Una juez prohibió informar de la agresión sexual sufrida por el hijo de Juana Rivas en 2017

La magistrada María Ángeles Jiménez Muñoz, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada, apercibió en septiembre de 2017 a Francesco Arcuri y «especialmente a Juana Rivas» para que se abstuviesen de airear en los medios de comunicación detalles relacionados con las diligencias que se practicaban entonces para esclarecer si uno de los hijos de ambos había sufrido una agresión sexual; un incidente revelado ahora por el juez Manuel Piñar para justificar su rechazo a dejar en libertad a Juana Rivas pese a haber sido indultada parcialmente por el Gobierno.

Lo hizo tras recibir un dictamen de la Fiscalía y a petición de los abogados de Arcuri, el 26 de septiembre de aquel año, después de que Juana Rivas y uno de sus abogados apareciesen en dos programas de televisión «vulnerando el derecho a la intimidad de los menores» al revelar aspectos particularmente delicados sobre sus hijos, entre ellos que el Juzgado estaba investigando una presunta agresión sexual a uno de los niños.

En un auto, la juez Jiménez Muñoz se refería concretamente a una entrevista ofrecida por Juana Rivas en El programa de Ana Rosa el 6 de septiembre de ese año y a una aparición en Espejo Público de su abogado el 12 de septiembre. También a un reportaje publicado en la web de la revista Interviú -titulado Juana Rivas: el otro sumario– en el que se contaban los detalles de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, la Fiscalía de Menores y la Junta de Andalucía, entre abril y agosto de 2017, para esclarecer la presunta agresión referida por el menor mientras estaba bajo custodia de Juana Rivas.

«Evidentemente, no puede esta instructora sino acordar todas y cada una de las medidas interesadas por el Ministerio Público habida cuenta de que todas las partes procesales que concurren en este procedimiento tienen el deber primero y último de preservar a los menores», indicaba la magistrada en alusión al dictamen presentado por la Fiscalía. «Llama poderosamente la atención que precisamente sea la señora Rivas quien de forma continuada y permanente, con su asistencia a los programas televisivos ya indicados de carácter nacional, esté hablando de sus hijos menores. Y, en su caso, el propio letrado que la representa», añadía la juez.

Ordenó retirar un reportaje sobre la investigación

En el escrito, la juez Jiménez Muñoz requirió «de forma inmediata» y «bajo los apercibimientos legales correspondientes» a Arcuri y a Rivas, así como a los procuradores y letrados de ambos, que se abstuvieran «de hacer pública en medios de comunicación o en redes sociales cualquier noticia que permita identificar, aunque sea indirectamente, a sus hijos en el contexto de la guarda y custodia, vida intima personal o familiar y en relación con los delitos que aquí se investigan o pudieran investigarse». 

Además, solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que requiriese a Interviú la retirada inmediata del reportaje sobre la agresión sufrida por uno de los menores y que advirtiese a las plataformas audiovisuales que se abstuviesen de «publicar informaciones en las que puedan quedar afectados los derechos a la intimidad personal, familiar, honor y propia imagen de los hijos». 

La juez instructora recordaba que uno de los límites constitucionales a la libertad de expresión es, precisamente, la protección de los niños. Asimismo, se refería a Ley General de Comunicación Audiovisual, según la cual «está prohibida la difusión del nombre, la imagen y otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos o emisiones que discutan su tutela o filiación».

La juez instructora recordaba que uno de los límites constitucionales a la libertad de expresión es, precisamente, la protección de los niños

Añadía que el propio Tribunal Constitucional ha reiterado que los supuestos en los que están implicados menores de edad representan «un límite infranqueable tanto a la libertad de expresión como al derecho fundamental a comunicar libremente información veraz, sin que la supuesta veracidad de lo revelado exonere al medio de comunicación de responsabilidad por la intromisión en la vida privada de los menores».

