Saiz rechaza publicar los informes sobre los menas en Canarias que le ordenó el Supremo
Inclusión considera que esos documentos forman parte de un procedimiento judicial que se encuentra en curso
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz. | Alejandra Svriz
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rechazado hacer públicos los informes quincenales sobre los menores extranjeros no acompañados (menas) en Canarias que el Tribunal Supremo ordenó elaborar al Gobierno. Así consta en una resolución de transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en la que el ministerio que dirige Elma Saiz deniega facilitar esa información y documentos solicitados al amparo de la Ley de Transparencia.
La obligación de elaborar estos informes se remonta al conflicto abierto en 2025 entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario por la gestión de los menores inmigrantes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ordenó entonces al Estado adoptar medidas para garantizar que los menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias pudieran acceder al sistema estatal de acogida. Para supervisar el cumplimiento de esa orden, el Alto Tribunal exigió que se elaboraran informes periódicos sobre la situación y el traslado de estos menores.
La solicitud de acceso a esos documentos se registró el 4 de septiembre de 2025, cuando se pidió recibir los informes elaborados hasta ese momento sobre la situación de los menores no acompañados en el archipiélago. Tras analizar la petición, la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional decidió denegar el acceso, al considerar que esos documentos forman parte de un procedimiento judicial que se encuentra en curso.
Pueda perjudicar la igualdad de las partes
El Gobierno sostiene que elaboró estos informes para remitirlos al Tribunal Supremo dentro del litigio abierto entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre la atención a menores inmigrantes. Por ese motivo, el Ministerio invoca el límite previsto en el artículo 14.1.f de la Ley de Transparencia, que permite restringir el acceso a información cuando su divulgación pueda perjudicar la igualdad de las partes en un proceso judicial o afectar a la tutela judicial efectiva.
El Ministerio de Migraciones también argumenta que la difusión de determinados datos podría afectar al interés superior del menor. En concreto, advierte de que la publicación de información relacionada con traslados o ubicación de menores solicitantes de protección internacional podría perjudicar su seguridad o su bienestar, al tratarse de personas especialmente vulnerables.