Las 12 claves que diferencian la corrupción sanchista y la 'Kitchen'

Desde el inicio de la vista oral en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el conseguidor Víctor Aldama por el caso mascarillas, la maquinaria mediática de la Moncloa, de Ferraz y de sus socios Sumar ha puesto en marcha el ventilador de la discordia para confundir a la opinión pública. El objetivo es hacer ver a los españoles que el otro juicio paralelo que se celebra en la Audiencia Nacional contra la operación Kitchen por el espionaje a Luis Bárcenas es un calco de la corrupción de Ábalos y del clan Sánchez en los últimos ocho años. Los socialistas concluyen que el PP de Alberto Núñez Feijóo es igual de corrupto que el PSOE sanchista. Ese es el mensaje propagandístico.

Al mismo tiempo, los ministros del Gobierno insisten en tropel en que Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y compañía actuaron por su cuenta, a espaldas del Ejecutivo y de sus compañeros de Ferraz, y que solo ellos son responsables de sus conductas reprochables. Quieren dejar claro que, aun existiendo sentencias condenatorias en un futuro, ningún adalid de Sánchez ni el propio presidente piensan asumir responsabilidades y, mucho menos, dimitir. Esa postura unánime se sitúa en las antípodas de cuando el candidato Sánchez, que había perdido las elecciones generales de junio de 2016 por una diferencia de 52 diputados (PP, 137, y PSOE, 85) y con solo 14 escaños más que Podemos, acusó a Mariano Rajoy de ser el responsable de la Gürtel y urdió una moción de censura con independentistas y filoetarras. El resultado es de sobra conocido.

Sin embargo, si se profundiza en los casos —Kitchen y Ábalos y clan Sánchez— resulta que uno puede detectar, como mínimo, una docena de diferencias clave que evidencian enormes contradicciones. Entre la operación parapolicial para recuperar los documentos —que, supuestamente, el tesorero del PP se había llevado de Génova y ocultaba— y el corolario de casos de corrupción del sanchismo existe una gran desigualdad. Y ese es el cometido de este artículo: pormenorizar, una a una, las 12 divergencias entre la Kitchen y los casos Ábalos y clan Sánchez.

Han transcurrido 13 años desde que se produjeron los hechos y 8 de espera desde que se incoaron en la Audiencia Nacional las diligencias judiciales para la culminación de la vista oral. Algunos de los periodistas que investigamos el espionaje al extesorero del PP tenemos pocas dudas sobre el objetivo final de la misión, de dónde partieron las órdenes para su ejecución y cuál fue el elenco de funcionarios policiales que participaron en aquel plan secreto. Aunque valorar algo en España como «secreto» es mucho decir.

La verdad es que no todos se sientan en el banquillo de los acusados de la sala de la Audiencia Nacional, pero estoy convencido de que a lo largo de las sesiones se irá sabiendo todo. También estoy convencido de que nada de lo que se sustancie judicialmente sacudirá los actuales cimientos del PP ni ensuciará la imagen de su presidente Núñez Feijóo, que vivía entonces a 592 kilómetros de Madrid, la distancia por carretera entre la Puerta del Sol y la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, como presidente de la Xunta de Galicia. El único popular de aquellos años que se mantiene en el círculo de Feijóo es Javier Arenas, con un escaño en el Senado y miembro del Comité de Dirección del partido. Paradójicamente, era entonces uno de los políticos a proteger tras el órdago de Bárcenas.

Una operación que nadie debió autorizar

Para situar a los lectores, resumo en unas pocas líneas de manera sustancial los fines y los hechos de la operación Kitchen para que puedan comparar sus efectos con los casos que afectan a la Moncloa. En medio del terremoto de la Gürtel —con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior— y la caja B del PP y su tesorero Bárcenas, a una mente prodigiosa de los populares —que ya ha fallecido— se le ocurrió la brillante idea de montar un operativo parapolicial. Eso sí, antes había recibido órdenes superiores. El cometido consistía en desactivar al tesorero del partido que amenazaba con romper la ley de la omertá y tirar de la manta hacia arriba, hasta la cúspide de la pirámide de los populares. En aquellos momentos, Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría ya estaban en La Moncloa.

