En la casa de Juana Rivas
«Siempre que el Gobierno debe optar por la prudencia, escoge la propaganda»
Cuando en julio de 2017 desapareció con sus hijos, Juana Rivas estaba en la casa de todos. Nadie dudó de su palabra cuando acusó al padre de los niños de haberlos maltratado. Políticos y medios demandaron comprensión para una señora que había secuestrado a unos menores de edad con el fin de protegerlos de su expareja. Hasta el mismísimo Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno, pidió ponerse en el lugar de la madre, mientras el padre pedía en el juzgado medidas urgentes para proteger a los críos.
En España siempre hemos sido mucho de sentenciar desde nuestros sofás sin necesidad de juicio previo, si bien ahora las condenas no sólo dimanan de los medios sino también de las instituciones ajenas al poder judicial. Presidentes, ministros, secretarios de Estado, directores generales y otros muchos cargos públicos que adjudican culpabilidades desde sus despachos enmoquetados por mera conveniencia ideológica y con total desprecio de los hechos y de la verdad. Cargos públicos que declararon a Juana inocente y al padre de sus hijos, culpable.
Juana sintió el abrazo desde millones de hogares, personas que le ofrecían su techo aun cuando nadie sabía a ciencia cierta qué es lo que había pasado en la casa de Juana. Pero la realidad no entiende de consensos políticos ni mediáticos y se niega a ser soslayada por los politólogos de turno que pretenden diseñar las líneas maestras de lo que es aceptable en la vida pública invocando ventanas de Overton. La verdad siempre se acaba abriendo paso: a veces como un alud que engulle todo a su paso, otras en forma de incesante goteo que termina anegando opiniones interesadas y mentiras.
Y tal que así ha sucedido en el caso de Juana Rivas. El muro feminista que los ideólogos del victimismo identitario construyeron en torno a ella se ha ido desmoronando ladrillo a ladrillo. Primero supimos que la sentencia de maltrato del Sr. Arcuri se dictó en conformidad, sin juicio ni práctica de prueba, y que en su origen existió una agresión mutua con partes de lesiones de ambos (las sufridas por él objetivamente más graves). También que él renunció a la acción penal planteada contra Juana y que aceptó la pena pactada para poner fin al asunto y retomar su vida junto a ella y los críos.
Después Juana fue condenada en España por un delito de sustracción de menores. Entre tanto, la justicia italiana archivó todas las denuncias por malos tratos interpuestas por Juana contra Francesco. Hasta ocho, ni más ni menos. El magistrado las consideró inverosímiles, inexistentes, carentes de pruebas e, incluso llegó a declarar que Rivas usaba a sus hijos como escudos humanos.
Pues a pesar de que una resolución judicial constató que la otrora mártir estaba instrumentalizando a sus hijos para hacer daño al padre de éstos, el Gobierno tramitó y aprobó el indulto de Juana Rivas por haber secuestrado a los niños, constatando así que la perspectiva de género consiste, en última instancia, en una impunidad por razón de sexo. Argumentaron que lo hacían por el bien de los menores, a los que la entrada en prisión de la madre podría causar un perjuicio. Hasta la reintegraron en la patria potestad. La izquierda actuó como si lo manifestado por la justicia italiana sobre la forma en la que Rivas utilizó a sus hijos como una herramienta para hacer daño a su ex jamás hubiera existido. Ay, el interés superior del menor convertido en un trapo con el que limpiar conciencias a conveniencia.
Pero ayer todo cambió y los pocos bloques que habían cimentado el muro de mentiras en torno a Juana se vinieron abajo: se hizo público el auto del juez de Granada negándose a suspender la pena de prisión tras la concesión del indulto parcial a Juana por considerar, en resumidas cuentas, que ella no reúne las condiciones necesarias para retomar la relación con sus hijos. Para fundamentar su decisión, el juzgador no sólo alude a la falta de arrepentimiento de Juana, sino que deja constancia de la existencia en el procedimiento de evidencias espeluznantes sobre un hecho que se había ocultado a la opinión publica: el presunto abuso sexual a uno de los pequeños mientras estaba al cuidado de su madre. Menciona informes del pediatra, del forense y la propia declaración del niño. También confirma que se tuvo que sobreseer el asunto al no poder determinarse su autor porque, al poco de constatarse estos luctuosos hechos (cuando la presencia del menor era esencial para la investigación) la madre sustrajo a los niños y se ocultó con ellos.
De pronto, quienes no habían tenido a bien mencionar que esta señora ha utilizado a los críos como arma arrojadiza en el contencioso contra su expareja, pusieron el grito en el cielo por el bienestar de los menores, amén de acusar al poder judicial en general, y a este juez en particular, de misógino, machista, de violencia institucional o de difundir fake news. Muchos de ellos cargos públicos, por cierto. Hay que reconocerles que sus argumentos siempre les permiten colocarse en una posición ganadora – la llamada estrategia del win win – porque si el juez hubiera rechazado suspender la ejecución de la pena sin fundamentar su decisión en cuestiones de fondo (el motivo por el que considera que la ejecución de la pena es necesaria para evitar la comisión de futuros delitos), le hubieran acusado de lo mismo de lo que le acusan por haberlo hecho. Si lo explicas porque lo explicas, y si no, porque no lo haces. Y todo ello al margen de los debates jurídicos sobre la idoneidad del lenguaje o expresiones empleadas por el juez.
También de pronto pareció preocuparles muchísimo la presunción de inocencia, algo de lo que me congratulo en vista del nulo interés y respeto que les ha suscitado la del padre durante todo este largo proceso. Pero me permito tranquilizarles, ya que el juez Piñar no señala a Juana como responsable de delito alguno, ni mucho menos del de abusar sexualmente de uno de sus hijos: se limita a constatar que el hecho de que se hubiera podido producir un delito tan grave del que fuera víctima su hijo, entonces un bebé, mientras estaba a su cuidado – y que además no pudo investigarse por una conducta activa de la madre – le impide suspender la pena de prisión para que Juana vuelva a estar a cargo de los pequeños.
A los que la decisión del juez les parece una barbaridad o una aberración yo les digo que se tranquilicen, porque es una manifestación de la mínima prudencia exigible en un caso tan delicado. La misma que, por cierto, debiera de haber exhibido el Gobierno antes de firmar el indulto a Juana Rivas. Porque tenían constancia de todo ello, claro que la tenían. El tema hasta se llegó a publicar en algún medio antes de que tuvieran que eliminar la noticia por orden judicial.
Pero al igual que sucedió con la manifestación feminista del 8-M o con la agresión homófoba simulada de Malasaña, siempre que el Ejecutivo debió optar por la prudencia, escogió la propaganda. Porque Juana Rivas no es para ellos más que un eslogan publicitario de sus dogmas ideológicos que han explotado a costa del bienestar de sus hijos. Todos los que intervinieron en esta obscena patraña deberían dimitir.