Un mail enviado por error reaviva la guerra judicial entre el fondo Portobello y sus socios en Vivanta

Un correo electrónico enviado por error ha reavivado la guerra que libran en los juzgados de Madrid el fondo de inversión Portobello y los socios minoritarios de su negocio dental, Grupo Vivanta. El Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid investiga el contenido del e-mail, cuya documentación adjunta presuntamente demostraría que la firma de private equity dirigida por Íñigo Sánchez-Asiaín llevó a cabo una contabilidad paralela para reducir ingresos y eludir pagos.

La nueva prueba ha sido aportada y depositada ante notario por D.M., que se querelló contra el fondo por presuntos delitos de falsedad documental y estafa, y quien a su vez ha sido denunciado por presunta «extorsión» por Portobello, según consta en diversos escritos judiciales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. A la luz de las nuevas evidencias en esta causa, la Fiscalía Provincial de Madrid ha apoyado investigar la supuesta «manipulación de los balances con el objeto de no abonar» al denunciante el precio que se había acordado por la compra venta de una clínica dental a Vivanta, según adelantó el diario El Mundo.

Una investigación que podría complicar aún más la convulsa aventura dental de Portobello. La firma se enfrenta a dos causas abiertas por vía penal y un juicio por lo mercantil, pendiente de sentencia, en las que figuran como investigados la propia firma de capital riesgo y varios de los integrantes de su cúpula directiva. Una batalla jurídica que fuentes de Portobello consultadas por este diario enmarcan «en una campaña orquestada para desprestigiar» a la firma de private equity, que gestiona 1.500 millones de euros en activos.

Corría el año 2017 cuando el fondo Portobello Capital creó el Grupo Vivanta con el objetivo de convertirlo en el mayor grupo de clínicas odontológicas de España. Sin embargo, aquella aventura dental se ha convertido en un dolor de muelas para la firma. Sus socios minoritarios -desde franquicias a dentistas- comenzaron una guerra judicial que no cesa en los juzgados madrileños desde 2019. Ese año, Vivanta registró 20,13 millones de euros en pérdidas, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por THE OBJECTIVE a través de la herramienta Insight View. 

Para conformar Vivanta, Portobello creó la sociedad matriz Grupo Hospitalario Europeo, a la se sumaron como accionistas minoritarios muchos de los propietarios de las clínicas odontológicas que compró a través de Cartera Vivanta SLU, el vehículo inversor único utilizado para adquirir las franquicias que pasaron a formar parte de Vivanta, como Grupo Laser 2000, Unidental, Grupo Clínico Doctor Senís, Anaga o Avandent. 

En los contratos para la adquisición de las sociedades que pasaron a formar parte de Vivanta, parte de los pagos de la compra venta quedaban sujetos a que durante el siguiente año las clínicas compradas a los querellantes alcanzaran unos resultados de Ebitda determinados. 

La documentación aportada por D.M. al Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid demostraría que la clínica dental del querellante registró en 2018 unos ingresos reales de 492.884 euros frente a los 320.000 euros declarados por Vivanta para eludir los pagos pendientes por la compra venta de la clínica. Así aflora en los documentos contenidos en un correo electrónico que un trabajador de Portobello envió por error al querellante.

La firma de private equity, que rechaza las acusaciones, presentó en julio ante los juzgados de plaza de Castilla una denuncia donde acusa de un delito de extorsión a D.M. Afirma que exigió aproximadamente 80.000 euros a cambio de retirar su querella y no difundir las pruebas obtenidas en el correo que le envió por error el extrabajador de Portobello. En el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso este diario, Portobello incorpora una batería de e-mails intercambiados entre D.M. y responsables del fondo. El demandado asegura que la cantidad reclamada, 77.000 euros, era la que Portobello le debe por la compra de su clínica.

Otras causas penales

La aparición de las nuevas pruebas presentadas por D.M. ha hecho que se solicite la reapertura del expediente de otra querella que el mismo Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid y la Audiencia Provincial habían archivado a finales de octubre. Se trata de la demanda interpuesta por José Ignacio Martínez, propietario de 17 clínicas de Unident adquiridas en 2017 por Vivanta, que también acusaba de presuntos delitos de estafa, falsificación en documento mercantil y administración desleal a directivos de Portobello.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid  considera que no aprecia mala fe por parte del fondo de capital riesgo y que no «orquestó» engaño alguno en la firma de los contratos por los que adquiría esas clínicas. No obstante, Martínez ha pedido que se vuelva a abrir su expediente y que se incorporen las pruebas aportadas por D.M., según fuentes jurídicas.

