El PP extremeño tramita el desahucio del PSOE de un edificio público que 'okupa'

El Ayuntamiento extremeño de Don Benito ha iniciado los trámites administrativos para que la Junta de Extremadura le ceda el inmueble de titularidad autonómica que el PSOE utiliza como casa del pueblo en dicha localidad pacense desde hace cuatro décadas sin abonar ningún alquiler por ello.

El concejal de Relaciones Institucionales, Ángel Valdés, ha informado este miércoles de la solicitud formal remitida a la Junta de Extremadura para la cesión del inmueble ubicado en el número 8 de la calle Cecilio Gallego. El edificio de tres plantas, cuya titularidad autonómica fue confirmada por THE OBJECTIVE a principios de febrero, fue transferido a la Junta extremeña mediante el real decreto 2464/1982 en materia de cultura y, posteriormente, cedido al Ayuntamiento dombenitense en 1984 a través de un convenio de colaboración para destinarlo a centro social. 

No obstante, el actual equipo de gobierno, que dirige Elisabeth Medina (PP), no ha encontrado en los archivos municipales copia de dicho convenio ni documentación que acredite la cesión o adscripción del inmueble en beneficio del PSOE. Asimismo, el  edificio no figura en el inventario de bienes inmuebles del consistorio ni está siendo utilizado para fines públicos en la actualidad.

Por ello, el Ayuntamiento de Don Benito ha solicitado formalmente a la Consejería de Cultura el inicio del procedimiento administrativo para la concesión del inmueble «por el período máximo permitido», con el fin de destinarlo a actividades sociales, culturales y deportivas en colaboración con asociaciones y colectivos locales. «Entendemos que esta cesión es vital para poder atender la creciente demanda de espacios en nuestra ciudad», señaló Valdés en un comunicado.

La Junta de Extremadura acreditó por escrito que el PSOE no ha estado pagando el alquiler de su sede en la localidad de Don Benito desde hace varias décadas. «No constan ingresos por alquiler dado que no existe arrendamiento alguno del inmueble», indicó el Ejecutivo de María Guardiola en una respuesta a través del Portal de Transparencia a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE.

El inmueble es propiedad de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. En 1984, la Junta de Extremadura dirigida por Juan Carlos Rodríguez Ibarra cedió el local al Ayuntamiento dombenitense por tres años. En su cláusula segunda se estipulaba que la transferencia de este inmueble de titularidad autonómica era «para el fomento y promoción de actividades deportivas, juveniles y culturales» en el pueblo. Entre las condiciones se subrayaba que tenía que tener «preferentemente utilización social y deportiva».

La cláusula tercera del convenio, al que ha tenido también acceso este periódico, fijó una duración del mismo en los citados tres años «a contar desde el siguiente día de la firma, pudiendo no obstante renovarse o rescindirse por mutuo acuerdo antes de su término». Sin embargo, «no consta en esta administración regional la renovación del mencionado convenio y, realizada la consulta correspondiente al Ayuntamiento de Don Benito, se informa que en el archivo municipal no se ha encontrado documentación alguna que acredite la cesión del inmueble a terceros ni la existencia de convenio de colaboración relacionado con el mismo» para que el PSOE lo utilizase como sede local.

Desde el Servicio de Patrimonio Municipal se ha verificado que el inmueble no figura inscrito en el inventario de bienes del ente local, «ni como bien de dominio público ni como bien patrimonial», por lo que el lugar donde tiene su sede el PSOE «no está siendo utilizado actualmente por ese Ayuntamiento, ni consta adscripción alguna a servicio municipal alguno». Además, el abono de los suministros de agua y luz «no es realizado por la Junta de Extremadura», por lo que corre a cargo de las arcas socialistas en dicho municipio de la provincia de Badajoz.

La polémica sobre la sede del PSOE en Don Benito saltó en noviembre. Una reclamación de pago emitida a través del Organismo Autónomo de Recaudación OAR de la Diputación de Badajoz, en la que se solicitaba el abono del impuesto de bienes inmuebles (IBI), puso sobre aviso a los funcionarios de la Junta de Extremadura, que desconocían esta circunstancia. Las fuentes consultadas indicaron a TO que en aquel momento existía una deuda acumulada desde 2016 que superaba los 13.000 euros.

Tras esa notificación, se confirmó que el edificio en cuestión es el mismo que el PSOE de Don Benito emplea como sede desde hace varias décadas y cuya propiedad corresponde a la Junta de Extremadura. Se trata de un inmueble de 492 metros cuadrados, construido en 1970, que cuenta con tres plantas de altura. Se desconoce cómo y en qué momento un inmueble propiedad de la administración autonómica pasó a convertirse en la sede de la formación socialista.

El actual delegado del Gobierno en Extremadura y presidente de la gestora del PSOE en dicha región, José Luis Quintana, se autoconcedió una licencia de obras para reformar la sede socialista en 2021 cuando él era alcalde en dicha localidad. El montante fue de aproximadamente 44.000 euros. Dos años antes, en 2019, el regidor hizo una consulta técnica interesándose por la compra de la sede emplazada en el centro de la ciudad. Unas instalaciones que habían pasado por las manos de la Cooperativa Obrera Unión Progreso de Don Benito, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Don Benito y la delegación local del Movimiento Nacional franquista.

La reforma de la sede del PSOE de Don Benito siempre estuvo envuelta en un halo de misterio. No se supo cuánto dinero se había gastado en la reforma ni tampoco su verdadera titularidad. De hecho, en algún encuentro con afiliados, Quintana dijo lo siguiente: «Mejor no preguntéis». Es evidente que el entonces edil y secretario general del PSOE en la localidad sí lo sabía, pues se había interesado en la compra del inmueble.

Al menos desde el 1 de junio de 2005, el OAR, dependiente de la Diputación de Badajoz, se convirtió en el ente administrador de la recaudación del IBI. Una figura fiscal por la que el PSOE de Don Benito no ha mostrado el más mínimo interés en los últimos años, según atestiguan testigos consultados por este periódico. La concatenación de olvidos del hoy delegado del Gobierno de Pedro Sánchez no es baladí. La razón es que el organismo fiscalizador dependía en esas fechas de Miguel Ángel Gallardo, exlíder de los socialistas hasta hace unas semanas y procesado en el caso David Sánchez.