Un juez venezolano alerta: «El chavismo ha convertido Madrid en un paraíso para lavar su dinero»

Rafael Ortega Matos llegó a Madrid en mayo del año 2019. Es uno de los 33 magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, pero perseguido por el chavismo. Nombrados y juramentados por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, en julio de 2017 tuvieron que huir para evitar ser arrestados por el servicio de inteligencia bolivariano, el SEBIN. 

Tras dos años de asilo humanitario en Madrid junto a su familia, en conversación con THE OBJECTIVE, Ortega Matos denuncia que el chavismo está utilizando España para blanquear dinero mediante una red de testaferros, militares y familiares de altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro. Y aunque reconoce la «encomiable profesionalidad» de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los jueces que mantienen abiertas diferentes causas contra el blanqueo chavista, pide seriedad al Gobierno en esta materia: «No pueden permitir que Madrid acabe siendo un paraíso para el dinero chavista».

«El chavismo usa España para blanquear dinero y Madrid se ha convertido en uno de los principales centros utilizados para lavarlo», señala Ortega Matos. «Son muchos los que están aquí. Unos son hijos o familiares de políticos, otros son militares, pero todos actúan como testaferros. Compran inmuebles y locales que convierten en restaurantes o negocios con los que llevan a cabo las operaciones de blanqueo», añade el magistrado.

Pone como ejemplo de la «corrupción chavista» en España distintas causas publicadas en los medios, como el escándalo del Delcygate o las investigaciones que desarrolla el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal de Podemos. Pero añade que, además de maletines introducidos en España a través de la valija diplomática, los supuestos testaferros del chavismo en España estarían empleando ahora sistemas virtuales de pago, como las criptomonedas, para traer el dinero a España. «Nadie puede esconder en su casa 100 millones de euros en maletines», apunta Ortega Matos.

Además de las investigaciones mencionadas anteriormente, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón mantiene tres piezas abiertas en la causa sobre el presunto blanqueo en España de fondos procedentes del saqueo de la petrolera venezolona PDVSA, en la que aparecen como investigados dos exviceministros chavistas, Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, entre otros.

«Hay que darles un voto de confianza para que otros jueces vean que España necesita salir de esa corrupción chavista que está penetrando cada vez más», asevera el magistrado. «La Policía española está muy preparada y tiene ganas de meter el guante en esto. Pero hace falta un Gobierno serio. Esto tiene que estallar en algún momento. También hay generales chavistas que están participando en este entramado», concluye.

Un Tribunal Supremo en el exilio

Ortega Matos es uno de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela juramentados en 2017 por la Asamblea Nacional de mayoría opositora para reemplazar a los jueces que habían sido impuestos por el régimen de Maduro en 2015 en el alto tribunal a pesar de la victoria de la oposición en las urnas.

Se vieron obligados a huir para evitar su detención y desde entonces, amparándose en la Jurisdicción universal, actúan como Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, analizan denuncias y dictan sentencias, como la que en 2018 condenó a Maduro a resarcir los 35.000 millones de dólares que presuntamente se malversaron a través de contratos nunca ejecutados con la constructora Odebrecht.

Están repartidos por cinco países distintos (Estados Unidos, Chile, Colombia, Panamá y España) y se reúnen por vía telemática de forma ordinaria cada quince días. Ortega Matos es uno de los dos magistrados que actualmente residen en España y forma parte de la Sala de Casación Social del TSJ en el exilio.

La Sala electoral de esa corte en el exilio ha emitido tres resoluciones recientemente en las que tacha de «estafa electoral» los recientes comicios legislativos celebrados en Venezuela el pasado 21 de noviembre y pide a la comunidad internacional desconocer el resultado de esas elecciones, además de pedir su nulidad.