El PP acelera la investigación de RTVE en el Senado antes de las elecciones en Andalucía

El Grupo Popular acelera la puesta en marcha de la Comisión de Investigación sobre RTVE en el Senado para que pueda empezar a funcionar antes de las elecciones autonómicas en Andalucía, que se celebrarán el próximo día 17 de mayo, según han señalado fuentes populares a THE OBJECTIVE. El pleno aprobará este miércoles la iniciativa, gracias a su mayoría en la Cámara Alta. En un plazo de 15 días podrá constituirse la comisión y posteriormente se aprobará el plan de trabajo y las primeras comparecencias. El PSOE ha pedido este martes en la Mesa del Senado que reconsidere la iniciativa e incluso estudia la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Los socialistas dudan de la legalidad de esta comisión porque podría vulnerar la autonomía de RTVE.

La falta de independencia que los populares consideran que caracteriza la programación del ente público ha sido el caballo de batalla de la formación política que preside Alberto Núñez Feijóo. A poco más de un año de finalizar la legislatura, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, anunció el pasado día 30 de marzo la creación de esta comisión sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de RTVE para su rescate y regeneración.

Las razones que justifican su creación, a juicio de los populares, son que RTVE «ha dejado de ser la televisión pública de todos para ser TelePedro» y es un «ejemplo más de cómo Pedro Sánchez se sirve de las instituciones públicas en beneficio propio, político y personal». Lo que está sucediendo en la televisión pública forma parte de la hoja de ruta «preocupante» de Pedro Sánchez, que creen que tiene un objetivo claro: «Ocupar las instituciones del Estado para encastillarse en el poder a cualquier precio».

Además del contenido ideológico de su programación, los populares también ponen en la mira la administración del ente público. «Es una gestión negligente que ha obligado a RTVE a la devolución de 30 millones de euros de fondos europeos, sin olvidarnos de los 1,3 millones de intereses de demora, y que ha llevado a la Corporación a más de un millón de euros en pérdidas por incumplir deliberadamente un contrato», indicó en su día la portavoz popular.

Después de Pedro Sánchez, el Grupo Popular señala a quien entienden que es el ejecutor, José Pablo López, actual presidente de la corporación, del que indican que es «el responsable de la ocultación y, en su caso, minimización de la información acerca de las muchas causas de corrupción que le llegan a Sánchez hasta el cuello».

Tras anunciar la constitución de esta comisión, el trámite parlamentario ha empezado a ejecutarse. En el primer pleno tras las vacaciones de Semana Santa, la maquinaria se ha puesto en marcha y el PP ha incluido en el orden del día la aprobación de esta comisión de investigación. A partir de este miércoles, hay un plazo de 15 días para su constitución formal, nombramiento del presidente y de los miembros. Posteriormente, los grupos parlamentarios presentarán su plan de trabajo, que tendrá que ser aprobado por la mayoría. Igualmente, hay que definir las comparecencias.

El calendario podría permitir que esta comisión se ponga en marcha antes de las elecciones autonómicas en Andalucía, señalan las fuentes consultadas, aunque reconocen que van «un poco justos». Precisamente, con motivo de estos comicios, la televisión pública ha ofrecido un cara a cara entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, candidato del Partido Popular, frente a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, el 14 de mayo, y otro debate con cinco candidatos el día 7. Hasta ahora, los populares no se han pronunciado, pero ven una «encerrona».

Falta de independencia

Las quejas del Partido Popular sobre la falta de independencia en el ente público coinciden con las denuncias que realizó también el Consejo de Informativos de Televisión Española. En un informe del pasado 12 de enero, este órgano analizó el contenido de los programas Mañaneros 360 y Malas lenguas, presentados por Javier Ruiz y Jesús Cintora, respectivamente, y llegó a la conclusión de que en ellos se incumplen normas fundamentales para la elaboración de información en la radiotelevisión pública.

En el documento señalan que la cesión a terceros de estos espacios genera una falta de rigor, ya que sus contenidos no siguen los mismos controles que el resto de la información de la Corporación. Además, afirma que en estos programas la opinión se mezcla con la información, lo que «dificulta diferenciarlas». Asimismo, apunta que los temas y el tratamiento de los reportajes dan como resultado un contenido en el que abundan argumentos favorables al Gobierno o al PSOE, mientras que se tratan de forma discreta aquellos asuntos que pueden perjudicar al Ejecutivo.