España condena los ataques a infraestructuras energéticas y llama a su «cese inmediato»

El Gobierno de España ha condenado los ataques contra infraestructuras energéticas críticas –refinerías de petróleo y yaciemientos de gas– en Oriente Próximo, tales como el ataque israelí contra el yacimiento de gas de South Pars, en Irán, y el «brutal bombardeo» iraní contra Ras Laffan, en Qatar, instando al «cese inmediato», al tiempo que ha recordado su postura a favor de «una urgente desescalada».

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación condena la advertencia de evacuación de Irán a la población de los países del Golfo Pérsico que resida cerca de plantas gasísticas o refinerías de petróleo, que califica de «ilegal, injustificable y de imposible cumplimiento».

En este sentido, define la amenaza del régimen iraní como una demostración de intenciones de «proceder deliberadamente» a «ataques flagrantemente ilegales» en el marco del Derecho Internacional. Además, condena dichos ataques como una «violación del Derecho Internacional Humanitario» que amenazan la vida de población civil inocente.

Desde el Gobierno de España, que «rechaza en los términos más enérgicos» estos ataques, se señala que suponen «una nueva escalada en el conflicto, de consecuencias humanas y medioambientales imprevisibles».

Siguiendo la línea desde que estalló el conflicto, el Ministerio de Exteriores ha llamado al «cese inmediato» de estos ataques y ha llamado a la desescalada, la diplomacia y la «contención de todas las partes» para evitar mayores «efectos desestabilizadores con consecuencias globales».

En esta misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado en una entrevista en BBC News, recogida por Europa Press, que tanto los ataques de Israel como los de Irán «son increíblemente peligrosos, tanto para la vida humana como para el medio ambiente» y ha destacado «el tremendo impacto en los precios».

«Esta es una guerra sobre la que Europa no fue consultada ni informada», pero que está «dañando el bienestar» de los ciudadanos españoles y europeos, ha remachado el ministro de Exteriores.