La Eurocámara debatirá la imposición de la baliza V16 en España

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analizará este jueves cuatro peticiones ciudadanas relativas a la decisión del Gobierno de España de imponer la obligatoriedad de la baliza luminosa V16 conectada al sistema DGT 3.0 a partir del 1 de enero de 2026, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes populares europeas. Estas peticiones, que ya han sido admitidas a trámite y figuran en la agenda de trabajo de la comisión parlamentaria, serán objeto de estudio por parte de los eurodiputados, que evaluarán su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea y escucharán los argumentos de los peticionarios.

La Comisión de Peticiones es el órgano encargado de examinar las denuncias de ciudadanos europeos que consideran que una medida nacional vulnera la normativa comunitaria o sus derechos fundamentales, y podrá solicitar explicaciones a la Comisión Europea o promover actuaciones adicionales. El Partido Popular considera que la obligación de utilizar este dispositivo constituye una carga legal y económica exclusiva para los conductores con vehículos matriculados en España, que nada tiene que ver con el derecho comunitario y cuyo fin solo es recaudatorio.

Una de las peticiones denuncia directamente la imposición de este dispositivo como equipamiento obligatorio en los vehículos matriculados en España, al considerar que supone una carga normativa y económica adicional para los conductores. Las otras tres peticiones solicitan expresamente al Parlamento Europeo que revise la compatibilidad de la normativa española con el Derecho comunitario, al entender que esta obligación podría vulnerar los principios fundamentales de la Unión, en particular en relación con la igualdad de trato entre ciudadanos europeos y el correcto funcionamiento del mercado interior.

Los peticionarios señalan que esta exigencia afecta exclusivamente a los conductores con vehículos matriculados en España, mientras que los vehículos procedentes de otros Estados miembros pueden circular por el mismo territorio sin estar sujetos a esta obligación, lo que, a su juicio, podría constituir una discriminación contraria a los Tratados europeos. Asimismo, las denuncias trasladan a las instituciones europeas la necesidad de evaluar el impacto económico de esta medida sobre los ciudadanos y determinar si la normativa española se ajusta al marco jurídico europeo.

Hace unos días, la Comisión Europea confirmó, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que el Gobierno de España no notificó a Bruselas, tal y como exige la legislación europea, la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16, lo que plantea problemas jurídicos y llega incluso a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor. Además, reconoció que esta imposición puede afectar al mercado interior, al señalar que la introducción de requisitos técnicos nacionales específicos «puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio».