El Consejo de Estado apoya, con cambios, el informe para convertir el aborto en un derecho
Los consejeros han forzado cambios en el dictamen de la exministra María Luisa Carcedo
Carmen Calvo. | Álex Cámara (Europa Press)
El pleno del Consejo de Estado ha aprobado este jueves, «aunque con cambios», el informe no vinculante que había presentado la exministra María Luisa Carcedo sobre el anteproyecto de ley del Gobierno que busca convertir el aborto en un derecho constitucional, a través de reformar la Carta Magna.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el documento ha salido adelante con tan solo seis votos en contra, de un total de 32 miembros. No obstante, durante el debate han intervenido hasta 15 consejeros que se han mostrado en contra del informe de la exministra, de ahí que se hayan forzado cambios en el dictamen.
El pleno se ha desarrollado entre grandes discrepancias de los asistentes que.,en su mayoría, según estas fuentes, discrepaban sobre el camino elegido por Sánchez para intentar convertir el aborto en un derecho. Incluso los miembros más cercanos a posiciones de izquierda, mostraron su malestar. En total han sido 15 las intervenciones, todas ellas en contra. A la vista de esta situación, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, hizo un receso y presentó otro texto, con modificaciones sobre el de Carcedo, que finalmente es el que ha salido adelante. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón presentó su dictamen como voto particular, como ya adelantó este periódico.
Este desenlace no surge de la nada. La tramitación del asunto ha estado marcada por la controversia desde que, en octubre de 2025, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el anteproyecto para modificar el artículo 43 de la Constitución —el relativo a la protección de la salud— y vincular el aborto a la «salud sexual y reproductiva». La estrategia elegida evita la vía agravada de reforma constitucional (artículo 168), que exigiría mayorías de dos tercios en ambas cámaras, disolución de las Cortes y referéndum, y opta por el procedimiento ordinario (artículo 167), mucho más sencillo. Fuentes jurídicas consultadas en su momento calificaron esta maniobra de «fraude» porque, en esencia, se estaría afectando a un aspecto ligado al derecho a la vida (artículo 15) sin seguir el procedimiento que le correspondería.
El primer choque se produjo cuando la Comisión Permanente rechazó el dictamen elaborado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón —uno de los padres de la Constitución de 1978 y miembro de la Sección Primera—. En ese informe, Miñón advertía de que la reforma pretendía «colar» un derecho fundamental por la puerta de atrás y eludir las garantías constitucionales del artículo 15. La falta de acuerdo fue tal que se suspendió el pleno previsto para ese mismo día. La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, optó entonces por una solución de urgencia: encargar un nuevo dictamen a María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad socialista y presidenta de la Sección Novena (la competente en materia de derechos sociales, igualdad y Agenda 2030).
En su texto, Carcedo reconocía que no existía obstáculo jurídico insuperable para la reforma del artículo 43, pero introducía una crítica de calado a la «oportunidad política» de la iniciativa. Cuestionaba expresamente que el Gobierno justificara la elección del precepto por razones de «celeridad» y de evitar un posible cambio jurisprudencial futuro (en alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023), y recordaba que la decisión debía regirse por criterios estrictamente jurídico-constitucionales, no por cálculos de viabilidad parlamentaria. Además, señalaba que el aborto, como derecho fundamental, no encajaba de forma natural en los «principios rectores de la política social y económica» del Título I, Capítulo III de la Carta Magna.
Precisamente ese dictamen de Carcedo era el que se debatía este jueves. La sesión ha sido larga y tensa. 15 consejeros expresaron su discrepancia —algunos alineados con las tesis de Miñón, que incluso había anunciado su intención de defender un voto particular—, lo que ha obligado a introducir modificaciones en el texto final. El resultado es un informe favorable al fondo de la reforma, pero más matizado y menos complaciente con los argumentos políticos del Ejecutivo de lo que probablemente deseaba Moncloa.
Aunque el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, su peso político es indiscutible. Servirá de aval —aunque con asteriscos— al Gobierno para seguir adelante con su proyecto de reforma constitucional, uno de los compromisos estrella de la legislatura con sus socios de izquierda. La secuencia completa de estos días —rechazo del informe crítico, encargo a una exministra afín, debate bronco y aprobación con cambios— ilustra la intensidad del pulso interno que se libra en el principal órgano consultivo del Estado cuando se toca un asunto tan sensible como el estatuto constitucional del aborto.