo, como desveló THE OBJECTIVE. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas para que sean respondidas por escrito, con las que trata de aclarar la situación de dudas y confusión que considera que el Gobierno ha creado con la obligación de utilizar estos dispositivos.

Junto a las preguntas, los populares han pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para informar ante la «falta de seguridad, información a la ciudadanía y la planificación administrativa en cuanto a la aplicabilidad, uso e imposición de sanciones en el marco de la implementación de la señal V16, obligatoria desde enero de 2026, así como de las deficiencias denunciadas durante el procedimiento de homologación».

Los populares interpelan al Gobierno sobre si ha tenido «conocimiento, en el curso de los procedimientos de homologación, que la matriz de Limburg Technology Limited es una empresa que creó una red de más de 9.000 empresas fantasma sobre las que pesan acusaciones de estafa y blanqueo en varios países»; en el caso de que sea así, quieren saber su valoración del hecho de que «la matriz de Limburg Technology Limited, con un centenar de dispositivos homologados y autorizados por la Dirección General de Tráfico (DGT) para comercializar las balizas V16, sea una empresa que creó una red de más de 9.000 empresas fantasma sobre las que pesan acusaciones de estafa y blanqueo en varios países».

La formación que preside Alberto Núñez Feijóo pregunta al Ejecutivo si «tiene previsto materializar alguna medida de utilidad real para esclarecer esta información». Y, de ser así, las «medidas [que] tiene [previstas] impulsar, liderar, coordinar o poner en marcha […] para hacerlo posible» y «en qué consistirán exactamente esas medidas». De no ser así, «por qué razones».

En este campo de la fabricación y compra de estos dispositivos, el Grupo Parlamentario señala que «Correos, como empresa pública, ha comercializado balizas V16 conectadas, fabricadas o suministradas por una o varias empresas privadas, en un ámbito directamente relacionado con la seguridad vial y la protección de los usuarios de la carretera»; y, por ello, se interesa por saber «qué empresa o empresas han sido fabricantes o suministradoras de las balizas V16 comercializadas por Correos, indicando su denominación social completa y el NIF».

Igualmente, interpelan sobre si «se realizó alguna evaluación de la solvencia económica y técnica de la empresa o empresas suministradoras de las balizas comercializadas por Correos, antes de autorizar su venta y, en caso afirmativo, qué órgano la realizó y en qué fecha». Los populares también buscan saber «bajo qué figura jurídica concreta (contrato, acuerdo comercial, convenio u otra modalidad), se articuló la relación entre Correos y la empresa o empresas suministradoras de las balizas V16 y en qué fecha o fechas se formalizó dicha relación».

Garantías de las empresas

El Grupo Popular cuestiona al Gobierno y a Correos; sobre si el primero «tenía conocimiento, en el momento de autorizar la comercialización de balizas V16 de dificultades económicas, riesgo de insolvencia o situación concursal de alguna de las empresas suministradoras y qué actuaciones se llevaron a cabo al respecto». Y sobre la empresa pública, quieren tener constancia de las «garantías contractuales o técnicas» que exigió «a la empresa o empresas suministradoras para asegurar la continuidad del servicio, la conectividad y el mantenimiento operativo de las balizas durante el periodo legal de validez del dispositivo».

Tras las informaciones publicadas relativas a la estructura y situación de empresas vinculadas a la comercialización de balizas, el PP plantea si Correos o el Gobierno han iniciado «alguna revisión específica de la relación con las empresas suministradoras, tras dichas informaciones y, en caso afirmativo, qué medidas se han adoptado o se prevén adoptar».

Otra de las cuestiones que quieren conocer es si el Gobierno «asume responsabilidades por la confusión creada entre los ciudadanos que adquirieron balizas V16 conectadas, confiando en la información oficial de la DGT y que ahora desconocen si esos dispositivos seguirán siendo válidos cuando su uso sea obligatorio».

El Grupo Parlamentario Popular presta atención a la decisión de la DGT de retirar del listado oficial de balizas V16, «de forma repentina, de varios de esos dispositivos, pese a haber sido considerados válidos hasta fechas muy recientes». Una situación que aseguran «ha generado desconcierto entre los conductores y plantea serias dudas sobre la transparencia, la planificación y la seguridad jurídica, con la que el Gobierno está gestionando la implantación de un elemento que será obligatorio en todos los vehículos». Ante esta situación, preguntan «cómo justifica el Gobierno que la Dirección General de Tráfico haya retirado del listado oficial balizas V16 conectadas, que habían sido previamente homologadas, sin advertencia ni explicación pública, y qué responsabilidad asume por la inseguridad jurídica generada».

Retirada de balizas

La retirada de estos dispositivos de los listados oficiales ha afectado a miles de ciudadanos, según el PP, e interpelan al Gobierno sobre «qué respuesta concreta ofrece el Gobierno a los conductores que han adquirido las balizas conectadas, basándose en la información oficial de la DGT y que ahora ven cuestionada su validez»; así como «por qué no se ha previsto ningún mecanismo de protección, compensación o periodo transitorio para estos casos».

Finalmente, plantean al Gobierno si considera que la gestión realizada por la DGT «en relación con la homologación y comunicación de las balizas es compatible con una política de seguridad vial rigurosa y planificada, o reconoce que se han cometido errores que están comprometiendo la confianza ciudadana en esta medida».