El Supremo decidirá si la campaña de la ANC contra empresas españolas es o no boicot

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) sobre su campaña, titulada «Consumo Estratégico», que alentaba a los catalanes a no consumir productos del resto de España ni de empresas que se habían posicionado en contra de la independencia de Cataluña. La entidad de referencia del independentismo defiende que su campaña es una guía orientativa para «empoderar a la ciudadanía» y que no incurre en ninguna ilegalidad.

La ANC ha celebrado que el Supremo haya accedido a estudiar el caso. El alto tribunal suele aceptar solo un 10% de los recursos de casación que se presentan. Esta admisión significa que el tribunal deberá analizar si la campaña fue solo un ejercicio de libertad de expresión —como defienden los independentistas— o bien una acción de boicot y de competencia desleal, como sostuvieron sus críticos.

Cabe recordar que la principal patronal catalana, Foment del Treball, llevó a los tribunales dicha web de la ANC que promovía esta elección de productos al considerar que constituía una conducta contraria a la libre competencia y, en la práctica, podía representar un boicot ideológico contra las empresas.

«Dañar» a empresas no afines

Como informó THE OBJECTIVE, un juzgado mercantil decretó en 2019 el cierre cautelar de la web. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Barcelona dio la razón a Foment al estimar que la campaña podía perjudicar a empresas por motivos ideológicos, no económicos, y ratificó el cierre del portal. Incluso llegó a concluir que el objetivo podía ser «dañar» a compañías no afines.

Ahora, no obstante, el Supremo admite el recurso de la ANC que defiende que su campaña es una forma de ejercer un «consumo consciente», «basado en valores» y «enmarcada plenamente dentro de los derechos fundamentales». A juicio de la ANC, prohibirla y calificarla de boicot constituye una «grave vulneración de derechos como la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de asociación».

Asimismo, la entidad recuerda que la «campaña no señalaba a ninguna empresa ni promovía acciones ilegales, sino que buscaba empoderar a la ciudadanía en sus decisiones de consumo». Además, es muy crítica con la actuación judicial por haber «confundido» hasta ahora «la expresión de ideas políticas con conductas inexistentes».

«La jurisprudencia europea establece que la libertad de expresión protege también aquellas ideas que pueden incomodar o generar controversia como base esencial de una sociedad democrática. Los derechos fundamentales prevalecen sobre los intereses económicos, tal y como han reconocido reiteradamente los tribunales europeos», abundan en su comunicado.

Registro de empresas

La campaña de la ANC instaba a hacer un registro de empresas («proveedores estratégicos») en el que las empresas se inscribían voluntariamente, indicando aspectos como el uso del catalán, la responsabilidad social, la sostenibilidad y la ubicación de la sede o producción.

También se elaboró un «registro de consumidores» en el que los usuarios interesados se apuntaban para acceder a esa información. La web que se creó para este fin permitía buscar empresas por sector (energía, banca, seguros, etc.), filtrar por criterios éticos o lingüísticos y contactar directamente con proveedores.

Este tipo de campañas, como la que inició el Consell de la República para que las administraciones catalanas no contrataran a empresas españolas, se enmarcan en el enfado que suscitó en el movimiento nacionalista el hecho de que miles de empresas —muchas de ellas, catalanas— abandonaran la región en el otoño caliente de 2017, cuando se debía celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Estas empresas trasladaron su sede social a otros puntos de España para garantizar a sus clientes la seguridad jurídica que había desaparecido en Cataluña.