La juez rechaza imputar a Esperanza Aguirre por malversación en el Hospital Puerta de Hierro
La magistrada rechaza la petición efectuada por la Fiscalía de imputar por presuntos delitos prevaricación y malversación a la expresidenta madrileña
Esperanza Aguirre en una fotografía de archivo. | Europa Press
El Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid ha rechazado llamar a declarar como investigados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y al que fuera su Consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en la causa que se sigue por la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en 2008.
Así consta en un auto dictado por la juez Mónica Aguirre, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que la magistrada rechaza la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción de imputar por presuntos delitos prevaricación y malversación a la expresidenta madrileña y a su exconsejero de Sanidad.
En un escrito fechado el 10 de noviembre, el Ministerio Fiscal había señalado que la reducción de camas llevada a cabo en el Hospital Puerta de Hierro se habría realizado sin procedimiento administrativo, por lo que, a su juicio, presumiblemente se causó un quebranto económico al erario público superior a los 10 millones de euros. Además de Aguirre, Anticorrupción solicitaba la imputación del ex consejero Juan José Güemes y de otros altos cargos, entre ellos la exviceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ana Sánchez Fernández .
Sin embargo, la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid entiende que el hecho de que fueran «los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad y del Órgano de Contratación en mayo de 2008 no justifica la atribución de la condición de investigados», según indica en el auto al que ha tenido acceso este diario, fechado el 17 de noviembre.
Reproche a la Fiscalía
Además, la juez reprocha a la Fiscalía no haber aportado la orden de la Dirección General de Infraestructuras, de 5 de mayo de 2008, por la cual las 135 habitaciones del Hospital pasaron de ser dobles a individuales y destaca que de la declaración prestada por la única persona investigada hasta el momento en la causa, Elena de Mingo, no se desprende que la resolución sobre la reducción de camas procediera directamente de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
«No ha lugar a la admisión y práctica de la diligencias propuestas por el Ministerio Fiscal en escrito presentado el 10 de noviembre de 2021 sobre la declaración como investigados de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de autos, Juan José Güemes Barrios, ex Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; y Ana Sánchez Fernández, ex Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid», señala el auto dictado por la juez.
Por el contrario, en el mismo auto, la magistrada Mónica Aguirre admite la diligencia propuesta por el Ministerio Fiscal de tomar declaración como investigado a Jesús Alejandro Vidart Anchia, ex Director General de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, quien tendrá que acudir a declarar el próximo 20 de diciembre.
Investigación abierta en 2020
En diciembre de 2020, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Elena De Mingo, la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro.
Las diligencias revelaron la existencia de indicios que permiten concluir, según la Fiscalía, «que prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda adjudicado por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005, a la agrupación de empresas formada por Dragados S. A., Bovis Lend Lease, S.A. y SUFI, S. A., que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda, S.A.».
Dicha modificación dio cumplimiento y ejecutividad a la Orden de Cambio 44 de 28 de mayo de 2008 en virtud de la cual 135 habitaciones del citado hospital de Majadahonda pasaron de ser dobles a individuales. Como sustento habilitante justificativo de dicho acuerdo se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de idéntica Dirección General dictada a requerimiento de «la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos, resolución que, tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no existió».
Según el fiscal, sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo, «se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos».
