Anticorrupción vuelve a la carga contra Aguirre por el Hospital Puerta de Hierro

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la reciente decisión del Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid de no imputar a Esperanza Aguirre y otros exaltos cargos de la Comunidad de Madrid en la causa que investiga si la drástica reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), en el año 2008, pudo suponer un quebranto económico al erario público superior a diez millones de euros. 

Según una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la juez Mónica Aguirre ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra el auto dictado el pasado 17 de noviembre. En él, la instructora de la causa rechazaba la petición de Anticorrupción de citar como investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación a la expresidenta madrileña y al que fuera su consejero de Sanidad, Juan José Güemes.

El recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción será elevado a la Audiencia Provincial de Madrid para su resolución junto a toda la documentación y los testimonios de particulares designados por las partes, según consta en la providencia del juzgado, fechada el 22 de noviembre. 

La Audiencia Provincial deberá decidir si ratifica la decisión de la juez de inadmitir la imputación de Aguirre o si por el contrario ordena a la magistrada incoar nuevas diligencias y practicar alguna investigación adicional, explican fuentes jurídicas. 

Presunto quebranto económico de diez millones

En un escrito fechado el pasado 10 de noviembre, el Ministerio Público había señalado que la reducción de camas llevada a cabo en 2008 en el Hospital Puerta de Hierro, convirtiendo en individuales 135 habitaciones dobles, se habría realizado sin cumplir con los procedimientos administrativos necesarios y causó un quebranto económico al erario público superior a los diez millones de euros.

Además de Esperanza Aguirre, Anticorrupción solicitaba la imputación de Güemes y de otros altos cargos como la exviceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ana Sánchez Fernández. 

Sin embargo, la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid entiende que el hecho de que fueran «los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad y del Órgano de Contratación en mayo de 2008 no justifica la atribución de la condición de investigados», según indicaba en su auto del 17 de noviembre.

Además, la juez reprochaba a la Fiscalía no haber aportado la orden de la Dirección General de Infraestructuras, de 5 de mayo de 2008, por la cual las 135 habitaciones del Hospital pasaron de ser dobles a individuales. Y destacaba que de la declaración prestada por la única persona investigada hasta ese momento en la causa, Elena de Mingo, no se desprende que la resolución sobre la reducción de camas procediera directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

En el mismo auto, la magistrada Mónica Aguirre admitía la diligencia propuesta por el Ministerio Fiscal de tomar declaración como investigado a Jesús Alejandro Vidart Anchia, ex director general de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, quien tendrá que acudir a declarar el próximo 20 de diciembre.

Un año de investigación

En diciembre de 2020, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Elena De Mingo, la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro.

Según el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, las diligencias revelaron la existencia de indicios de «que prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda adjudicado por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005, a la agrupación de empresas formada por Dragados S. A., Bovis Lend Lease, S.A. y SUFI, S. A., que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda, S.A.».

Dicha modificación dio cumplimiento y ejecutividad, según Anticorrupción, a la Orden de Cambio 44 del 28 de mayo de 2008 en virtud de la cual 135 habitaciones del citado hospital de Majadahonda pasaron de ser dobles a individuales. Como sustento habilitante justificativo de dicho acuerdo, según la Fiscalía, se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de idéntica Dirección General dictada a requerimiento de «la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos, resolución que, tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no existió».

Según el fiscal, sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo, «se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos».