El PP exige al Gobierno que desvele los informes que avalan la regularización masiva

El Grupo Popular en el Senado ha registrado una batería de preguntas al Gobierno para que explique los informes técnicos y de seguridad que avalan la regularización masiva aprobada por el Gobierno. Son varias las cuestiones que plantean los populares, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, entre las que se encuentran peticiones relacionadas también con las medidas que se van a poner en marcha para evitar el «efecto llamada».

En el primer paquete de preguntas, subrayan que «diversos expertos en migraciones y seguridad vienen advirtiendo de que determinados procesos de regularización masiva pueden generar un ‘efecto llamada’, si son percibidos como un incentivo para la entrada irregular, con impacto potencial en las rutas migratorias, la presión sobre los servicios públicos y la capacidad del Estado para ejecutar retornos y controlar fronteras». En este contexto, según el PP, «de incremento de la actividad de las mafias y de competencia por el control de rutas, la previsibilidad y el mensaje político asociado a una regularización», creen que «resulta determinante para evitar que la medida sea instrumentalizada por redes criminales y para preservar la credibilidad de la política migratoria».

Para intentar saber cómo se va a controlar la llegada de inmigrantes, preguntan «qué indicadores concretos utilizará el Gobierno para medir si se produce un aumento de entradas irregulares atribuible a expectativas de regularización (evolución por rutas, nacionalidades, perfiles y periodos), y con qué periodicidad hará públicos esos datos». Otra de las cuestiones de interés son las «medidas preventivas que ha previsto el Gobierno para evitar que la regularización sea utilizada como reclamo por mafias de tráfico de personas, y qué refuerzo operativo y judicial se ha planificado contra dichas redes».

Finalmente, sobre el ‘efecto llamada’, interpelan al Gobierno por las «garantías que puede ofrecer de que la regularización no supondrá una desautorización práctica de la política de fronteras y retornos», así como «qué actuaciones concretas se impulsarán para asegurar la ejecución efectiva de expulsiones y readmisiones cuando proceda».

Por otra parte, desde el Grupo Popular en el Senado también se pone interés en las consecuencias que este proceso de regularización masiva de inmigrantes puede tener para la seguridad nacional. Al mismo tiempo, cuestionan si esta medida es coherente con el Pacto Europeo de Migración y Asilo y la posición de España ante los socios de la Unión Europea.

En la exposición de motivos de un segundo paquete de preguntas subrayan que «la eventual puesta en marcha de una regularización de gran alcance puede tener consecuencias directas sobre la política migratoria y de fronteras de España, así como sobre su credibilidad ante las instituciones europeas y los Estados miembros que están reforzando controles, retornos y cooperación con países de origen y tránsito». Si la medida se percibe como previsible o recurrente, sigue diciendo el PP, «puede alterar los incentivos en las rutas, facilitar la narrativa de las mafias y tensionar los mecanismos de gestión y retorno, además de exigir garantías robustas de identificación, seguridad y evaluación de antecedentes». A juicio de los populares, «en este marco, resulta imprescindible conocer la base técnica, jurídica y operativa de la decisión y su alineación con los compromisos europeos».

Por ello, reclaman saber «qué medidas concretas adoptará el Gobierno para evitar que la regularización sea utilizada como reclamo por mafias, y qué refuerzos operativos y de cooperación con terceros países se pondrán en marcha (retornos, readmisiones y control de rutas) antes y después de su anuncio».

Igualmente, quieren que el Ejecutivo aclare «qué informes técnicos y de seguridad (Interior, Policía Nacional, Guardia Civil, CNI, Fiscalía, Frontex u otros) ha solicitado o recibido el Gobierno sobre el riesgo de efecto llamada asociado a la regularización prevista, y cuáles son sus conclusiones principales». Además, tratan de saber «cómo justifica el Gobierno la compatibilidad de esta regularización con los objetivos del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en particular en materia de control de fronteras, retornos y lucha contra redes de tráfico de personas».

Finalmente, el PP reclama los «criterios de elegibilidad y qué controles obligatorios se aplicarán (identificación, verificación documental, antecedentes penales en España y en el país de origen, vínculos con delincuencia organizada o radicalización), y cuántas solicitudes prevé el Gobierno que podrían ser denegadas por motivos de seguridad».