Las alarmas se encendieron en la sede popular y el pánico invadió a más de uno. Además de los conocidos como «papeles de Bárcenas», les preocupaba el material sonoro en poder del tesorero. Al PP se le presentaba el mismo fantasma que había dañado al PSOE en casos anteriores (GAL, 23-F, escuchas del Cesid, las falsificaciones de Laos, Filesa, Fondos Reservados…). El objetivo principal —algo que les quitaba el sueño y les perturbaba— era un supuesto unicornio que podía atesorar Bárcenas: un hipotético pendrive con archivos de grabaciones de sus encuentros con Rajoy y otros altos cargos del PP, algo que nunca se pudo demostrar. El propio tesorero siempre negó no ya que hubiera grabado, sino que existieran esos audios. Sin embargo, uno de los participantes en el operativo me confesó en su momento que habían recuperado todo el material sin especificar las supuestas grabaciones. No mentía porque Bárcenas, desde entonces, jamás ha desvelado ni ha filtrado ningún documento.

En ese contexto, a la misma mente preclara e insigne relacionada con el Ministerio del Interior, en lugar de aconsejar a su partido contratar a una agencia internacional de investigación tipo Kroll con fondos de sus propias arcas para seguir los pasos de Bárcenas, se le ocurrió echar mano a los «patas negras» de la Policía. El fin era deshacer aquel nudo gordiano.

La apuesta por los detectives era igual de irregular, pero no implicaba a las instituciones del Estado en un asunto interno de un partido. Además, para financiar todo aquel correcalle, la misma mente prodigiosa metió la mano en la caja de los fondos reservados. Con ese dinero —habrá que demostrarlo en el juicio— recompensaron los servicios como topo del «cocinero» —como se referían al chófer de Bárcenas y de su mujer Rosalía— con una prima de 2.000 euros al mes. Además del dinero, fue premiado con su ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía.

Todo aquello era un disparate, que difícilmente podían mantener en secreto por la cantidad de agentes y mandos que participaron en el operativo y por las divisiones internas del PP. Las reyertas entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, propiciaron un fuego cruzado que afectó a la solidez del PP y cuyo fruto pretende cosechar ahora el PSOE. ¿Pero sirvió, finalmente, para algo la operación Kitchen? ¿Resolvió el PP con aquella misión sus problemas políticos? ¿Hallaron el ansiado mirlo blanco del pendrive en poder de Bárcenas? Todo parece poco probable. La operación ilegal sirvió para aumentar aún más los decibelios del escándalo y sentar en el banquillo a un ministro y un secretario de Estado.

La Kitchen, según la documentación en poder de Villarejo cuando fue detenido, pudo durar entre enero de 2013 y el verano de 2014. Era el periodo en el que aparecían fechados los recibos del dinero obtenido por el infiltrado. El chófer solo pudo espiar a Bárcenas directamente hasta el 27 de junio de 2013, fecha en la que ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real.

La corrupción sistemática del sanchismo

Tras aclarar las causas por las que se sientan en el banquillo, en el caso Kitchen, los funcionarios policiales y los responsables de Interior, abordaré las diferencias entre la Kitchen y las causas de corrupción que envuelven al sanchismo, a su esposa, a su hermano, a su clan y a su partido desde su aterrizaje en la Moncloa en 2018. Con una docena bastará, porque reflejan la dimensión y el grado de corrupción del clan Sánchez.

Para el profesor de sociología de la Universidad de Cambridge John B. Thompson, para que el escándalo político estalle con una alta carga de protones es necesario que «la transgresión sea moralmente indigna». Por eso, si comparamos una operación parapolicial para espiar a un tesorero, que había alcanzado una imagen deteriorada ante los ciudadanos, y la bomba de racimo de los casos de corrupción del sanchismo, siempre con una finalidad de enriquecimiento, la indignidad salpica más a los integrantes del clan Sánchez que a los policías que optaron por los atajos ilegales.

