Los funcionarios temen una avalancha de documentos falsos para regularizar inmigrantes
El Gobierno ha rebajado el nivel de los requisitos para presentar las solicitudes de regularización
Largas colas para acogerse al nuevo proceso de regularización de migrantes, ante el Consulado de Pakistán en Barcelona | Europa Press
Los funcionarios de la Administración pública están en situación de alerta por lo que pueda ocurrir con la regularización de medio millón de inmigrantes, aprobada por decreto ministerial el pasado 27 de enero. El Gobierno ha anunciado que dejará un plazo de tres meses (desde abril hasta finales de junio de 2026) para que los solicitantes depositen sus peticiones de regularización, pero el problema de los funcionarios será cómo analizarlas y validarlas. Estas cifras, además, están algo desfasadas. En primer lugar, porque de acuerdo con las cifras actualizadas, los solicitantes podrían rondar las 700.000 personas, como adelantó este diario. Y en segundo, porque la Administración pública carece de los instrumentos técnicos necesarios para abordar una avalancha semejante de peticiones sin refuerzos de plantilla, tal y como empiezan a avisar los sindicatos.
Según varias fuentes sindicales consultadas por este periódico, existe preocupación e incertidumbre entre los funcionarios sobre cómo se abordará la regularización de inmigrantes. Los trabajadores públicos recuerdan la última regularización, que se llevó a cabo en 2005. Entonces se aprobaron 576.000 solicitudes y se descartaron alrededor de 100.000. Pero los requisitos para depositar una solicitud eran más detallados y precisos que los del decreto aprobado ahora por el Gobierno.
En 2005, los solicitantes debían estar empadronados en España en una fecha anterior al 8 de agosto de 2004, demostrar que carecían de antecedentes penales y presentar un contrato de trabajo firmado. Esta vez, los documentos que se exigen son mucho más ambiguos. Será suficiente demostrar haber llegado a España «antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en nuestro país en el momento de presentar la solicitud», según la nota del Gobierno. «Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar», añade el documento.
A raíz de lo explicado por el Gobierno, se entiende que los solicitantes podrán entregar documentos no oficiales para demostrar haber residido en España en los últimos meses. No necesitarán un documento de empadronamiento ni un contrato laboral; será suficiente entregar una factura o un papel de cita médica o documentos similares, que los funcionarios deberán analizar para validar la regularización del migrante.
Certificado médico
El problema, según admiten fuentes de la Administración pública es que los funcionarios carecen de los instrumentos necesarios para saber, por ejemplo, si un certificado médico aportado por un solicitante es real o ficticio. Es decir, que con los instrumentos informáticos de hoy será más fácil falsificar un documento (PDF o similares) o una cita médica para demostrar que han residido durante cinco meses seguidos en España.
La cuestión no es baladí, puesto que las fuentes consultadas aseguran que este proceso puede convertirse en un problema de enorme magnitud para la Administración. Esas fuentes apuntan a un posible «festival de papeles falsos», y recuerdan que casos análogos se dieron durante las regularizaciones de 2001 y 2005, pero ahora existe el problema añadido de que el Gobierno ha permitido más facilidades a los solicitantes.
El segundo problema tiene que ver con la plantilla. Se supone que todo el proceso, o por lo menos una parte destacada, lo abordará la sección de Extranjería de la Administración pública. Según algunos sindicatos como CCOO y CSIF, ya se está alertando internamente de la escasez de plantilla para una tarea de semejante envergadura. CSIF, por ejemplo, ha exigido un encuentro al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para «planificar» la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Uno de los puntos que el sindicato quiere tratar es el «refuerzo de plantillas acorde a la carga de trabajo, con el fin de evitar el colapso de las Oficinas de Extranjería».
Comisiones Obreras lanza un aviso semejante. Para este sindicato, «la regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno impactará directa o indirectamente en una plantilla exhausta, desbordada, sin medios, sin refuerzos y con una presión creciente».
Los sindicatos esperan el final de este mes para decidir qué hacer con respecto a sus peticiones. De momento, prefieren guardar silencio, puesto que tienen un pacto con el ministerio para una nueva propuesta económica para todas las oficinas. Pero si a finales de enero el Gobierno no hubiera movido ficha, lo más probable es que los sindicatos acuerden movilizaciones para reclamar al Ejecutivo más recursos (tanto de plantilla como económicos) para abordar lo que puede convertirse en la regularización masiva y exprés más grande de toda la historia democrática de España.
El presidente Sánchez, mientras tanto, ha querido incidir en la importancia de la medida a través de una columna publicada en el New York Times para contrastar su decisión con la de otras administraciones, entre ellas la de Estados Unidos. «Hay que elegir entre sociedades cerradas y pobres, o abiertas y prósperas […]. Nuestra economía está prosperando. Los extranjeros se están mudando a España. Es nuestro deber convertirnos en la sociedad acogedora y tolerante que nuestros propios familiares habrían esperado encontrar al otro lado de nuestras fronteras», escribe el dirigente socialista.