A pesar de que tanto la Fiscalía como la Junta de Andalucía investigaban estos hechos, la entonces presidenta autonómica Susana Díaz y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, entre otras figuras políticas, hicieron manifestaciones públicas en apoyo de Juana Rivas durante el verano de 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, quien a su vez fue condenado en 2009 por lesionarla y al que ella había vuelto a denunciar por maltrato en 2016.

Finalmente fue condenada en 2018 por un delito de sustracción de menores a dos años y medio de prisión y seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad. El pasado 16 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez indultó parcialmente a Juana Rivas pocos días después de que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazase por unanimidad apoyar la concesión del indulto total. Con esta medida de gracia se rebajó la pena de prisión a un año y tres meses, y los seis años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad fueron conmutados por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

Las nuevas revelaciones del juez

No se publicó ninguna información más sobre la investigación sobre la presunta agresión sexual sufrida por el menor hasta que este viernes se conoció el auto del titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Granada, Manuel Piñar, en el que se opone a suspender la pena de prisión impuesta a Juana Rivas porque podría representar un «grave peligro para sus hijos». El juez reveló que según ratificaron en su momento un pediatra y un forense, el menor sufrió un presunto abuso sexual estando Rivas al cuidado de sus hijos. De acuerdo al relato del magistrado, Rivas dificultó la investigación al ocultar a sus hijos durante el verano de 2017 para no entregarlos al padre y la causa se archivó al no haberse podido determinar «el autor de la brutal agresión padecida por el menor».

«Si un menor está bajo la guarda y custodia de un progenitor y es víctima de unos presuntos abusos sexuales, en la máxima extensión del término, y en este punto las imágenes que han llegado a la causa son espeluznantes, hay indicios de presunta negligencia por desatención de la obligación de velar por él, de modo que, permitirle la libre deambulación con el niño puede suponer ponerle en disposición de un grave peligro para él», asegura el juez. «El interés y seguridad de los menores, según los datos que obran en la causa, aconsejan que la madre no tenga plena libertad para moverse con ellos, contrariamente a lo que opina la defensa y el fiscal por imposición de la Fiscalía General del Estado».

Según desvela el auto del juez Piñar, cuando uno de los hijos fue víctima de abusos bajo la custodia de Juana Rivas, «fue en el colegio del menor donde tomaron la decisión de llevarlo al médico. Ni siquiera la madre es quien lo hace. Tampoco consta que denunciara ese hecho como es de esperar de una madre normal». En este sentido, según consta en el folio 1022 de la causa, un forense acreditó el 11 de abril de 2017 que «no se puede descartar que el menor haya sido objeto de una agresión sexual». Y en el folio 3130 consta una exploración médica al menor donde se recoge que «el niño refiere que alguien le ha hecho daño», añade el escrito del magistrado.

Critica el indulto del Gobierno

En el auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez es particularmente crítico con la decisión del Gobierno de indultar parcialmente a Rivas: «Este juzgado ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación. Sobre este hecho se ha echado tierra encima y se ha soslayado su trascendencia, bajo la apariencia de ser la penada una víctima de un maltratador, cuando después de la única condena habida, se reconcilia, concibe otro hijo sin que haya habido ningún episodio acreditado de maltrato».

«Con toda la contemplación mediática de maltratada, se ha interpuesto una cortina de humo que oculta un presunto grave delito de abuso a un menor, y siempre quedará un margen acerca de si la madre hizo todo lo que pudo para descubrir ese delito, porque se supone que debía saber dónde estuvo el niño cuando pudo ser abusado, las personas que pudieron tener acceso a él y, por tanto, el círculo de posibles autores», relata el auto del juez, firmado el 9 de diciembre.

Por su parte, el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, anunció que presentará una querella contra el juez Manuel Piñar por posible prevaricación judicial y calumnias al acusarla de permitir posibles abusos sexuales contra sus hijos. A través de un comunicado, Aránguez ha lamentado que el juez Piñar haya basado su decisión de mantener encarcelada a Rivas en lo que considera «tres mentiras»: falta de arrepentimiento, que intentara repetir su conducta en Italia y que represente un peligro para sus hijos.