Está claro que un escándalo político alcanza su valor cuando cala en la opinión pública y se produce una respuesta de rechazo por parte de la ciudadanía. La operación Kitchen es despreciable para la mayoría de la sociedad, pero las corruptelas del equipo del presidente, mediante coimas y comisiones, desbordan aún más esa sensación de desprecio. Sobre todo, porque la mayoría de los casos acumulan comportamientos poco éticos y morales, como drogas, prostitución, saqueo de las arcas públicas, enchufismo y nepotismo, incluido el de la mujer del César.

Aunque legalmente es inaceptable, algunos de los policías de la Kitchen intentan redimir su reputación defendiendo que sus actividades ilícitas estaban justificadas. Se escudan en que, supuestamente, Bárcenas pretendía chantajear al presidente del Gobierno y a otras instituciones con información que se reservaba al margen de los tribunales. Documentación que nunca afloró y que los protagonistas de Kitchen tampoco pensaban entregar a los jueces.

Algún acusado defiende que por encima de sus acciones existía un bien superior, pero esa justificación, desde el punto de vista penal —como ya lo intentó otra cúpula de Interior con los GAL—, carecía de valor. Ese arrepentimiento podría influir en una parte de la población, como sucedió con la guerra sucia contra ETA o el espionaje de los servicios secretos a la sede de Batasuna, pero no en los tribunales.

En contraposición, lo que no tiene ningún encaje exculpatorio es el comportamiento de los hombres de Pedro: el pillaje de los fondos del Estado con una corrupción sistémica durante ocho años y con el cobro de comisiones como algo estructural. Y lo peor: convertir el escenario político en un lupanar. Los casos que afectan al sanchismo reúnen los dos elementos imprescindibles para que se produzca el escándalo político: la vulneración de las leyes para el enriquecimiento personal y la perversión de las normas de integridad, que deben ser intachables en el comportamiento moral de un representante público. El caso mascarillas reúne las dos condiciones: el enriquecimiento y la perversión moral de amasar fortuna cuando la gente se moría.

Las 12 diferencias entre la Kitchen y el ‘clan Sánchez’

1. Sánchez conquistó la Moncloa después de perder unas elecciones generales contra Rajoy por medio de una moción de censura tras un pacto secreto con independentistas, golpistas y filoetarras. Utilizó el rechazo a la corrupción como pegamento para poner a todos de acuerdo en lo que se llamó coalición Frankenstein. El mismo Ábalos, que se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo por corrupción, soltaba un ramillete de lindezas cuando, como portavoz del PSOE, defendía la moción de censura en el Congreso de los Diputados, el 31 de mayo de 2018:

«Presentamos la moción de censura para recuperar la dignidad de las instituciones. No es una moción contra una persona, sino contra una forma de gobernar marcada por la corrupción y la degradación democrática».

«España merece un Gobierno decente… que no esté permanentemente cuestionado por los tribunales».

«Tenemos la oportunidad de decir basta. Basta a la corrupción, basta al deterioro institucional, basta a la resignación».

«En democracia la ejemplaridad es imprescindible. Y, cuando esta se pierde, la confianza ciudadana se resquebraja. Se trata de una responsabilidad política, que es ineludible».

«España no puede normalizar la corrupción… No consiste solo en votar cada cuatro años. Consiste en garantizar que quienes gobiernan lo hacen con integridad, con transparencia y con respeto a la ciudadanía».

Por la boca del secretario de Organización socialista, número dos de facto de Sánchez y capataz de la cuadrilla del Peugeot, brotaban reclamos como «dignidad de las instituciones», «deterioro institucional», «ejemplaridad», «responsabilidad política» y «gobernar con integridad y transparencia», entre otras exquisiteces. Toda una antítesis de lo que se juzga en el Supremo, en el que Ábalos preside el banquillo de los acusados.

