El PSOE desprecia a las víctimas de okupación en Bruselas y se marcha antes de que hablen
La socialista Sandra Gómez ha abandonado el hemiciclo en Bruselas cuando intervenían afectados por el fenómeno
Víctimas de la okupación en Bruselas.
A los numerosos desprecios a nivel nacional se suma ahora el desprecio internacional. Tras años, desde 2021, intentando en balde que el Gobierno de Pedro Sánchez atienda sus demandas, la Plataforma de Afectados por la Ocupación acudió este martes a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para denunciar «el desamparo de las víctimas por la legislación española». Ahí, la eurodiputada socialista Sandra Gómez, a quien la plataforma solicitó una reunión previa a su comparecencia, abandonó el hemiciclo cuando comparecieron las víctimas, que consideran que se trata de «un nuevo desprecio» de los socialistas.
El desplante fue afeado en directo por Ricardo Bravo, portavoz de los afectados por la okupación, quien se presentó con una camiseta con el eslogan «no somos un bulo», en referencia a cómo la izquierda muchas veces zanja con ese anatema el debate sobre este fenómeno que afecta, según la plataforma, a unos 100.000 propietarios en España, con una medida de ocupaciones diarias. «Nos tienen un bloqueo absoluto a gente que estamos sufriendo las consecuencias de sus políticas, y ya va siendo hora de que se entere toda España y Europa», denunció Bravo ante los europarlamentarios presentes.
La plataforma recuerda cómo, hace apenas dos años, la eurodiputada socialista Cristina Maestre apoyó la propuesta de los afectados en el Parlamento Europeo, reconociendo abiertamente la dureza de la okupación e inquiokupación. «Aquel espejismo de empatía ha mutado en una desidia de un silencio atronador: la Ministra de Vivienda no solo ha ignorado las decenas de peticiones de reunión de esta Plataforma, sino que el PSOE ha pasado al desprecio institucional», denuncia Ricardo Bravo.
Los afectados por la okupación consideran que el Gobierno ha cedido sus viviendas «gratis durante años para ejercer de escudo social»: «Para el Ejecutivo español, el pequeño propietario no ha sido una víctima a proteger, sino el asistente social forzoso que dispone de su propiedad para cubrir su escudo social».
El origen del conflicto, consideran, radica «en una gestión de vivienda nefasta: mientras el Banco de España cifra en 700.000 las viviendas necesarias para cubrir la demanda, el Gobierno ha sustituido la construcción de vivienda social por el uso indiscriminado de la propiedad privada, al convertir las casas de particulares en el recurso gratuito para cualquier persona declarada vulnerable, sin valorar cómo haya accedido o permanecido en el inmueble. El Ejecutivo ha logrado maquillar su incapacidad para frenar los desahucios a costa de hundir económicamente a familias trabajadoras que dependen de su única propiedad en alquiler».
Desde octubre de 2021, la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha solicitado mensualmente reuniones con los Ministerios de Vivienda y Justicia sin recibir una sola respuesta. Esta pasividad ha tenido este martes su último episodio, con la eurodiputada Sandra Gómez plantándoles en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas.
«Estamos ante una anomalía democrática en la Unión Europea. Exigimos que el Gobierno de España asuma su función de protección social sin derivarla a los ciudadanos. No se están protegiendo derechos; se está obligando a familias inocentes a pagar el precio de la ineficacia estatal», zanjan.