El Ministerio de Transición oculta si existen denuncias internas por el 'caso Forestalia'

El Ministerio de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, oculta si han existido denuncias en el Miteco (Transición Ecológica y Reto Demográfico) sobre el caso Forestalia, el escándalo de corrupción que investiga presuntas irregularidades en la obtención de licencias para este grupo empresarial aragonés. La cartera ha ignorado la solicitud de información de este diario sobre si existían, tanto internas como externas, en relación con presiones para la aprobación de proyectos renovables, si bien ha respondido al resto de cuestiones planteadas al amparo de la ley de Transparencia de 2013, por la que está obligada a proporcionar dichos datos.

La resolución oficial, remitida a THE OBJECTIVE desde su portal de Transparencia y firmada por la directora general de Servicios, no incluye información al respecto de dichas denuncias ni detalla si han existido o han sido investigadas. Tampoco se indica el número de denuncias ni las acciones adoptadas por el Ministerio en ese ámbito, pese a que estos puntos formaban parte de forma explícita de la petición, fechada el 19 de enero de este mismo año.

Traslados de carácter voluntario desde el departamento

La solicitud presentada por este medio requería, además, datos concretos sobre el número de funcionarios trasladados o reasignados desde la Subdirección General de Evaluación Ambiental, los destinos de esos movimientos y sus motivos. La respuesta ministerial explica que no consta ninguna reasignación de funcionarios entre 2022 y 2023 en este departamento, aunque sí se registraron varios traslados, todos ellos de carácter voluntario y en el marco de procedimientos habituales de provisión de puestos de trabajo, como concursos o procesos de libre designación.

Según el texto remitido desde el Miteco, «durante el periodo referido [2022-2023] no se produjo ninguna reasignación a otros destinos de personal de la Subdirección General de Evaluación Ambiental». Eso sí, en total, hubo cinco casos de traslado, de los cuales, «dos se producen a otra Administración Pública» y «otros dos se llevan a cabo a otros centros directivos del Miteco». Por último, existe un caso de traslado «por superación de proceso selectivo de promoción interna con el consiguiente nombramiento en otro centro directivo del Miteco». Según el documento, estos movimientos no responden a decisiones unilaterales de la Administración, sino a la participación voluntaria de los propios funcionarios en procesos abiertos.

El Ministerio también aclara que no es posible determinar los motivos individuales de estos traslados, dado su carácter voluntario, y apunta una tendencia general: «En todos los casos, los puestos a los que se trasladan tienen un nivel superior o mejores condiciones económicas», explica. Este detalle sugiere que los cambios de destino estuvieron vinculados a oportunidades de promoción profesional o mejora laboral. Además de los traslados, el documento menciona que durante el mismo periodo se produjeron «tres bajas por jubilación», lo que completa el balance de movimientos de personal en la subdirección analizada.

El Miteco ignora la pregunta sobre las denuncias

La solicitud de acceso a la información preguntaba expresamente por la existencia o no de denuncias internas o externas sobre presiones para aprobar proyectos de energías renovables, las acciones que había tomado el ministerio ante estas y el número total, en caso de haberlas. El documento de respuesta no se manifiesta sobre nada de lo requerido en este punto, ya que no confirma ni desmiente que existan o no denuncias ni indica cuántas serían, por lo que tampoco explica las actuaciones llevadas a cabo por el ministerio al respecto.

En otras palabras, el Miteco ignora completamente esta parte de la solicitud de THE OBJECTIVE y solo responde a la cuestión planteada sobre traslados de funcionarios, sobre lo que ha explicado que fueron todas de carácter voluntario. Ahora, la existencia de esta resolución de transparencia «pone fin a la vía administrativa», por lo que ya no cabe recurso ante el propio Ministerio. Solo quedan dos vías de impugnación para que finalmente el Ministerio se vea obligado a responder a las preguntas sobre este departamento que concedía los permisos a Forestalia: se puede interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses o presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.

¿Qué es el ‘caso Forestalia’?

El caso Forestalia, sobre el que ha informado este periódico, es uno de los escándalos de corrupción ambiental más relevantes de la historia de España. La causa investiga una supuesta trama que habría favorecido de forma irregular a proyectos energéticos del grupo de este nombre fundado por Fernando Samper, detenido junto a otras cinco personas en marzo. Según los denunciantes, varios proyectos habrían sido autorizados pese a afectar a zonas protegidas o incumplir requisitos legales.

Forestalia se creó en 2011, en pleno auge de las energías renovables, bajo un modelo centrado en desarrollar proyectos eólicos y fotovoltaicos, especialmente en Aragón, para vender los derechos de explotación después de obtener las licencias. Pronto se consolidó como uno de los grandes operadores del sector tras adjudicarse importantes subastas en 2016 y 2017.

La causa, que incluye delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo y organización criminal, podría pasar a la Audiencia Nacional por su alcance. En el plano político, la investigación apunta a posibles puertas giratorias y vínculos con antiguos cargos públicos incorporados a la órbita de la empresa.

En el centro de la trama figura Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, acusado de haber creado un sistema paralelo de tramitación para agilizar expedientes de Forestalia. Los investigadores sostienen que estos proyectos recibían un trato «privilegiado» a cambio de supuestas contraprestaciones económicas y societarias. Entre las pruebas, la Guardia Civil señala pagos millonarios y la cesión de acciones a través de sociedades instrumentales, así como el uso de la empresa pública Tragsatec para elaborar informes favorables.