Desde Portobello se muestran convencidos de que las causas abiertas terminarán archivadas, como ya ha ocurrido con varias querellas anteriores

La otra causa penal abierta contra Portobello por uno de sus socios en Vivanta, adelantada por este diario, está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Número 21 de Madrid. El juez Juan Ramón Reig tomó declaración el pasado 8 de noviembre a los consejeros de Portobello Sánchez-Asiaín, Carlos Dolz Espejo, Juan Luis Ramírez Belaustegui y Ramón Cedeira, por la querella penal presentada por un dentista de Valencia y socio minoritario de Vivanta que acusa a los mencionados consejeros y a la propia firma de un presunto delito de estafa.

El querellante, según la demanda a la que ha tenido acceso este diario, cifra en 261.740,37 euros el supuesto perjuicio patrimonial sufrido por el deterioro del valor de las acciones que adquirió de Grupo Hospitalario Europeo tras vender a Vivanta cuatro clínicas odontológicas en Valencia. 

En el proceso de adquisición de sociedades odontológicas por parte de Portobello, los vendedores de las clínicas dentales se reservaban el derecho a participar en la Newco creada (Vivanta) con una reinversión de entre el 10% y el 20% del valor de venta. Según el querellante de Valencia, Portobello nunca le informó que las acciones que adquirió por el mencionado importe de 261.740,37 euros estaban pignoradas. Una acusación que los directivos de la firma de capital riesgo negaron ante el magistrado cuando les tomó declaración, según fuentes jurídicas.

Dos juicios por lo mercantil

Además, el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid celebró en octubre un juicio por responsabilidad social, a la espera de sentencia, impulsado por otro socio minoritario de Vivanta contra exdirectivos del fondo de inversión Portobello por el presunto perjuicio económico provocado al comprar el Grupo Vera Dental por un supuesto sobreprecio de 6,2 millones de euros.

Meses antes, en julio de 2021, el juzgado mercantil número 12 de Madrid dictó una sentencia por la que declaró nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros con la que Portobello diluyó a los accionistas minoritarios de Vivanta. La magistrada Ana María Gallego dio la razón en este caso a Manuel de la Peña, expropietario del Grupo Vera Dental, quien llegó a controlar un 10% de las acciones de Grupo Hospitalario Europeo. 

La juez consideró que esa ampliación de capital efectuada en 2019 causó un perjuicio económico a los inversores de Grupo Hospitalario Europeo, matriz de Vivanta. Sin embargo, la sentencia no es firme debido a que se encuentra recurrida en apelación, según resaltan fuentes de Portobello consultadas por este diario.

Las victorias judiciales de Portobello

A pesar de los frentes judiciales abiertos, desde Portobello se muestran convencidos de que las causas abiertas terminarán archivadas, como ya ha ocurrido con varias denuncias anteriores. Las fuentes de la firma de capital riesgo recuerdan que la Justicia ya ha archivado tres querellas penales interpuestas por Manuel de la Peña, presidente de los accionistas minoritarios, contra directivos de Portobello. 

Además, la firma de capital riesgo ganó contra De la Peña en 2018 un laudo arbitral ante la Corte Civil Mercantil de Arbitraje (CIMA) por la «apropiación» por parte del expropietario de Grupo Vera del incentivo económico de los directivos de Vivanta, su consejero delegado y su director finanaciero. 

El laudo estimó en su integridad la petición de Vivanta y obligó a De la Peña a transmitir el incentivo a los afectados. La propia Vivanta ejerció la llamada acción social de responsabilidad contra De la Peña por no justificar gastos por importe de 50.000 euros, usar tarjetas de crédito de la compañía para gastos particulares y ocultar información contractual relevante que ocasionó un perjuicio económico al Grupo Vivanta. Todo esto supuso el cese como presidente de Grupo Hospitalario Europeo del expropietario de Grupo Vera.

El pasado mes de febrero, Vivanta remodeló su accionariado dando entrada al fondo especializado en deuda Ares Management y al banco francés BN Paribas, que capitalizaron la deuda del grupo y pasaron a controlar, respectivamente, un 76% y un 8% del grupo dental. Portobello, que aún conserva el 15%, presentó entonces un plan de negocio para elevar un 30% la facturación de 2019 durante los próximos tres años, hasta los 200 millones de euros en 2024, según adelantó Expansión.