Los informáticos de Podemos demandan al partido y alegan «mala fe» en su despido

Los informáticos despedidos el pasado 1 de agosto a través de una dura carta de Podemos han decidido contraatacar en los tribunales. En una de las demandas a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE se detallan las supuestas incongruencias de dicho cese y se pide al juez que declare el despido como «improcedente». Concretamente, se apunta a una presunta «mala fe» del partido morado y a un cese engañoso para ocultar otro tipo de estrategia. Fuentes conocedoras de esas demandas afirman que otros afectados han emprendido medidas legales. Hace un año, una carta anónima que circuló internamente describía un presunto «sistema de fraude» en las votaciones internas («No es un fraude de Podemos, es un fraude contra Podemos», rezaba). Entonces, en la dirección culparon a los informáticos de esa misiva.

El pasado mes de agosto, la cúpula del partido liderado ahora por Ione Belarra e Irene Montero envío una carta en la que se aludía a la falta de confianza en todo el equipo informático (formado por cinco técnicos) y problemas disciplinarios para justificar la acción legal. La formación apuntó que el sistema interno fue atacado desde fuera y culpó de negligencia a sus trabajadores. Alegó que se realizó una auditoría que determinó esos problemas, aunque internamente se difunde la sospecha de que la empresa externa pudo incluso haber manipulado parte del sistema.

Podemos culpó a sus informáticos de algunos agujeros en el sistema interno, que podía afectar al correcto desarrollo de sus votaciones internas. Sobre la mesa se hallaba una denuncia en La Rioja de pucherazo que, sin embargo, la juez acaba de archivar, si bien el fallo ha sido criticado por las partes afectadas porque la magistrada dio total credibilidad a los peritos de la defensa (que son miembros de Podemos), rechazando los argumentos de los demandantes y a su perito nombrado por el propio juzgado. 

«Pretexto» y «mala fe»

Ahora que este asunto está parcialmente zanjado (falta por ver si los afectados deciden recurrir el auto), queda por resolver la cuestión de los informáticos despedidos en agosto. Entre ellos se halla el perito que Podemos llamó a declarar en su defensa en La Rioja, pero que después de respaldar el sistema de primarias (del que era corresponsable) ha sido cesado de manera fulminante. 

Según ha podio saber este diario, ese informático se encuentra entre los que han demandado al partido por despido improcedente, aunque algunos afirman que ahora la cúpula morada está intentado readmitirlo para evitar incendios mayores. Con él o sin él, otros afectados han acudido a los jueces para dirimir el contencioso. 

En una de las demandas a las que ha tenido acceso este diario se alega la presunta «mala fe» de Podemos y que el cese fue un «pretexto» para ocultar otras necesidades. Entre ellas se esboza un posible caso de reducción de la plantilla para ahorrar dinero y el plan de externalizar este servicio para lo controle una empresa afín a los miembros de la cúpula morada.

«Fraude» en las primarias

Fuentes de Podemos argumentan que ese supuesto plan de externalización viene de lejos, cuando los vigilantes del cumplimiento normativo (los abogados José Manuel Cálvense y Mónica Carmona) fueron alejados, también de manera fulminante. De hecho, a finales de agosto de 2020 trascendió una carta anónima que se rebotó internamente en el partido y que explicaba un presunto «sistema de fraude» interno para maquillar el resultado de las consultas. La cúpula del partido culpó a los informáticos de dicha misiva, pero tuvo que frenar su operación por miedo a que filtraran información a la prensa.

Según el demandante, la «mala fe» del partido morado se halla en que Podemos, que tuvo sobre su mesa un informe con todos los fallos internos desde mayo de 2020, esperó más de un año para utilizarlo contra sus trabajadores. La auditoría externa, de hecho, se contrató para individuar los fallos del sistema interno, pero el partido morado esperó más de un año para vincular dichos problemas con sus informáticos, sin antes avisarlos de los problemas ni pedir resolverlos cuanto antes. 

Indemnización

La acusación de Podemos, además, es calificada de «genérica», puesto que no se distingue entre las tareas de cada uno de los miembros del equipo informático. Máxime porque los responsables del sistema de seguridad fueron hasta finales de 2019 el abogado Calvente (despedido y luego indemnizado por un caso falso de acoso) y después Rocío Val, quien ejerce también de gerente del partido. Val resulta involucrada, por otro lado, en el caso Neurona, la consultora contratada en Podemos y que el juez investiga por presunta malversación de caudales públicos. 

Los demandantes piden al juez que declare el despido «improcedente». Quieren que cite a las partes al acto de conciliación para lograr ser readmitidos en el puesto de trabajo o recibir una indemnización. La cuestión de los despidos y las indemnizaciones se está convirtiendo en una verdadera pesadilla para el partido morado, tal y como adelantó este diario. Según los cálculos internos, entre purgas y ceses de trabajadores del partido tanto en Madrid como en otras Comunidades Autónomas, la formación puede concluir el año con pagos de hasta 500.000 euros. Una cuantía muy importante para una formación con perspectivas electorales a la baja y malestar creciente entre sus propias filas.