Mientras no se demuestre lo contrario, nadie puede acusar al Partido Popular de Núñez Feijóo de ese repertorio de contradicciones: lo que el sanchismo propagaba en el hemiciclo para conquistar el poder y la decena de escándalos que lo rodea. Las cifras son las que adelanté en mi anterior artículo: 400 años de cárcel para un centenar de afectados y una rapiña de más de mil millones de euros. Nada comparable a la Kitchen.

2. Ninguno de los acusados de la Kitchen está acusado de un delito de corrupción o haberse enriquecido con comisiones. La Fiscalía los acusa de prevaricación, malversación —por el uso de fondos reservados para fines ilícitos, como el de pagar al chófer por hacer de topo— y revelación de secretos, pero no de apropiarse de los fondos del Estado. En cambio, en los casos que afectan al clan Sánchez, la mayoría está procesada por cohecho.

La máxima condena que contemplan los delitos imputados a los investigados de la Kitchen es la de Villarejo: 19 años, pero en ninguno de los casos aparece como beneficiario económico. Todo lo contrario: en las grabaciones que le incautó la Policía en su domicilio de Boadilla del Monte, el comisario le confesaba a María Dolores de Cospedal que el Ministerio le debía 200.000 euros, que él mismo había adelantado para una operación.

3. Los acusados de la Kitchen, probablemente, habrían resuelto sus problemas si desde el principio hubieran desarrollado una operación similar —también secreta—, pero poniendo los datos y los objetivos encima de la mesa de un juez. Al judicializar la misión, justificándola por un chantaje, habrían podido investigar a Bárcenas y evitar los delitos por los que están acusados. Eso sí, se arriesgaban a que afloraran algunos de los enigmas de Génova.

En cambio, los procesados por los escándalos de corrupción difícilmente podrían justificar ante un juez sus conductas. Ni las comisiones de las mascarillas, ni las coimas de los hidrocarburos, ni los «cafetitos» en los Ministerios para lograr permisos y concursos públicos, ni los gastos en putas y coca, ni los petrodólares venezolanos, ni los kilovatios fotovoltaicos habrían pasado el filtro de la Justicia.

4. Desde antes de su inicio, se intuía que el juicio contra Ábalos y Koldo sobre la corrupción en la compra de mascarillas iba a convertirse en una causa general contra el sanchismo, y así está sucediendo. Se han agotado tres sesiones y nadie ha preguntado sobre las mascarillas anticovid. En la sala del Supremo solo sobrevuela el fantasma de un cadáver político. Huele a funeral. Los tres acusados que se sientan en el banquillo son los protagonistas de una decena de investigaciones interrelacionadas: mascarillas en la Audiencia Nacional, ADIF, hidrocarburos, Plus Ultra, Santos Cerdán, Servinabar 2000, Globalia, financiación irregular del PSOE, flecos en el caso Begoña… Y todos los caminos llevan al Gobierno de Sánchez o al PSOE. Todos los casos afectan a departamentos ministeriales, instituciones del Estado o empresas públicas: los Ministerios de Hacienda, Economía, Transportes, Interior, Administraciones Públicas e, incluso, a la Moncloa.

Enfrente, el caso Kitchen nos lleva por el túnel del tiempo a los años 2013 y 2014, una década atrás, sin que ninguno de los acusados ocupe cargos públicos en la actualidad. Son fantasmas del pasado sin ningún vínculo con el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno.

Además, en la Kitchen no existían sobres cerrados con dinero que se entregaban a sus colaboradores en la misma sede del PSOE, en Ferraz. O una empresaria visitando sus instalaciones con bolsas repletas de billetes, que contenían hasta 90.000 euros. Por menos, cayó el vicepresidente Alfonso Guerra por culpa de las correrías de su hermano. ¿Qué pintaban Koldo o su hermano recogiendo en Ferraz sobres cerrados con dinero si nada tenían que ver con el aparato del partido? ¿Acaso también actuaban de fontaneros de Ferraz?

