El PP fuerza en el Congreso una votación para que el Gobierno paralice las regularizaciones

El Grupo Parlamentario Popular quiere forzar la retirada «con carácter inmediato» del proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez para la regularización masiva de inmigrantes y ha registrado una moción en el Congreso de los Diputados, consecuencia de interpelación, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Esta moción será votada en el próximo pleno, que se celebrará después de las elecciones de Castilla y León, en la semana del 16 al 20. El PSOE tiene difícil conseguir apoyos suficientes para evitar el castigo de la Cámara, ya que Junts se ha desmarcado de esta medida y unirá sus votos, con toda probabilidad, a los del PP, Vox y UPN, provocando una nueva derrota del Ejecutivo.

La moción tiene dos puntos y pretende que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno, por un lado, a «renunciar con carácter inmediato al proyecto normativo de regularización masiva que carece de requisitos, por ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo». Y, por otro, «ejecutar de manera efectiva las órdenes de retorno de acuerdo con la normativa vigente, revisar los acuerdos en materia migratoria con terceros países para asegurar su cumplimiento, así como garantizar la expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes».

En la exposición de motivos de la moción, los populares señalan que «la regularización masiva que el Gobierno ha impulsado no responde a una planificación estratégica ni a un análisis riguroso de los flujos migratorios y de las necesidades del mercado laboral español», sino más bien a «una operación política», que está «concebida sin datos objetivos, sin planificación real, sin recursos suficientes y sin respeto alguno a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos ni a los compromisos europeos que han asumido todos los Estados miembros de la Unión Europea en esta materia».

El Gobierno, dice el Grupo Popular, «sostiene que la medida afectará a unas 500.000 personas». Sin embargo, «estimaciones independientes elevan la cifra a 840.000 e informes técnicos policiales advierten de que el impacto real podría superar el millón o incluso 1,2 millones de personas si se computan reagrupaciones familiares y solicitudes derivadas». Por lo tanto, afirman que «estamos ante la mayor regularización extraordinaria de la historia reciente, sin que el Ejecutivo pueda precisar cuántas personas se verán realmente beneficiadas».

El Partido Popular recuerda que «los propios responsables de Extranjería han advertido de la imposibilidad material de gestionar un volumen de expedientes de tal magnitud con las actuales estructuras administrativas, ya de por sí saturadas». Además, «la redacción actual del proyecto de real decreto para la regularización extraordinaria compromete gravemente la verificación de identidad y la comprobación efectiva de antecedentes penales y policiales de los solicitantes».

En el texto de la moción se subraya que «no existe urgencia objetiva que justifique la tramitación acelerada del decreto», pero que, no obstante, «el Gobierno ha optado por la vía de urgencia, reduciendo las garantías normativas, limitando el debate y evitando la participación del resto de las administraciones afectadas». Asimismo, «tampoco se ha presentado una memoria económica, y, por tanto, no existe evaluación real del impacto sobre la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales o las políticas activas de empleo».

El Grupo Parlamentario Popular cree que «la regularización que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez premia a quienes han entrado o permanecido en España incumpliendo la ley, mientras miles de personas esperan durante años para regularizar su situación por las vías ordinarias, cumpliendo con los requisitos establecidos». A juicio de los populares, «el mensaje que se transmite es demoledor: en España la irregularidad termina teniendo recompensa», un mensaje que «tiene consecuencias», ya que «desincentiva la inmigración legal y ordenada, erosiona la credibilidad del sistema y mina el principio básico de cualquier Estado de derecho: el cumplimiento de la ley». Estas consideraciones le llevan a afirmar que «España es un país abierto, pero no puede ser un país sin reglas».

Efecto llamada

La formación que preside Alberto Núñez Feijóo destaca que «la regularización masiva refuerza el efecto llamada desde países de origen, de tránsito e incluso desde otros Estados miembros de la Unión Europea». Un incentivo, entiende, que «alimenta a las mafias de tráfico y trata de personas, incrementa la presión sobre las fronteras y tensiona especialmente territorios como Melilla, Ceuta, Canarias, Andalucía, Murcia o Baleares».

Por otra parte, apunta el PP, «cabe recordar que España ha suscrito y debe cumplir con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuyos pilares son claros: control de fronteras exteriores, responsabilidad compartida y retornos eficaces» y «la regularización masiva propuesta va en dirección contraria a ese marco». Finalmente, sostiene que «la Comisión Europea ha recordado en las últimas semanas que las decisiones nacionales no deben generar efectos negativos sobre el conjunto del espacio Schengen» y que «convertir a España en el eslabón débil de la política migratoria europea no es una política de Estado, todo lo contrario, es una grave irresponsabilidad».