Albares suprime un boletín de Exteriores en su afán por controlar la información interna
Sorpresa entre los diplomáticos por una iniciativa que impulsó Borrell y que recibió felicitaciones de otros ministerios
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores. | Foto: EP
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha suprimido de un plumazo el Boletín Europa Social que su departamento distribuía de forma mensual desde finales de 2019 a una decena de ministerios, así como a otros organismos oficiales, con información sobre la Comisión Europea y de cada Presidencia europea de turno.
Este documento interno lo elaboraba la Subdirección General de Asuntos Sociales, Educativos, Culturales y de Sanidad y Consumo dentro de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Lo puso en marcha hace casi siete años, bajo el mandato de Josep Borrell, el entonces subdirector general de esta área, Francisco Machancoses. Este funcionario era responsable dentro de Exteriores del seguimiento de las políticas sociales en los Consejos de Ministros europeos que se celebran de forma periódica en Bruselas.
En su condición de consejero técnico, Machancoses empezó a elaborar este boletín como ayuda didáctica para otros ministerios, que acogieron con felicitaciones dicha iniciativa. El propio Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) lo incluyó en sus correos informativos y planeaba darle un premio como ejemplo de eficacia administrativa sin coste alguno. La elaboración del Boletín Europa Social, en el que participaban nueve trabajadores de Exteriores, «no costaba ni un euro adicional» a las arcas públicas, subrayan fuentes diplomáticas a THE OBJECTIVE.
La INAP, por ejemplo, dio publicidad en noviembre de 2024 al quinto aniversario del Boletín Europa Social. «Durante este período ha sido testigo de eventos históricos como la pandemia de la COVID-19, la invasión rusa en Ucrania, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea o las elecciones europeas en este 2024», destacó el organismo adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Apenas unos meses después, en marzo del año pasado, se publicó el último número.
En realidad, los ejemplares físicos de ese último número fueron «secuestrados», como en tiempos de Franco, cuando llegaron a la sede de Exteriores en Marqués de Salamanca para ser enviados por correo a sus destinatarios. Todo ello tras una orden verbal que llegó del gabinete de Albares. Tampoco se distribuyó la edición digital de ese número. A la citada Subdirección General de Asuntos Sociales, Educativos, Culturales y de Sanidad y Consumo se le ordenó parar dicho trabajo con el argumento de que podía «escaparse información sensible del Ministerio» entre las páginas de dicho boletín.
Las citadas fuentes niegan tal posibilidad, pues el Boletín Europa Social era «un documento muy técnico», cuyo contenido era «completamente blanco» y en el que se limitaba a enumerar las iniciativas adoptadas a nivel comunitario y el estado de las negociaciones más importantes a nivel social en Bruselas, con el fin de que los ministerios concernidos estuviesen al tanto de ello.
«Dijeron al director general del área que existía temor a que fuese a salir algo y que no se podía distribuir nada fuera de su control», en referencia a Albares. «Es un claro ejemplo de obsesión por la información que emana del ministerio, dentro de un ambiente cada vez más politizado», resume un antiguo alto cargo. Este diario preguntó a la Oficina de Información Diplomática (OID) por los motivos que llevaron al Ministerio a eliminar este boletín que servía de ayuda para otros ministerios y el INPA, pero no obtuvo respuesta.
Una «obsesión» para Albares
El férreo control de la información dentro de Exteriores ha sido una «obsesión» para Albares desde que accedió al cargo hace casi cinco años. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) denunció en febrero el trato que dispensa a los periodistas el departamento de Albares con prácticas que son «claramente contrarias al derecho a la libertad de información» recogido en el artículo 20 de la Constitución española.
En este sentido, la APM condenó «los intentos del ministro y de su director de Comunicación, Antonio Asencio, desvelados por distintos medios de comunicación, de tratar de que determinados periodistas sean apartados por sus jefes de la cobertura de las actividades del Ministerio, tras publicar informaciones o hacer preguntas que no eran de su gusto», en referencia al caso de la corresponsal diplomática de la agencia Europa Press.
La APM lamentó que Exteriores «limite las escasas comparecencias del ministro a dos o tres preguntas y que se permita, incluso, decir abiertamente qué medios o qué periodistas pueden hacer las mismas». De igual modo, constató la existencia de quejas de los informadores «por la imposibilidad de acceder a contactos con los diplomáticos, a quienes se insta a no hablar con los periodistas, so pena de sufrir las consecuencias». En último término, censuró los intentos de Albares «de tratar de que determinados periodistas sean apartados de la cobertura de las actividades del Ministerio, así como las presiones y la actitud hacia los periodistas, que les impide ejercer su trabajo de informar a los ciudadanos».
Por su parte, el PP registró también en febrero una batería de preguntas, a las que tuvo acceso THE OBJECTIVE, en las que reprochó al jefe de la diplomacia su «sistemático» ninguneo a la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), la asociación profesional que integra a la mayoría de los miembros de la carrera diplomática y a cuya actual junta directiva no ha recibido ni atendido ninguna de sus demandas desde que se constituyó en noviembre de 2024.
«La ADE ha venido exponiendo claramente a través de comunicados públicos y cartas dirigidas al subsecretario y al ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación la acumulación de carencias logísticas y de personal, especialmente graves tras el aumento de solicitudes de nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática», recordó de inicio el principal partido de la oposición.
Otras quejas de los diplomáticos son «la falta de una política de personal racional y moderna; la arbitrariedad en los nombramientos; la falta de una política de comunicación pública; y la necesidad de atender demandas de décadas sobre mejoras concretas de las condiciones de los funcionarios diplomáticos». A juicio del PP, «un conjunto de demandas que, de ser atendidas, redundarían, sin lugar a dudas, en una mejora sustancial del servicio exterior y de la atención a nuestros conciudadanos en el exterior».