5. Lo más sorprendente del caso Kitchen es que vio la luz mientras el Gobierno dependía del Partido Popular y perjudicaba a su presidente, Mariano Rajoy. Se podría decir que la mal llamada «policía patriótica» —término inventado por los independentistas con un sentido peyorativo— se pegaba un tiro en el pie. El origen de la investigación fue la apertura por parte del juez Diego de Egea de una pieza denominada Kitchen dentro de la causa Tándem contra Villarejo, tras una investigación de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía en colaboración con los espías del CNI.

En la redada policial que concluyó con la detención del comisario, los agentes de la UAI encontraron en su poder los recibís de los pagos al chófer de la Kitchen, Sergio Ríos. También encontraron cintas y pendrives con grabaciones de conversaciones de Villarejo con el también comisario Enrique García Castaños, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, y otros personajes públicos. Todo aquello sirvió para descubrir una operación secreta contra el extesorero del PP.

En una de esas grabaciones halladas en el domicilio de Villarejo, aparecía una conversación entre el comisario y la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La fecha: 12-9-2017, dos meses antes de la detención del policía. En ese encuentro, en el despacho de la dirigente popular en la sede de Génova, Villarejo se quejaba de la persecución a la que le estaba sometiendo el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), la autoridad supervisora en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Le decía a Cospedal: «El propio Gobierno del PP está permitiendo que un individuo me intente forzar para que yo os dé por culo… Me ofrecen retirar el informe del Sepblac si a cambio declaro ante la Fiscalía». Si desvelaba sus conocimientos, a pesar de que podían perjudicar al Gobierno de Rajoy, quedaba exonerado. Y entre esos secretos se encontraba la operación Kitchen. La número dos del PP le contestó: «Me voy a enterar y lo voy a hablar». No sabemos si se enteró de algo.

En otro momento de la conversación, Villarejo le adelantó a Cospedal, ocho meses antes, que el PSOE preparaba a escondidas una moción de censura contra Rajoy. No se equivocaba y así fue, pero antes le neutralizaron y encarcelaron.

Algunos podrán esgrimir que la UCO de la Guardia Civil también ha investigado a Koldo y Ábalos y a otros socialistas, pero siempre renqueante por las trabas del ministro Grande-Marlaska y la presión del Gobierno y del PSOE. Basta repasar las intrigas de Leire Díez, a la que llaman «fontanera del PSOE», para acabar con mandos de la UCO.

Los acusados de la Kitchen en ningún momento iniciaron una operación siniestra para acabar con la UCO de la Guardia Civil, como lo hizo otro anexo del clan Sánchez. Un espionaje que nadie recuerda en estos días de calvario y pasión, sobre todo aquellos ministros de Sumar que buscan comparaciones entre Ábalos y Kitchen, como paracetamol para aliviar su mala conciencia.

6. La petición de perdón por el caso Kitchen es otro de los reclamos propagandísticos que el PSOE y el Gobierno le reclaman a Núñez Feijóo aun conociendo de primera mano que el dirigente popular nada tuvo que ver con el espionaje a Bárcenas. Entonces residía en Galicia y estaba alejado de Génova. Tampoco su actual equipo presenta ninguna trazabilidad con los años en los que transcurrieron los hechos. ¿A quién y por qué tiene que pedir perdón Núñez Feijóo? 

Tiene su gracia que quienes consienten que los etarras sean excarcelados sin pedir perdón o arrepentimiento, que no han perdido perdón a las mujeres por los maltratadores beneficiados penalmente por la ley de Irene Montero o por los errores de las pulseras, que guardan en su mochila un repertorio de casos de corrupción (Filesa, ERE, Roldán, sobresueldos de Fondos Reservados…) sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento y que jamás han pedido perdón a los víctimas de los GAL —12 de ellas nada tenían que ver con ETA— levanten ahora la voz en busca de penitencia cuando ellos nunca lo han hecho. 

