La Comisión Europea, preocupada por la regularización masiva propuesta por Sánchez
Bruselas considera que la medida anunciada por el Gobierno español va en contra de la línea comunitaria actual
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Luis Tejido (EFE)
La Comisión Europea tiene serias dudas sobre el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder el permiso de residencia a unos 500.000 inmigrantes en situación irregular. Tres funcionarios de la Unión Europea citados por Euronews se muestran preocupados por un posible conflicto con la política actual de la Unión Europea.
La decisión fue pactada con Podemos y anunciada a finales de enero. Está previsto que afecte a las personas que hayan entrado en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Para poder acogerse a la medida, los extranjeros sin papeles deben haber residido en España durante al menos cinco meses o haber solicitado asilo antes de que finalice 2025.
El nuevo decreto concederá a los beneficiarios un permiso de residencia de un año y el derecho a trabajar en cualquier sector y en todo el territorio español, con el objetivo de reforzar el «crecimiento económico y la cohesión social», según explicó el Gobierno en el momento del anuncio. La iniciativa de Sánchez no ha tardado en suscitar recelos en Bruselas.
«No está en línea con el espíritu de la Unión Europea en materia de inmigración», ha señalado uno de los funcionarios comunitarios a Euronews. Otro ha advertido de que una regularización masiva corre el riesgo de transmitir un mensaje distinto al que la UE está comunicando actualmente fuera de Europa para disuadir la inmigración irregular.
Según estas fuentes en Bruselas, una de las principales preocupaciones se centra en la posibilidad de que, con su nuevo estatus, los inmigrantes regularizados puedan viajar por Europa durante un máximo de 90 días por cada periodo de 180 días. El temor es que esto pueda derivar en intentos de establecer residencia en otros países de la UE sin autorización.
El comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, abordará este martes por la tarde la cuestión en el Parlamento Europeo, durante un debate titulado «la política de regularización a gran escala de España y su impacto en el espacio Schengen y la política migratoria de la UE».
Preguntado en enero por la decisión española, Brunner no emitió ningún juicio y se ha limitado a señalar que se trata de una responsabilidad nacional.
La legislación europea busca lo contrario
La legislación más reciente de la UE pretende disuadir la inmigración irregular mediante una política de asilo más estricta, con la vista puesta en incrementar la tasa de expulsiones de inmigrantes en situación irregular.
El cambio en el concepto de «tercer país seguro» amplía las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible, lo que permite a los Estados miembros deportar solicitantes de asilo a terceros países con los que no tengan ningún vínculo.
La primera lista de «países de origen seguros» a efectos de asilo —que incluye Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de todos los países candidatos a la UE excepto Ucrania— acelerará el proceso de asilo, ya que las solicitudes de inmigrantes nacionales de estos países se evaluarán mediante procedimientos acelerados.
Se espera que ambos cambios legislativos queden definitivamente aprobados por el Parlamento este martes.
Otra ley propuesta por la Comisión, denominada «reglamento de retorno», permitirá la deportación de inmigrantes en situación irregular a terceros países distintos de los de su origen, siempre que existan acuerdos bilaterales con países de la UE.
Una parte central del Pacto de Migración y Asilo de la UE, aprobado durante el mandato anterior y actualmente en fase de aplicación, se centra en los procedimientos en frontera y su gestión digital, así como en la armonización de las mismas normas para todas las fronteras exteriores del espacio Schengen.