Albares informará al Parlamento del acuerdo de Gibraltar justo la víspera del fin de la Verja

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparecerá el 9 de abril en el Congreso y el 10 en el Senado para explicar todos los detalles del acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido sobre Gibraltar, según adelantó la agencia Servimedia y ha confirmado un portavoz del jefe de la diplomacia a THE OBJECTIVE. Ello supone que Albares informará a los diputados la víspera de la aplicación provisional de dicho acuerdo, previsto para el 10 de abril, con el que se suprimirá la Verja que separa el territorio de la colonia británica de la zona española del Campo de Gibraltar.

Ese día se activa en todas sus fronteras exteriores de la UE un sistema de registro biométrico a todos los ciudadanos de fuera de la zona Schengen, por lo que las colas de gibraltareños que quieran cruzar a España aumentarían de forma considerable. Los cerca de 15.000 trabajadores españoles transfronterizos que trabajan a diario en el Peñón también se verían afectados por una medida británica idéntica como respuesta, de modo que a ninguna de las partes le interesaba llegar a esa fecha sin acuerdo.

Albares, por tanto, se limitará a informar y escuchar las opiniones de los grupos parlamentarios sin margen de maniobra antes de la entrada en vigor del acuerdo y, sobre todo, sin someter a voto de ambas Cámaras dicho texto de más de mil páginas que han negociado en los últimos años la Comisión Europea -con la ayuda y vigilancia de los diplomáticos españoles- y el Reino Unido.

Todo lo relacionado con este acuerdo ha estado en la penumbra. El esperado texto del acuerdo entre Bruselas y Londres sobre el futuro de Gibraltar se distribuyó a finales de febrero solo en su versión en inglés, después de que pasasen ocho meses de la fumata blanca en Bruselas y dos desde que se anunciara en la capital comunitaria que habían concluido las negociaciones técnicas. Bruselas no cerró ningún artículo ni anexo sin el beneplácito del Gobierno español.

En círculos diplomáticos sorprendió la divulgación de un texto de 1.034 páginas de gran complejidad técnica sin versión al castellano cuando Exteriores cuenta con un equipo de traductores jurados de primer nivel. Y a menos de 50 días de la aplicación provisional del acuerdo y el desmantelamiento de los controles en la Verja. Unos pasos que se tienen que dar antes del 10 de abril. La traducción al español tardó quince días en hacerse pública.

Las citadas fuentes sospechan que todos estos retrasos buscan «deliberadamente» postergar todo lo posible el decisivo voto en el Parlamento Europeo, donde los socialistas son la segunda fuerza y tendrán que buscar aliados. O, si se prefiere, que se produzca dicha votación «como un hecho consumado» tras varios meses de aplicación provisional del nuevo tratado en el que gibraltareños y españoles podrán tener plena libertad de movimientos sin enseñar un DNI o un pasaporte para cruzar de un lado al otro de la Verja.

Fuentes del PP ya advirtieron que «las prisas son malas» en la cuestión de Gibraltar. «La aplicación provisional, sin someterlo a las Cortes y marginando al primer partido de España como es el PP, busca evitar los nuevos sistemas de control fronterizo europeo que entrarán en vigor el 10 de abril», incidieron.

«Es una vergüenza que el Gobierno de Sánchez haya tenido secuestrado el texto del acuerdo de la UE con el Reino Unido sobre Gibraltar», se quejó un eurodiputado del PP después de constatar cómo la Comisión Europea ha retrasado hasta el límite su publicación mientras el ministro principal de la Roca, Fabian Picardo, lo debatía desde semanas antes «a puerta cerrada» con las autoridades locales del Peñón. «Sin embargo, el ministro Albares no ha tenido a bien informar de su contenido a nadie. Hurtar el conocimiento y el debate sobre dicho acuerdo al PP y al resto de fuerzas políticas del arco parlamentario es una cacicada impropia de un país democrático», opinó este representante popular.

«Lo que sí sabemos es que el Gobierno de Sánchez ha renunciado, en la mejor de las coyunturas posibles para hacer valer nuestros legítimos intereses, a la reivindicación histórica de España sobre la soberanía del Peñón, que conforme a Naciones Unidas sigue siendo un territorio no autónomo, pendiente de descolonización. De esta forma se perpetúa una colonia en territorio europeo, en este caso español», advirtieron desde el grupo popular español en la Eurocámara.

«Sánchez claudica para que las Cortes no decidan»

En Génova criticaron a Albares porque cualquier acuerdo sobre Gibraltar «debe ser debatido y votado en las Cortes por razones constitucionales y por sentido democrático». Para ello, se esgrimió que «lo que afecta a los españoles se decide en el Parlamento español». Albares ya adelantó con la solicitud de una comparecencia en este sentido, pero el Ejecutivo evitará someter a voto al tratado entre la UE y el Reino Unido para no arriesgarse a una derrota parlamentaria que comprometería casi seis años de negociaciones.

«El acuerdo dilapida la posición de ventaja que tenía España con el Brexit sobre la soberanía de Gibraltar. Sánchez claudica para que las Cortes no decidan. También quiere gobernar sin el Parlamento en este caso», hizo hincapié la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo. Sobre la llamada «prosperidad común» que traerá al acuerdo a la colonia y la zona adyacente española, el PP consideró que este concepto se menciona «exhaustivamente» en el texto, pero en ningún momento se detallan «inversiones, programas, qué transferencias se van a realizar… y algo muy importante: no cabe prosperidad compartida sin una equiparación fiscal». De ahí que el eurodiputado popular tildase dicho espacio de «fantasmagórico».

El PP ve varios «peligros añadidos»: el Reino Unido consigue que España asuma la base militar instalada en la colonia en un espacio, además, «ilegalmente ocupado», donde llegan y se reparan submarinos nucleares. «Y el colmo de la capitulación es que se pretende crear una empresa conjunta para gestionar el aeropuerto que puede constituirse en cualquier país de la UE […] menos en España», concluyó el principal partido de la oposición.

Exteriores, por su parte, señaló en un comunicado que dicho tratado elimina la Verja, por lo que dejará de existir «el último muro físico de la Europa continental» —el otro está en la isla de Chipre, concretamente en Nicosia—, y garantiza la libre circulación de personas y mercancías. Además, establece un marco de cooperación fiscal, medioambiental y social, manteniendo «intacta» la posición española sobre la soberanía del territorio en disputa. «No habrá controles de pasaporte entre ambos territorios. España asumirá los controles Schengen en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar. Asimismo, las autoridades españolas tendrán la última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia», sobre todo en los de larga duración, ya que tendrá derecho de veto, subrayó el departamento de Albares.

El acuerdo incluye como principal novedad la presencia de agentes españoles en los controles fronterizos del aeropuerto y puerto de la Roca, así como la posibilidad de realizar «patrullas conjuntas» dentro de la colonia británica. Durante la negociación del acuerdo, se fijó en un primer momento el despliegue de Frontex junto a la Policía española en Gibraltar para realizar los controles fronterizos de entrada al espacio Schengen durante un periodo inicial de cuatro años. Sin embargo, en el texto final se ha eliminado toda mención a Frontex, por lo que no habrá agentes europeos en dichos controles, sino miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Un hecho inédito desde la pérdida del Peñón hace más de 300 años.