Cuando comenzaron a actuar los escuadrones de la muerte de los GAL Sánchez tenía 11 años y nadie podrá reprocharle nada, pero sí cuando participó el programa de televisión Moros y Cristianos. Entonces tenía 25 años y ya militaba en el PSOE. La videoteca conserva su intervención en un debate sobre los GAL. El joven socialista, que defendía a Felipe González y denunciaba «la connivencia entre los jueces y algunos medios de comunicación», ya aprendía modales y se acogía al comodín del lawfare para mitigar las responsabilidades de su partido.     

7.- Entre las comparaciones tiene también su gracia el protagonismo de la «acusación popular» que representa al PSOE en el primer día de la vista oral del juicio de la Kitchen. Mientras el PSOE y el Gobierno de Sánchez han tomado la iniciativa y tienen a trámite una ley que prohíbe a los partidos políticos a ejercer la acusación popular en procesos penales, el abogado de los socialistas se dejaba ver en el Supremo. Su primera intervención ha sido la petición al tribunal para un aplazamiento de la vista hasta que se cite a María Dolores de Cospedal, que también fue ministra, como acusada y no como testigo. Más fuegos artificiales porque todos en la sala sabían que eso era imposible y ajeno al derecho, pero lo importante era contrarrestar la presencia de Ábalos con la marca Cospedal. La compensación de un número dos de un partido con la número dos de otro. Era improcedente, pero carne de cañón para los programas de TVE. 

8.- Los ministros del Gobierno y los portavoces del PSOE han exigido a Núñez Feijóo y a su partido que asuman también responsabilidades por el caso Kitchen. Sánchez, que ha incumplido sistemáticamente sus compromisos electorales y a quien la ciénaga le llega hasta el cuello, exige al jefe de la oposición que dimita después de ganarle diez elecciones. Mientras, él se mantiene en la Moncloa sin mayoría parlamentaria y sin Presupuestos Generales del Estado.

Le instan a hacer algo contra natura. En las democracias europeas quienes dimiten son los primeros ministros cuando pierden la confianza popular o están acosados por la corrupción. El PP ya cumplió su penitencia tras casos como la Gürtel, la caja B o el espionaje a Bárcenas. Rajoy ganó las alecciones, pero cayó por una moción de censura, con la que los populares saldaban sus cuentas. Es superfluo y hasta ridículo que le reclamen competencias por asuntos ya redimidos y cuando el nuevo dirigente se ha ganado la confianza de los votantes con la victoria en una decena de comicios. Entre ellas, las elecciones de 2023, en la que Sánchez luego logró conformar otra coalición Frankenstein.  

Si tuviéramos en cuenta la máxima de los politólogos de que el mejor tribunal y la mejor sentencia para un político son las urnas, Núñez Feijóo habría superado con creces un vaticinio absolutorio.

9.- «Colaboración con la Justicia» es otra de las frases que ha puesto de moda el Consejo de Ministros y que, a menudo, repiten los titulares de las carteras, especialmente la portavoz Elma Saiz. Sin embargo, cada vez que tienen la oportunidad de demostrarlo buscan un atajo para no dar la cara. Así ha sucedido con la comparecencia como testigos en la vista oral del juicio contra Ábalos del ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Ambos se han escudado en un privilegio para declarar por escrito. Ese procedimiento, aunque legal, supone la mayor estafa en un procedimiento transparente y justo. ¿Por qué? Porque los beneficiarios de esa gracia, que son citados como testigos con la obligación de decir la verdad, eluden las contradicciones en las repreguntas de las acusaciones. Hemos visto que eso no ocurre en las comisiones del Senado, en las que algunos se han visto contra las cuerdas como el mismísimo Sánchez, balbuciendo o acogiéndose a la fórmula: «No lo sé» o «No lo recuerdo».

