El Supremo tumba el plan del Gobierno para controlar el Colegio de España en Bolonia

El Real Colegio de España en Bolonia es una entidad privada y el nombramiento de su rector corresponde a su patronato, como lleva años defendiendo la Asociación Cardenal Albornoz, que reúne al grueso de sus exalumnos. Así lo acredita una sentencia del Tribunal Supremo fechada el 13 de octubre a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El fallo, que es firme, anula los acuerdos del Consejo de Ministros y el Real Decreto promulgado por el Ministerio de Exteriores en 2015 con el objetivo de convertir a esta institución con más de seis siglos de historia en una entidad pública. 

El centro fue fundado por el cardenal Gil de Albornoz en 1364, un siglo antes de que se unieran los reinos de Castilla, Navarra y Aragón. No solo es la institución española más antigua, sino que su creación es, incluso, anterior a la de España como nación. La intención del religioso era acoger estudiantes católicos varones que pudieran acreditar ser hijos legítimos en un palacio medieval situado en el número 4 de la Via Coleggio di Spagna de la ciudad italiana. Antes de morir, realizó una disposición testamentaria para nombrar herederos universales a los propios alumnos, conocidos como bolonios.

El Ministerio de Exteriores, que cuenta con uno de los cinco representantes que componen la Junta del Patronato, lleva años tratando de modificar sus estatutos, que datan de 1919, al considerar que no se ajustan a la Constitución. «Una opinión subjetiva», apunta el excolegial Ramón Gutiérrez. Los antiguos alumnos sostienen que el centro está ubicado fuera de España y que sus reglamentos establecen el carácter privado de la institución. Así lo determina la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que otorga la razón a la Asociación Cardenal Albornoz, la organización que interpuso la demanda.

Pugna política

«Esta sentencia desacredita a quienes querían intervenir el colegio, que se nutre de fondos propios y que nunca ha recibido subvención pública alguna, por lo que no puede estar sujeta a la Ley de Fundaciones», sostiene Nicolás Nogueroles, presidente en funciones de la asociación tras la muerte, en noviembre del año pasado, de José Guillermo García Valdecasas.

El conflicto, que arrancó hace años, ha suscitado diferentes pleitos tanto en España como en Italia. El primer episodio del encontronazo tuvo lugar el 13 de octubre de 2014, cuando la Junta del Patronato elige como rector a Ángel Martínez, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén. Una decisión que, según Nogueroles, se tomó a instancias de un patrono, Fernando Suárez, último ministro del franquismo con vida, «que contaba con el respaldo del Gobierno», entonces del PP.

Semanas más tarde, el presidente de esa Junta, Íñigo de Arteaga y Martín, duque del Infantado, dejó sin efecto el nombramiento a petición de un centenar de excolegiales por supuestas irregularidades. La Junta nunca lo aprobó, e incluso destituyó al Rector nombrado «por si tuviese algún viso de validez». El entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, decidió seguir adelante con la designación de Martínez y pidió al Rey que sancionara un Real Decreto que no pasó por el Consejo de Ministros. Margallo respaldó su decisión con un informe de la Abogacía del Estado e incluso expidió un certificado europeo para exigir la aplicación del Real Decreto en Italia cuando actuaba como ministro en funciones. 

La salida del PP del Gobierno no acabó con la pugna. El nombramiento de Martínez se trató en un Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez en marzo de 2019. Un antiguo alumno pidió anular el Real Decreto de Margallo, pero la solicitud fue inadmitida. Para intentar zanjar el asunto, el Ministerio de Exteriores elevó en octubre de 2019 una consulta al Consejo de Estado sobre el procedimiento a aplicar en la modificación de los estatutos del Colegio de España en Bolonia. El dictamen, aprobado por unanimidad el pasado febrero, sostiene que se trata de «una institución singular española, vinculada al Ministerio de Exteriores, de base originariamente privada», pero con características que la aproximan a una entidad pública, por lo que el Gobierno «tiene competencias para aprobar unos nuevos estatutos» que se ajusten a las «exigencias constitucionales». 

Becas femeninas

El informe nunca se hizo público y, según Nogueroles, «venía a allanar el camino para que el colegio pasara a manos del Estado». En su opinión, la sentencia del Supremo desacredita «el bochornoso dictamen del Consejo de Estado» y deja al descubierto «la obsesión» de algunas personas del Ministerio de Exteriores y de la Casa Real. «La sentencia del Supremo supone un alivio porque contradice un documento que se está usando como amenaza para intervenir el centro», reconoce Juan José Gutiérrez, a quien la Junta del Patronato, con el representante de Exteriores presente, nombró rector en 2017. Una labor que ejerce en una «situación precaria» por la tensión creada con el Gobierno, que tampoco reconoce a Iván Artega, hijo del difunto duque del Infantado, como legítimo representante del linaje Albornoz.

«El Colegio de España en Bolonia no es una institución educativa, sino una especie de colegio mayor que ofrece becas para cursar estudios de doctorado», insiste el excolegial Ramón Gutiérrez. En su opinión, el Tribunal Constitucional avaló en 2018 la educación diferenciada por sexos, algo que ya no ocurre en esta institución medieval, que lleva dos años convocando las becas Santa Catalina para mujeres, que en más de seis siglos nunca habían tenido la oportunidad de formar parte del colegio. Para ello, hace unos años el centro compró un edificio cercano a la sede principal de Bolonia, por donde han pasado personajes como el conde de Romanones, Antonio de Nebrija o Leandro Fernández de Moratín. Este curso se van a financiar 31 ayudas para doctorandos. Diez de ellas irán destinadas a mujeres que iniciarán su estancia en enero.