Todo este espectáculo me retrotrae a una década atrás cuando los socialistas emprendieron una cruzada contra Rajoy, según ellos por declarar en un juicio desde su despacho a través de una pantalla de televisión. El propio Sánchez se lo recriminó en el debate electoral de las elecciones de 2015 recriminándole que no rendía cuentas con los españoles. Según él, lo conocían «como el del plasma». Se lo reprendía el mismo presidente que ha estado más de 40 días sin comparecer ante la prensa y sin aceptar preguntas. La falta de colaboración del clan Sánchez con los jueces choca con las comparecencias de Rajoy y Cospedal como testigos de Kitchen.

10.- El asunto del dinero es otro que marca la diferencia entre los dos frentes judiciales si comparamos los gastos de los fondos reservados invertidos irregularmente en la colaboración del infiltrado Sergio Ríos. Los emolumentos del chófer de Bárcenas, finalmente, ascendieron a 48.000 euros. Esa fue la cantidad total, en billetes, de los fondos policiales desviados para la operación Kitchen. Si comparamos con los más de mil millones de euros dilapidados por el clan Sánchez en una docena de casos de corrupción los pagos al topo supondrían un 0,0048% de esa astronómica cantidad. Y a todo eso sin añadir los 680 millones de euros de la malversación de los fondos de los ERE en Andalucía o la inversión en los GAL, en los que se invirtieron decenas de millones de euros.

Es cierto que en el caso Kitchen algunos observadores podrían alegar que lo importante no era el huevo, sino el fuero, pues se infringía el artículo 432.1 del Código Penal, referido a la malversación. Ahora bien, existe una gran diferencia cuando se malversa dinero público para el enriquecimiento propio —consumando la corrupción con el cobro de comisiones— que cuando se destina el dinero a una operación de espionaje por muy ilegal que sea.

En 2014, cuando se puso en marcha la operación contra Bárcenas, el Gobierno de Rajoy destinaba una partida de 25 millones de euros anuales a Fondos Reservados, de los que seis iban destinados al Ministerio del Interior. La gran tajada —tres cuartos— se la llevaba el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

11.- Las consecuencias penales entre la Kitchen y el juicio contra Ábalos también son muy distintas. Los delitos por los que se sientan en el banquillo los acusados de la Kitchen son por malversación de fondos públicos, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia. La docena de cargos contra el clan Sánchez incluyen además los de cohecho, tráfico de influencias y corrupción, entre otros. Además, la Kitchen estaba focalizada en un solo Ministerio, el de Interior, mientras los delitos del entorno del presidente del Gobierno afectan a casi todo el Consejo de Ministros: Hacienda, Economía, Interior, Administraciones Públicas, Sanidad, Educación y Transportes…

12.- Por último, otra gran diferencia entre los desmanes del sanchismo con respecto al caso Kitchen: los graves indicios sobre una financiación irregular del PSOE a través de la trama del clan de la Presidencia. Esa derivada parte de algunas operaciones corruptas que se incardinan en las actuaciones de Ábalos y Santos Cerdán. ¡Qué casualidad! Los dos ha sido secretarios de Organización del PSOE, el aparato del partido que se encarga de las finanzas y de las campañas electorales. Queda por aclarar el trasiego de sobres con dinero en metálico y la entrega de dinero en Ferraz de la empresaria Carmen Pano. Por algo parecido se expulsó a Rajoy de la Moncloa. El exletrado del Banco de España, Félix Bolaños, uno de los ministros de máxima confianza de Sánchez —entre 2018 y 2021 secretario general de la Presidencia del Gobierno—, ha asegurado que «nada hace pensar» que exista un dopaje externo en las arcas del PSOE tras descubrirse el movimiento de sobres en Ferraz y la entrega de dinero en bolsas. El desmentido sonaba a poco convincente y el «hace pensar» a evasivo. 

Al final va a tener razón el filósofo prusiano Immanuel Kant cuando decía aquello de: «No vemos el mundo como es, sino como somos nosotros».